El Gobierno eliminó la obligatoriedad de un aporte que los comercios y PyMEs debían realizar a las cámaras empresariales, lo cual generó un debate sobre el impacto en el sector. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PyME Argentina.
El decreto pone fin a un aporte obligatorio del 0,5% del salario de cada trabajador del sector comercial, equivalente a aproximadamente $7.000 por empleado. Este fondo, que alcanzaba los $6.000 millones mensuales, se destinaba al Instituto de Capacitación (INACAP), administrado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Cuál es la queja de las empresas
Para Mauro González, estos recursos se manejaban de manera discrecional sin una contraprestación clara. “Muchas empresas aportaban grandes sumas sin recibir ningún beneficio concreto en términos de capacitación”, señaló.
Con esta modificación, cada comercio decidirá si desea seguir realizando el aporte. González comparó la medida con la intención del Gobierno de eliminar los aportes sindicales obligatorios para los trabajadores no afiliados. “Hoy se convierte en un costo laboral más. Hacerlo voluntario es razonable, porque quien acceda a capacitaciones debe ser quien lo financie”, explicó.
Las próximas medidas que se le exigen al Gobierno
Desde la Confederación Federal PyME Argentina consideran que este es un primer paso, pero insisten en que el Gobierno debe avanzar en una política más profunda de reducción de impuestos y aranceles para fomentar la reactivación económica. “La baja de tasas de interés para el sector productivo es clave; hoy los costos financieros son altísimos y afectan la actividad”, sostuvo el entrevistado.
Denuncias por desvíos de fondos
González también denunció el mal uso de estos fondos, muchas cámaras adheridas a CAME nunca recibieron recursos de capacitación. “Hemos presentado una denuncia ante la Inspección General de Justicia y el Ministerio de Capital Humano porque tenemos pruebas de que estos fondos fueron desviados a otras actividades”, afirmó.
La denuncia, presentada en septiembre de 2023, apunta contra CAME por la falta de transparencia en la administración de los aportes. “El Gobierno debe tomar cartas en el asunto si realmente quiere combatir la corrupción”, enfatizó.
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