El proceso de eliminación de subsidios a la energía eléctrica continúa en Argentina, un esquema que, según Walter Martello, ex-interventor del ENRE, en diálogo con Canal E “podría tener consecuencias negativas para los hogares, especialmente en un contexto económico ya complicado”.
La reducción de subsidios y su impacto en los hogares
En los últimos meses, los usuarios de energía eléctrica en Argentina han experimentado una notable disminución de los subsidios. De un 78% de subsidios en enero, se pasó a un 60% en febrero de 2025, y se espera que en el futuro cercano el subsidio baje aún más, hasta llegar a un 40%. Sin embargo, Walter Martello advirtió sobre los efectos de esta reducción en las economías familiares.
"El gobierno está tomando decisiones para reducir el déficit fiscal, pero el impacto de estas políticas en las familias es fuerte", explicó. En este sentido, destacó que gran parte de la población no tiene la capacidad de afrontar el pago de tarifas plenas, debido a la actual crisis económica y salarial. De hecho, el entrevistado señaló que casi un 40% de los hogares en Argentina están luchando contra lo que se denomina "pobreza energética", lo que significa que una proporción significativa de sus ingresos se destina a pagar servicios públicos básicos.
El desafío de la pobreza energética
Martello remarcó que aunque la reducción de subsidios en los servicios públicos era necesaria, este proceso debería haber sido más gradual. “El gobierno parece haber optado por un enfoque de 'motosierra', que está perjudicando a muchas familias”, señaló.
En este sentido, subrayó que más del 10% de los ingresos de algunas familias se destinan al pago de la electricidad, lo cual las coloca en una situación vulnerable, especialmente en un contexto de recesión económica.
¿Las empresas mejoran sus inversiones?
A pesar de los aumentos tarifarios, las empresas distribuidoras de energía no están destinando los recursos suficientes a mejorar la infraestructura y la calidad del servicio.
Según Martello, aunque el dinero sigue fluyendo hacia las empresas, ya sea a través de las facturas pagadas por los usuarios o de los pagos directos del Estado, el servicio no ha mejorado. Durante este verano, por ejemplo, se registraron cortes de energía masivos en áreas como Lamba, Córdoba y Santa Fe, lo que demuestra que las empresas no están invirtiendo adecuadamente en la mejora de la red eléctrica.
"Las distribuidoras no están usando los fondos recaudados para las inversiones necesarias. Este verano vimos cortes de hasta 150,000 usuarios afectados, y eso es una señal clara de que las inversiones no están llegando", aseguró.
La revisión quinquenal de tarifas
Un tema clave que se está discutiendo actualmente es la revisión quinquenal tarifaria, que establece las pautas para los aumentos y la calidad del servicio en los próximos cinco años.
El entrevistado advirtió que las empresas distribuidoras pretenden, en muchos casos, trasladar ciertos costos a los usuarios, como los gastos medioambientales y las demandas judiciales. Además, algunas empresas proponen que el costo de las obras de infraestructura necesarias sea financiado por el Estado o por los propios usuarios, aún antes de que las obras se realicen.
“Si el ente de control no interviene, dentro de poco veremos nuevos aumentos tarifarios y un esquema tarifario que se mantendrá por los próximos cinco años, sin posibilidad de modificación”, advirtió Martello, quien enfatizó que esta situación podría dejar a muchos usuarios en una posición aún más complicada para afrontar las tarifas eléctricas.
El camino hacia un ajuste insostenible
Martello aseguró que, si bien la eliminación de subsidios es una medida necesaria para el equilibrio fiscal del país, el proceso debe ser manejado con mayor cautela para no agravar la situación de los hogares. Además, destacó la necesidad de un control más estricto sobre las empresas distribuidoras, que no están invirtiendo lo necesario para garantizar un servicio de calidad.
"Es esencial que el gobierno se enfoque en un esquema más gradual y que las empresas asuman su responsabilidad en la mejora del servicio. Si no, el ajuste terminará afectando aún más a los sectores más vulnerables", concluyó.
