Cuáles son las empresas que el Gobierno busca privatizar

La Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo que regula el mercado financiero en el país, anunció la aprobación de un régimen informativo especial diseñado para facilitar el proceso de privatización de las empresas públicas mediante la venta de las acciones que posee el Estado argentino en la bolsa.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Martín Simonetta quien explicó que en Argentina, existen numerosas empresas monopólicas, especialmente en el ámbito de las compras estatales a nivel provincial y municipal.

Cómo impactan las empresas en la vida de los ciudadanos

Según el entrevistado, este fenómeno está profundamente arraigado en las instituciones argentinas y tiene un impacto significativo en la vida de los ciudadanos.

Además, hace décadas, “esto era menos evidente debido a la limitada accesibilidad a la tecnología e Internet", explicó Simonetta y sostuvo que, sin embargo, “hoy estamos más cerca de que el ciudadano común pueda ver cómo se gastan sus impuestos, lo que es crucial en un contexto donde la transparencia es escasa, especialmente en provincias y municipios”.

En continuidad con el tema, el entrevistado mencionó que, “es fundamental analizar y contar con números claros sobre el gasto público” porque, más allá de los debates emocionales en defensa de las empresas públicas, “necesitamos conocer cuánto se gasta y cuánto se podría ahorrar”. Y siguió: “Muchas veces, la existencia de empresas públicas se acompaña de restricciones que limitan la competencia, lo que hace necesario revisar las normativas que perpetúan esta situación”.

Por qué la tecnología simplifica la transparencia estatal

En alusión a esta temática, Simonetta expuso que, gracias a la tecnología, es más sencillo implementar cambios que fomenten la transparencia porque desde los municipios más pequeños hasta el gobierno nacional, “hay normas que carecen de transparencia en la asignación de los recursos de los contribuyentes”.

Además, para el economista, el derecho codificado en América Latina puede facilitar la creación de normas más adecuadas, permitiendo mayor control y transparencia, “aunque en algunos casos también puede resultar en regulaciones diseñadas para beneficiar a ciertos competidores”. 

Y cerró: “Es esencial transparentar los precios de las compras públicas a todos los niveles y al hacerlo, se fortalecerá el control ciudadano sobre cómo se gestiona el dinero público”.