Las internas políticas dentro del Gobierno nacional siguen aflorando y el ministerio de Seguridad no queda exento. La periodista Luciana Bertoia informó en "Desde el Canil" —programa emitido por la pantalla de Bravo TV— que ahora las disputas intestinas generan chispazos al interior de un área sensible, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC).
¿La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “voló el fusible” de la represión del 12 de marzo debido a la información inexacta que generó instantes después de la represión y que la llevó a decir imprecisiones frente a la prensa?. Es una incógnita.
Bertoia contó que Bullrich desplazó durante las últimas horas al titular de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer Picado y designó en su lugar a Ramiro Anzit Guerrero, un abogado que hasta el momento se desempeñaba en Interpol. El flamante funcionario además trabajó en el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires junto a María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo.
Bertoia agregó que Anzit Guerrero es muy cercano a los diputados Gerardo Milman y Cristian Ritondo. "La Comisión Bicameral de Inteligencia está dispuesta a explotar la interna política existente entre Bullrich y Ritondo", aseguró la periodista.
Luego, completó: "El próximo martes a las 16 horas la Bicameral se reunirá para decidir si hace lugar a un pedido elevado por Unión por la Patria (UXP) por el que se busca la citación de Patricia Bullrich en el marco de la investigación sobre las responsabilidades en torno de la violenta represión de las fuerzas federales desplegada en la calle durante el 12 de marzo en inmediaciones del Congreso Nacional".
“Bullrich podría no asistir, pero Ferrer Picado, a quien acaban de remover, debería presentarse”, apuntó Bertoia, sugiriendo que la citación podría constituir una oportunidad para profundizar en las disputas internas del ministerio de Seguridad.
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Un aspecto clave en el asunto, según Bertoia, consiste en que la Bicameral de Inteligencia busca conocer los nombres propios de las organizaciones "revoltosas" que existen en la base de datos del ministerio de Seguridad cuya existencia fue habilitada por la implementación del protocolo antipiquetes. El registro depende de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
Tras los violentos enfrentamientos del 12 de marzo, el ministerio de Seguridad presentó una denuncia con un listado de más de 20 personas presuntamente vinculadas con organizaciones barrabravas. La Bicameral podría verificar si dicho listado proviene de la base de datos de organizaciones "revoltosas" o no.
LB / FPT
