Con miras a concretar avances investigativos respecto de la presencia de infiltrados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en las manifestaciones sociales, la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia citará a distintos funcionarios del Gobierno. El cuerpo del Senado indaga si existieron espías entre la multitud durante la marcha del 12 de marzo en inmediaciones del Congreso cuando, en ocasión de la tradicional movilización de los jubilados, se produjeron violentos enfrentamientos con un saldo de decenas de detenidos, heridos y destrozos.
Así lo informó la periodista Luciana Bertoia en la ronda informativa del programa "Desde el canil", emitido por la pantalla de Bravo TV. Bertoia mencionó que la Bicameral de Inteligencia citará a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Sergio Neiffert, titular de la SIDE y Ricardo Ferrer Picado, exdirector de Inteligencia Criminal, desplazado por la ministra semanas atrás.
Las citaciones fueron posibles gracias a la presentación de una nota elevada a la Bicameral de Inteligencia por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) donde la instó a que investigase la presencia de infiltrados de la SIDE, accionar que está vedado por ley, explicó la periodista. Asimismo, la Comisión Provincial por la Memoria presentó distintos informes donde denunció ante ese mismo cuerpo del Senado que existieron espías en un abrazo simbólico realizado a fines de diciembre de 2024 alrededor de la ex ESMA.
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Además de Bullrich, Neiffert y Ferrer Picado, serán citados los titulares del Servicio Penitenciario Federal. A estos últimos, la Bicameral los investiga por la posible comisión de tareas de Inteligencia entre los detenidos durante la represión del 12 de junio de 2024. En dicha ocasión, la movilización que protestó contra el tratamiento legislativo de la ley Bases también fue duramente reprimida. Existen denuncias efectuadas por tres de los treinta detenidos durante la jornada, quienes declararon que en prisión fueron interrogados respecto de sus inclinaciones políticas, accionar que también está prohibido por ley.
Esto abre una nueva línea de tensión entre el Gobierno y los organismos de control, y podría tener repercusiones tanto políticas como judiciales en caso de comprobarse un uso indebido del aparato de Inteligencia del Estado.
BR / FPT
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