En el programa "Bienvenidos al tren" de Bravo TV, el abogado Jonatan Baldivieso explicó que el Gobierno de Javier Milei retomó el plan de venta de tierras públicas iniciado durante la gestión de Mauricio Macri. Son 400 inmuebles en todo el país y 64 en la Ciudad de Buenos Aires, equivalentes a una superficie de ocho Plazas de Mayo. La mayoría pertenecen al Ejército (65%) y al sistema ferroviario (25%).
Dos terrenos clave saldrán a subasta entre noviembre y diciembre: uno en Retiro, donde años atrás se impulsó un proyecto para un hospital, y otro en Bajo Belgrano, zona ya tensionada por la habilitación de grandes torres y la pérdida de espacios verdes.
Baldivieso cuestionó que la desafectación de estos terrenos —la decisión de que el Estado ya no los necesita— se hace por decreto presidencial, sin intervención del Congreso, pese a que la Constitución exige su participación. Para el abogado, esto responde a un objetivo: impulsar proyectos de alto valor inmobiliario, incluso en barrios con necesidades sociales y ambientales urgentes.
Los principales beneficiarios históricos de estas ventas fueron IRSA, de Eduardo Elsztain, y otros grandes desarrolladores. En Buenos Aires, el avance de estos proyectos replica modelos de “barrios cerrados encubiertos”, como el caso de Costa Urbana, junto a la Reserva Ecológica, donde se autorizaron torres de hasta 145 metros.
Inmuebles ociosos, lavado y tierra como activo financiero
Según Baldivieso, solo el 3% de la población puede acceder a una vivienda en propiedad. Por eso, muchos inversores compran no para vivir, sino para resguardar o blanquear capital, en proyectos donde “entre el 40% y el 50% del dinero es no registrado”. Este mecanismo explica la proliferación de unidades vacías y la concentración de tierra urbana en pocas manos.
Varios de los terrenos que vuelven a subastarse ya tuvieron remates previos declarados desiertos, lo que permite al Estado bajar hasta un 10% el precio base en el siguiente llamado. Para Baldivieso, esto evidencia una estrategia para adquirir bienes públicos a menor valor. Una auditoría porteña también detectó subastas con un solo oferente, algo que debería invalidarlas para evitar “regalarle” tierra pública a privados.
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