El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su intención de utilizar al Ejército para llevar a cabo lo que prometió que será la mayor deportación masiva en la historia de EE.UU.
Trump escribió “¡¡¡CIERTO!!!” en su red social Truth Social el lunes temprano, respondiendo a una publicación de Tom Fitton, el presidente del grupo jurídico conservador Judicial Watch, quien dijo que, según informes, Trump estaba supuestamente “preparado para declarar una emergencia nacional y utilizará activos militares para revertir la invasión Biden a través de un programa de deportación masiva”.
Milei en Estados Unidos: luego de su publicitado encuentro con Trump, disertó frente a inversores
Durante la campaña electoral, Trump prometió asegurar la frontera entre EE.UU. y México con la finalización de la construcción de un muro y llevando a cabo una deportación masiva de inmigrantes indocumentados, incluso con la ayuda de agentes policiales locales o de la Guardia Nacional.
El equipo de inmigración del presidente entrante ha ido tomando forma mientras se prepara para comenzar su segunda administración en enero. Trump eligió a la gobernadora de Dakota del Sur Kristi Noem para liderar el Departamento de Seguridad Nacional y a Tom Homan, ex jefe interino de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., para servir como zar de la frontera. Homan fue el rostro público de las políticas migratorias de “tolerancia cero” de Trump durante el primer mandato del presidente electo.
Trump desconcertó a sus aliados al designar a un conductor de Fox como secretario de Defensa
Trump y su equipo no han explicado cómo llevarán a cabo su plan de deportación masiva, que requerirá una financiación sustancial del Congreso y la cooperación de los países dispuestos a aceptar a los migrantes que regresan. Más allá de los obstáculos logísticos y financieros, cualquier intento de expulsar a millones de migrantes de EE.UU. probablemente enfrentaría desafíos legales.
Las operaciones de deportación de la nueva administración probablemente comenzarán apuntando a más de un millón de personas en EE.UU. que no tienen base legal para permanecer en el país, ya sea porque han cometido delitos o han agotado las instancias de apelación.