En la capital de Brasil, un conocido rodizio –un asador donde se puede consumir sin límite por un pago fijo- ofrece un fuerte descuento por elegir sólo un tipo de carne; en un restaurante italiano elegante, ahora se puede pagar el almuerzo en cuotas; en un comedor popular, los dueños de comercios se suman a las personas sin techo para recibir una comida gratuita.
“Los brasileños han tenido que cambiar sus hábitos e ir a restaurantes más baratos”, dijo Paulo Solmucci, responsable de la asociación de bares y restaurantes del país. “Los restaurantes tradicionales e importantes han cerrado y muchos están en peligro. Este año éramos optimistas. Pero la economía nos falló”.
La recuperación de la peor recesión de la historia del país ha encallado conforme los inversores y los consumidores se ven desconcertados por la perspectiva de que la extrema derecha o la extrema izquierda ganen las elecciones del mes que viene, la más impredecible desde el regreso de la democracia en 1985. Sin embargo, eliminar la pizza familiar de los domingos a la noche podría ser sólo el comienzo. Las finanzas públicas son un desastre. Un ajuste draconiano es inevitable sea quien sea el que gane la elección, dice Raúl Velloso, asesor económico y especialista en finanzas públicas.
“El próximo presidente estará bajo presión y, si no hace lo correcto, caerá”, dijo Velloso en una entrevista. “Todos ellos lo saben”, señaló respecto de los candidatos.
Si no se hace nada, el presupuesto del país estallará el año que viene (ver gráfico más arriba), quebrando un congelamiento constitucional del gasto, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda. Lo que está en juego es el futuro de la segunda mayor economía de América y la solvencia de una deuda del gobierno federal de US$950.000 millones.
Al igual que la mayoría de los países, Brasil no ha hecho bien las cosas para equilibrar el presupuesto, pero la reciente crisis ha dejado al descubierto peligrosos problemas estructurales que obligan a gastar cada vez más y elevar el déficit. Como más del 90 por ciento de las partidas del presupuesto son una imposición de la ley, el gobierno casi no tiene margen de maniobra con el gasto.
Entre las medidas de austeridad que se evalúan está la de congelar los aumentos del salario mínimo y reducir beneficios previsionales federales que representan el 8,4 por ciento del producto interno bruto. Si el próximo gobierno no resuelve el problema en el primer trimestre de 2019, corre el riesgo de perder la confianza de los inversores desde un principio, dijo el ex secretario del Tesoro Carlos Kawall.
“Los mercados actualmente están en un compás de espera pero podrían empeorar, empeorar mucho”, dijo Kawall, economista jefe de Banco Safra SA. “Podemos volver a caer en una crisis: alta inflación, crecimiento negativo, recesión”.
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