Argentina parece tenerlo todo: abundantes recursos naturales, legiones de trabajadores con buenos niveles de educación. Pero le cuesta atraer inversionistas porque sus políticos tienen la costumbre de cambiar las reglas a su antojo, favoreciendo al Estado frente a la empresa privada.
El presidente Javier Milei ha emprendido una cruzada para resolver este persistente problema ofreciendo a las grandes empresas una forma de blindar sus compromisos de capital. Hay indicios de que podría funcionar.
Las empresas energéticas y mineras con potencial para impulsar el crecimiento de la nación sudamericana, que ha sufrido seis recesiones solo en la última década, están empezando a presentar solicitudes para que se les otorguen amplios incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios consagrados por ley durante 30 años.
Milei —un libertario que llegó al poder hace un año— afirma que las empresas se comprometerán a aportar más de US$50.000 millones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Hasta ahora se han presentado seis proyectos por aproximadamente el 15% de esa cantidad.
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Para que el goteo se convierta en inundación, los inversores extranjeros están desesperados por que Milei elimine los famosos controles cambiarios de Argentina, lo que unificaría los tipos de cambio duales. Esto se debe a que el RIGI los obliga en gran medida a convertir el capital en dólares a pesos a un tipo de cambio controlado por el gobierno, que es más fuerte que el que pueden obtener en los mercados financieros y, por lo tanto, les proporciona menos fondos locales.
Por lo tanto, gran parte del escenario ha quedado en manos de las empresas nacionales. “Que se unifique la brecha cambiaria es una condición fundamental para que el RIGI crezca en volumen”, sostuvo Sergio Caveggia, socio de la oficina de Buenos Aires de la consultora tributaria internacional Ernst & Young LLP, que trabaja en las solicitudes del RIGI.
El paquete de incentivos fue implementado a fines de agosto, tras surgir como uno de los principales elementos de la ley emblemática de Milei para desregular la economía argentina. Al extender su vigencia hasta un futuro muy lejano, el presidente intenta garantizar que su visión del libre mercado para las empresas resista cualquier intento de los votantes de volver a implementar políticas estatistas.
Es un pasaje, al menos en teoría, hacia las “reglas de juego” coherentes que reclaman los ejecutivos de las empresas. Los críticos, sin embargo, advierten que el RIGI corre el riesgo de escribir un nuevo capítulo de la llamada maldición de los recursos de América Latina, donde las naciones han permitido que sus riquezas naturales sean explotadas por las empresas, solo para ver que pocas de las ganancias llegan a la economía.
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“No hay ni retornos astronómicos que combatan la percepción de riesgo argentino; el RIGI viene a resolver mucho de eso”, afirmó Juan Procaccini, consultor principal de la filial local de PriceWaterhouseCoopers LLP, que encabezó el último gran intento de Argentina de atraer inversiones extranjeras hace casi una década, bajo la presidencia de Mauricio Macri.
Procaccini intervino en una reciente reunión de abogados y consultores en el centro de Buenos Aires para discutir el RIGI, mientras se apresuran a compilar la documentación para los clientes que buscan ser incluidos en el programa. “Dijimos ‘wow’ por el interés”, señaló Andrea Oteiza, responsable de asesoría en transacciones de KPMG Argentina, durante un panel en el evento.
Según las normas del marco, las empresas tienen hasta agosto de 2026 para postular y deben desembolsar al menos el 40% de los gastos de capital —el límite mínimo para cualquier proyecto es de US$200 millones— en los dos años siguientes a la aprobación.
Según Fausto Spotorno, director de estudios económicos de la consultora Orlando J. Ferreres y Asociados, esto supondría mucho dinero fresco en Argentina, donde las inversiones recientes se han limitado a amortizar los activos existentes. Sin embargo, aconseja cautela ante la cifra de US$50.000 millones anunciada por Milei: “Casi no hay forma de llevar los números de los anuncios a inversiones; no tienen nada que ver”, sostuvo Spotorno.
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Milei nombró al ex veterano de banca de inversión de Merrill Lynch Daniel González como su zar del RIGI, responsable de decidir con un comité de asesores si un proyecto es aprobado. González tiene mucha experiencia en el sector energético, ya que fue durante años ejecutivo de la mayor petrolera argentina, la estatal YPF SA.
Varias empresas energéticas y mineras ya han postulado, y un puñado de otras industrias —tecnología, silvicultura, siderurgia y turismo— son elegibles.
YPF lideró un proyecto para construir un oleoducto y un puerto con una inversión de US$2.500 millones para exportar petróleo. Pan American Energy Group y un socio global, Golar LNG Ltd., también postularon a los incentivos del RIGI para una empresa aún más costosa de licuefacción y transporte de gas natural. Mientras tanto, TGS SA y Pampa Energía SA están estudiando proyectos para canalizar los vastos yacimientos argentinos de este combustible de transición y transformarlo en otras materias primas.
En el sector minero, la promesa de inversión extranjera sin la ayuda de socios locales es más clara: la surcoreana Posco Holdings Inc. y una minera junior australiana presentaron propuestas para explotar litio. La canadiense McEwen Copper Inc. también está preparando un proyecto.
Las ventajas del programa de incentivos son inequívocas en una jurisdicción tan problemática para los inversores como Argentina. “El RIGI es un intento de crear una burbuja de normalidad en un contexto en el que todavía hay escollos”, afirma Marcelo García, director para las Américas de la consultora Horizon Engage, con sede en Nueva York.
Las disposiciones para eludir muchas de las normativas argentinas sobre divisas son quizá el mayor atractivo. Después de unos pocos años, las empresas podrán utilizar a su antojo los ingresos en moneda fuerte procedentes de las exportaciones, en lugar de tener que cambiarlos por pesos en el banco central.
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Otra ventaja es la reducción de los impuestos. Se suprimirán los aranceles sobre los materiales que las empresas importen para construir sus plantas y, como respuesta a una de las principales quejas del mundo empresarial argentino, se les permitirá exportar sin aranceles. También hay una laguna para el impuesto sobre el valor agregado que reducirá drásticamente los costos.
Por último, el RIGI permite a las empresas eludir el sistema jurídico argentino y acudir directamente a tribunales de arbitraje internacionales en caso de que un futuro gobierno incumpla los contratos.
Argentina ya ha pasado por esta situación. Las exenciones fiscales otorgadas a los mineros desde hace tiempo solo han tenido un éxito desigual. Por su parte, gobiernos anteriores ofrecieron incentivos a la industria petrolera, pero las empresas tuvieron dificultades para cobrarlos.
The Rohatyn Group, una empresa de gestión de activos con sede en Nueva York que planea un nuevo fondo de infraestructuras en Argentina, afirma que todo se reduce a una eliminación general de los controles cambiarios.
“Ojalá que el cepo pueda levantarse más temprano que tarde”, dijo en un panel Roberto Chute, que dirige las inversiones de capital privado de Rohatyn en América Latina. “Es difícil apostar US$200 millones, traer esa cantidad de afuera, cuando siguen las dudas en la macro”.
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