El Gobierno de Ecuador dio a conocer el martes un plan para recortar los subsidios a la gasolina de bajo octanaje mientras continúa ajustando las finanzas públicas en medio de una guerra contra las bandas de narcotraficantes declarada por el presidente Daniel Noboa en enero.
En una primera etapa, está previsto que las gasolineras aumenten los precios unos 25 centavos desde los actuales US$2,47 por galón y que luego los incrementen un máximo del 5% mensual con la introducción de un nuevo rango de precios para igualar gradualmente los valores internacionales.
“Esto es algo que no puede esperar”, dijo la viceministra de Economía, Cristina Avilés, en una conferencia de prensa en el palacio presidencial de Quito. “Es el más injusto e ineficiente” de todos los subsidios del país, añadió.
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El plan, que se implementará a finales de junio, es la segunda medida fiscal importante después de que Noboa impusiera un aumento del impuesto al valor agregado del 12% al 15%, anteriormente uno de los más bajos de América Latina, en un intento exitoso por obtener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que proporcionará US$4.000 millones durante los próximos cuatro años, más US$8.000 millones de otros organismos multilaterales.
También se permitirá que los precios de la gasolina caigan hasta un 10% mes a mes en función del mercado global. Los precios de la gasolina de alto octanaje no están subvencionados, pero la petrolera nacional Petroecuador fija mensualmente un precio de referencia.
Unos 85.000 taxis registrados y los rickshaws motorizados comúnmente utilizados como taxis en las zonas costeras recibirán un subsidio para evitar aumentos de precios para los consumidores, mientras que se están implementando planes de gasto social adicionales, si bien la medida apunta a recortar el subsidio en alrededor de US$500 millones anuales.
Asimismo, Noboa afirmó que no se tocarán los onerosos subsidios al diésel, que constituyen la mayor parte de los cerca de US$3.000 millones que Ecuador gasta anualmente en subsidios a los combustibles (la misma cifra destinada a salud pública y tres veces la cantidad para programas sociales).
En busca del equilibrio
Aun así, las impopulares medidas económicas le han significado un costo político. El índice de aprobación del mandatario, que se disparó al 80% en enero cuando declaró la guerra a las pandillas, cayó al 53,1% según un sondeo de la encuestadora local Click Report. Las elecciones generales están previstas para el 9 de febrero.
Los bonos han perdido parte de sus ganancias en lo que va del año por la preocupación de que Noboa, favorable al mercado, pueda ser reemplazado por un político de izquierda. Según la encuesta de Click Report, solo el 29,5% dijo que votaría por un candidato de izquierda, frente al 39% que votaría por un centrista y el 31,6% por un conservador.
Hasta ahora, las manifestaciones antigubernamentales han sido escasas. Los disturbios siguieron a la decisión repentina de cancelar los subsidios a los combustibles, incluido el diésel, en octubre de 2019, y hubo protestas similares por el costo de vida que paralizaron grandes áreas en junio de 2022.
El último trago amargo que habrá que pasar antes de las elecciones llegará en noviembre, cuando el Gobierno presente un plan al FMI detallando la eliminación de las exenciones fiscales.
