Piden juicio para una megabanda que intentó reactivar la industria de los secuestros extorsivos

La investigación contra seis miembros de una megabanda que intentó reactivar la industria de los secuestros extorsivos se terminó y los fiscales pidieron que los acusados sean juzgados por el delito de asociación ilícita. 

Según la acusación de los funcionarios, Matías Felipe Di Lello, a cargo de la Fiscalía Descentralizada de San Nicolás, y Santiago Marquevich, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), la organización cometió al menos tres secuestros extorsivos con empresarios o familiares como víctimas, cometidos entre 2021 y 2023 en las ciudades de Rosario y Villa Ramallo.

De acuerdo a los voceros, la organización tenía como metodología usar como lugar de cautiverio propiedades rentadas en alquileres temporarios y entregarle al pagador una mochila con instrucciones con los que debían continuar las negociaciones.

Los imputados permanecen detenidos. Se trata del comerciante y presunto jefe, Claudio Daniel Coto (62); el mecánico Néstor Adrián Santabaya (60), el animador de eventos infantiles Emiliano Mario Andrés Acuña (37), el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese (46), su pareja Silvia Beatriz López (43) y el remisero y propietario de una parrilla Nicolás Adrián Santabaya (31), hijo además del segundo de los acusados.

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En primer término, los fiscales federales solicitaron que los seis sean juzgados por el delito de asociación ilícita, al considerar que conformaban “una comunidad criminal dedicada a la ejecución de delitos indeterminados contra la propiedad y las personas, de manera organizada, mediante acuerdo previo y con permanencia en el tiempo”. A Coto y a Santabaya padre, les atribuyeron ser jefes u organizadores de dicha organización.

Santabaya hijo solo quedó imputado por asociación ilícita y por la tenencia ilegal de arma de guerra de una escopeta tipo Ithaca secuestrada en uno de los allanamientos.

A los otros cinco acusados les imputaron tres hechos de secuestro –dos consumados y uno en grado de tentativa–, agravados por la participación de tres o más personas, por haberse cobrado el rescate exigido –en solo uno de los casos– y por ser una de las víctimas menor de 18 años –en dos de los hechos–. 

“Ha quedado evidenciado que la mayor fuente de ingresos de esta asociación ilícita es la comisión de secuestros extorsivos, los que fueron ejecutados con un grado de sofisticación que supera el estándar medio y de por sí complejo de este tipo de delitos”, señalaron Di Lello y Marquevich en el requerimiento.

Los fiscales remarcaron que “en los hechos de secuestro extorsivo que conforman el objeto procesal de la causa, se advierte un similar y, por momentos, idéntico patrón de actuación”.

Entre otras cosas, los investigadores destacaron que los sitios de cautiverio eran propiedades ubicadas en la ciudad de San Nicolás que los secuestradores alquilaban temporariamente a través de plataformas digitales como “Mercado Libre” o “Airbnb”. 

LT