El "contrabandista" de la Aduana: viajes a Miami y embargo por 300 millones de pesos

"Los momentos felices no cuestan un solo peso". Gabriel B. (49) tiene esa frase de bio en su cuenta de Instagram, pero nada parece ajustarse a su historia personal. Es que este funcionario de la Dirección General de Aduanas (DGA) está acusado de formar parte de una asociación ilícita dedicada a ingresar al país artículos electrónicos y teléfonos celulares de alta gama de contrabando, entre otros delitos. 

Para Santiago Inchausti, juez federal de Mar del Plata, el acusado es un eslabón fundamental de la estructura delictiva presuntamente liderada por Fabián D. J., un comerciante de 53 años que estuvo prófugo de la Justicia durante dos meses y se entregó en julio pasado.

El verificador de la DGA fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hace seis meses, cuando curiosamente regresaba de un viaje a Estados Unidos. Esta semana quedó más complicado en la causa porque sumó una nueva acusación en su contra: cohecho pasivo.

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La sospecha surgió a partir del hallazgo de un comprobante de pago secuestrado durante uno de los allanamientos realizados en el mes de mayo. Según esa constancia, el 3 de diciembre de 2021 el comerciante le transfirió al funcionario 594 mil pesos, equivalente a unos 5.871 dólares según el tipo de cambio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

El monto —según detallaron los investigadores en la ampliación de la imputación— "superaba de manera amplia los 375.596 pesos del salario que en ese entonces percibía el imputado en la DGA".

Para el juez Inchausti, el pago realizado por el comerciante al empleado de Aduanas “responde sin dudas a su intervención como funcionario público aduanero ya sea para intervenir en sus operaciones, no efectuar los controles físicos de la mercadería que debía realizar en función de su cargo, o simplemente agilizar los despachos de importación de los imputados con tiempos más acotados en muchas de esas importaciones". "No existe otra explicación posible”, aseveró. 

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El magistrado interviniente destacó que “durante los años 2020 y 2022, (el funcionario de Aduana) intervino en múltiples operaciones de importación vinculadas al principal líder de la organización —quien además es quien efectuó el pago en cuestión a través de su empleado— como así también vinculadas a otros presuntos miembros de la asociación ilícita”.

“Más precisamente se han detallado y constatado hasta el momento, 17 operaciones conforme lo detallado, en las cuales en todas ellas se contragiró la verificación y al menos en 8 de esas 17 operaciones, transcurrieron segundos o escasos minutos entre el ingreso/contragiro y la verificación propiamente dicha”, precisó el juez federal.

Ichausti también recordó que el empleado de la DGA “efectuó dos viajes al exterior con miembros de la asociación ilícita a Miami, donde poseen sede las sociedades exportadoras conformadas por los mismos imputados”.  

En base a las pruebas reunidas, el magistrado resolvió ampliar los procesamientos de los imputados y extender la prisión preventiva porque entendió que “en caso de recuperar la libertad podrían darse a la fuga o continuar entorpeciendo el curso de la investigación”. A diferencia del comerciante, que se encuentra detenido, el funcionario fue beneficiado por un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que le permitió continuar el proceso con prisión domiciliaria. 

Entre otras cosas, el juez Inchausti recordó que el presunto líder estuvo dos meses prófugo y señaló que la organización obtuvo información previa y supuestamente pudo deshacerse de evidencias, antes de llevar a cabo allanamientos. Además, ratificó los embargos fijados con anterioridad sobre los bienes de los imputados: en el caso del comerciante es de 10 mil millones de pesos y, en el del aduanero, de 300 millones de pesos. 

El origen de la causa 

La causa se abrió a partir de la denuncia de un anónimo que envió un correo electrónico a la Policía Federal Argentina (PFA) con detalles de la operatoria y los nombres de los supuestos implicados, entre ellos funcionarios de la Dirección General de Aduanas.  

“Red de contrabando de iPhone” era el título del mensaje que compartió. Entre otras cosas afirmaba que se trataba de los mayores contrabandistas de Mar del Plata y que manejaban  “todo lo que es Apple, Xiaomi, Samsung y Motorola, casino online, empresas fantasmas con que sacan los dólares del banco a precio oficial y los giran a Estados Unidos”.

“La asociación aquí conformada, desde tiempo incierto, pero al menos desde el transcurso del año 2020, ha conformado esta empresa criminal tendiente a desarrollar múltiples maniobras ilícitas que también son objeto de la presente investigación, siendo importante destacar que esta sociedad tuvo una continuidad ininterrumpida a lo largo del tiempo, tal como surge de los elementos hasta ahora recabados”, indicó el juez en el procesamiento.