Temen que la bajante del Paraná active tensiones sociales en su pico de octubre
Nueve ministerios trabajan en planes de contingencia al verse comprometido el acceso al agua potable y las economías sociales en siete provincias. “El escenario es malo”, alertan.
La extrema bajante del río Paraná tiene el potencial de un drama de impacto socioeconómico grave, al punto de haber gatillado las alarmas en Nación y las provincias afectadas. Todo indica que el actual panorama solo se tornará peor, al punto de que existe el riesgo de perforar el piso histórico de 1944 entre fines de septiembre y principios de noviembre. Con ese horizonte, los gobiernos temen que en el peor escenario estallen tensiones sociales en las poblaciones ribereñas cuando la crisis hídrica marque su pico, en vísperas de las elecciones.
“La bajante ocasionará afectaciones sobre el abastecimiento y la calidad del agua potable, sobre la navegación y la operatividad de los puertos –en la principal vía de salida de las exportaciones argentina– y ocasionará daños ambientales sobre el ecosistema, la fauna íctica y la generación de energía hidroeléctrica”, advierte un dossier del Ejecutivo fechado el último viernes. Y esas son solo algunas de las posibles consecuencias de la sequía que impacta en siete provincias: Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Misiones.
El informe va acompañado por un primer “mapa dinámico de riesgo” que ilustra las zonas ya afectadas de forma leve y moderada, con énfasis en el tramo medio del río, así como las tomas de agua expuestas sobre el nivel. “El escenario es malo”, reconoce uno de los funcionarios involucrados en atajar la crisis. En total, son nueve los ministerios que participan de los planes de contingencia –Seguridad, Economía, Interior, Obras Públicas, Ciencia, Ambiente, Defensa, Transporte y Agricultura, Ganadería y Pesca– además de Nucleoeléctrica, la empresa que se ocupa de Atucha y que ya dispuso la compra de tres bombas flotantes para asegurar la refrigeración de los sistemas.
Funcionarios de todas estas áreas y de los distritos afectados participaron esta semana del Consejo Federal de Gestión y Protección Civil en Paraná para tejer una estrategia regional. El denominado Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) desempeñará desde ahora un rol central al momento de articular acciones bajo la conducción de Jefatura de Gabinete y la coordinación de Seguridad, de donde depende el área de Protección Civil, bajo la tutela de Gabriel Fuks. En el encuentro hubo intercambio de experiencias y se dispuso la elaboración de mapas dinámicos de riesgo para gestionar con rapidez cualquier alerta a lo largo del curso.
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Uno de los datos que más alarma a los gobiernos es que todos los pronósticos a cargo del Instituto Nacional del Agua (INA) marcan una tendencia descendente del nivel del río que predominará “en los próximos tres meses, alcanzando un máximo de bajante desde fines de setiembre hasta mediados de noviembre”. El impacto podría sentirse, entonces, no solo en las dificultades propias de las economías sociales, como los pescadores locales, sino en el acceso a derechos básicos como el agua potable, en particular en las poblaciones que dependan de los afluentes del Paraná. Para colmo, el Servicio Meteorológico Nacional reporta lluvias inferiores a los promedios ya bajos para esta época del año en la totalidad de la Cuenca del Plata.
Para mitigar cualquier reacción social, el gobierno nacional decretó la emergencia hídrica a través del decreto 428/2021 por un lapso de 180 días y un fondo de mil millones de pesos que se analiza expandir a través de otras opciones de financiamiento como el BID. Parte de esos fondos ya se están utilizando para trabajar en las tomas de agua y adecuarlas en forma temporaria debido a que muchas de ellas quedaron comprometidas. De hecho, el operativo Acuarius de Prefectura para patrullar las zonas ribereñas y prevenir incendios intencionales ahora también se aboca a vigilar estos mecanismos para que nadie sustraiga sus piezas.
Asimismo, en caso de que algunas de las poblaciones más alejadas y pequeñas no puedan resolver su acceso al agua para consumo por la sequía de sus arroyos, se estudia una inversión en cisternas junto a AySA, y hasta se podría involucrar a las fuerzas armadas, una vez más, para garantizar la logística.