Sólo el 16% se arrepiente de su voto, según un informe de una fundación ligada al PRO

El informe resalta una leve mejora en la macroeconomía, aunque persisten desafíos en el empleo y el consumo. La visión de los ciudadanos se refleja en una sensación de esperanza, aunque hay dudas sobre el futuro.

Javier Milei y Sergio Massa durante el debate presidencial Foto: NA

El informe Volver al Futuro de la Fundación Pensar Argentina, ligada al PRO y cuya presidenta es María Eugenia Vidal, trazó un balance del primer año de gestión del Gobierno, con una evaluación en general positiva, aunque matizada por las dificultades económicas y los interrogantes que aún persisten. Si bien se logró estabilizar la macroeconomía, reducir la inflación, el déficit fiscal y recuperar parte de la confianza de los mercados, los efectos sobre el empleo, el consumo y la actividad económica todavía generan incertidumbre, además, la fundación señala la imperiosa necesidad de mejorar el funcionamiento de las instituciones.

La percepción de los ciudadanos

La esperanza sigue siendo el sentimiento predominante entre los argentinos. Según el estudio, el 42% de la población considera que esta emoción define su estado de ánimo actual. Sin embargo, esta cifra muestra una leve reducción respecto al año anterior, cuando alcanzaba el 43%. La gran incógnita es si este optimismo logrará sostenerse en un 2025 que plantea desafíos estructurales.

Pese a un contexto económico desafiante, el respaldo a la figura presidencial muestra una estabilidad llamativa. La mitad de los encuestados mantiene una valoración positiva del mandatario, con apenas una mínima variación del 52% al 51% en el último año.

El informe también pone el foco en la solidez de las decisiones electorales. Solo un 16% de los argentinos expresa arrepentimiento por su voto en los últimos comicios. En el caso de quienes apoyaron a Javier Milei, la adhesión sigue siendo alta, con un 86% que mantiene su respaldo. De manera similar, entre quienes optaron por Sergio Massa, el 89% se mantiene firme en su elección. Lo cual es un indicativo de que la polarización persiste.

En términos de política económica, el 53% de los argentinos cree que el Gobierno tiene la capacidad para resolver los problemas financieros del país. Dentro de este grupo, un 21% considera que ya se están implementando soluciones concretas, mientras que el 32% sostiene que es necesario más tiempo para ver resultados.

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Un panorama de la economía

A pesar de los desafíos, el informe destaca cuatro elementos que marcaron un cierre de año mejor de lo esperado:

  1. Recuperación del PBI: El crecimiento del 3,9% en el tercer trimestre superó las previsiones y mostró signos de reactivación en algunos sectores.

  2. Caída del Riesgo País: La reducción del 67% en este indicador permitió mejorar la percepción de los mercados sobre la estabilidad financiera del país.

  3. Disminución de la Brecha Cambiaria: La diferencia entre el dólar oficial y el financiero se redujo a mínimos históricos en cinco años.

  4. Reducción de la Pobreza: La tasa de pobreza cayó 16 puntos a lo largo del año, aunque sigue siendo un desafío estructural.

El informe destaca que la reducción del déficit fiscal, considerada un pilar de la política económica oficial, permitió una caída significativa del riesgo país y una mejora en la percepción de los inversores. Sin embargo, los costos de este ajuste fueron altos en términos de empleo y consumo, lo que explica por qué una parte de la población sigue enfrentando dificultades para percibir mejoras en su vida cotidiana. La pobreza, aunque en descenso, sigue afectando a un porcentaje significativo de la población.

El informe señala como positiva la baja sostenida de la inflación, que cerró el año en 2,7% en diciembre, alcanzando su nivel más bajo en cuatro años. Este descenso permitió una recuperación parcial del poder adquisitivo y sentó las bases para una mayor estabilidad en 2025. Sin embargo, el consumo aún no muestra señales de reactivación sostenida: cayó un 7,4% en el año, reflejando el impacto de la contracción económica.

En cuanto a la pobreza, los datos del tercer trimestre revelan una disminución importante, ubicándose en 38,9%, lo que representa una caída de 16 puntos en comparación con el inicio del año. A pesar de esta mejora, sigue siendo un problema estructural que requiere políticas de crecimiento sostenido y generación de empleo para consolidar la tendencia.

El informe también destaca cómo la población se adaptó a la nueva realidad económica. Más de la mitad de los argentinos (51%) restringió sus compras a lo esencial, mientras que el 28% optó por segundas marcas. Este comportamiento sugiere que, si bien la inflación bajó, el impacto en el bolsillo de los consumidores sigue siendo significativo.

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Empleo y Actividad Económica: Recuperación Parcial con Dudas

El mercado laboral fue uno de los sectores más golpeados en 2024. Según datos oficiales, se perdieron 198.000 empleos formales entre octubre de 2023 y octubre de 2024, aunque en los últimos meses del año comenzó a observarse un cambio de tendencia. Sin embargo, la falta de dinamismo en la generación de nuevos puestos de trabajo sigue siendo una preocupación.

En términos de actividad económica, el tercer trimestre marcó un punto de inflexión, con un crecimiento del PBI del 3,9% respecto al trimestre anterior. A pesar de este repunte, el año cerró con una contracción estimada del 2% en la actividad.

El desempeño de los distintos sectores fue dispar. Mientras que el agro (+13%), la minería (+7%) y el turismo (+9%) mostraron signos positivos, otros sectores clave como la construcción (-15%), la industria (-6%) y el comercio (-6%) continuaron en terreno negativo. La caída se da en los sectores que mayor cantidad de mano de obra emplean.

Mercado Cambiario y Finanzas: Menos Brecha, Más Reservas, Mayor Deuda

Uno de los logros más destacados del año fue la reducción de la brecha cambiaria, que alcanzó su nivel más bajo desde 2019. A su vez, las reservas brutas del Banco Central crecieron en USD 8.700 millones. Sin embargo, las reservas netas siguen en terreno negativo, cerrando el año en torno a los USD -4.000 millones.

En paralelo, el informe señala que la deuda pública bruta aumentó a USD 93.585 millones durante el año, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo fiscal y financiero a mediano plazo. A pesar de la mejora en los indicadores de riesgo país, que cayó un 67% en 2024, el desafío del Gobierno será evitar que la necesidad de financiamiento externo comprometa la estabilidad lograda hasta ahora.

La actividad del Congreso 

El escenario político también fue clave en la evaluación del año. El Congreso aprobó apenas 44 leyes, la cifra más baja para un primer año de gobierno en las últimas cuatro presidencias. De los 26 proyectos presentados por el Ejecutivo, solo tres lograron ser sancionados: la Ley Bases, el paquete fiscal y el Registro de Datos Genéticos. Sin embargo, hay que señalar que la ley bases, así como el paquete fiscal, causaron modificaciones en cientos de leyes.

A lo largo del año, el Ejecutivo vetó dos leyes aprobadas por la oposición que iban en contra del ajuste fiscal. Este escenario anticipa un 2025 de mayor tensión en el ámbito legislativo, especialmente en un contexto electoral donde los partidos buscarán marcar diferencias de cara a los comicios de medio término.

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Críticas a la falta de presupuesto, la licitación de la hidrovía y a la designación de jueces por decreto

El informe finaliza con una serie de artículos que hacen señalamientos sobre el funcionamiento institucional y la necesidad de regularizar ciertos procedimientos de gestión, como la aprobación del presupuesto 2025, algo a lo que el Ejecutivo no ha incluido el en el temario de las sesiones extraordinarias.

Por otra parte, una sección firmada por Eduardo Plasencia señala que el reciente proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay podría tener un posible impacto negativo en la economía y la competitividad del país. El informe critica que la convocatoria se haya realizado con apenas 80 días de anticipación, cuando lo recomendado es un mínimo de 260, lo que pone en duda la transparencia y el nivel de competencia del proceso. Además, el esquema tarifario planteado eleva significativamente el costo del peaje para los buques, pasando de 3,37 a 6,30 dólares por tonelada registrada neta (TRN), lo que podría traducirse en pérdidas económicas superiores a 7.500 millones de dólares en las próximas décadas. Otro punto de controversia es la duración de la concesión, establecida en 30 años con posibilidad de extenderse a 60, algo poco común en este tipo de contratos. 

La Fundación Pensar advierte que las condiciones del río y de la navegación evolucionan constantemente debido al cambio climático, lo que hace riesgoso comprometer la infraestructura a tan largo plazo. Además, las condiciones para participar en la licitación parecen favorecer al concesionario actual, ya que se exigen requisitos de experiencia que pocas empresas pueden cumplir y se imponen altos montos para presentar ofertas e impugnaciones, limitando la competencia y reduciendo la posibilidad de reclamos.

Por último, el informe señala que las obras previstas carecen de actualización, ya que la profundidad máxima de 39 pies y el diseño basado en los buques Panamax –un estándar de hace más de 30 años– no responden a las necesidades actuales del comercio exterior. La falta de modernización obligará a futuras renegociaciones que podrían encarecer aún más los costos de exportación. Con este panorama, la licitación de la Hidrovía sigue siendo un tema de debate, con sectores que cuestionan si esta propuesta beneficiará al país o, por el contrario, representará un retroceso en la competitividad argentina.

Además, el informe adjunta un artículo firmado por Martín Casares, Secretario General en Colegio Público de la Abogacía, que advierte sobre los riesgos de que el Gobierno designe jueces de la Corte Suprema por decreto sin la aprobación del Senado. Aunque el artículo 99, inciso 19, de la Constitución permite nombramientos en comisión durante el receso legislativo, esta práctica es excepcional y debe estar justificada por una urgencia concreta. La designación interina de magistrados compromete su independencia, ya que quedan sujetos a la posterior aprobación del Ejecutivo y el Congreso, lo que podría afectar la imparcialidad de sus fallos y debilitar la división de poderes.

FM

LT