Principio de tregua: el Gobierno debió abrir el diálogo con los aeronáuticos y aplacó el conflicto

Tras amenazas y medidas de fuerza, el Gobierno terminó con saldo positivo su encuentro con los principales sindicatos aeronáuticos y se llevó un principio de tregua. Lo hizo luego de dividir el frente gremial, gracias a distintas conversaciones, y ganó un poco más de tiempo, sin huelgas de por medio, en su lucha por privatizar Aerolíneas Argentinas. Una pelea que todavía no tiene certezas de victoria.

El oficialismo volvió a mostrar contradicciones. Planteó, cuando se desató la pelea con los gremios del sector aeronáutico y se sucedieron distintos paros, que no se iba a sentar a dialogar con los dirigentes sindicales, a los que acusó de “extorsionadores” y parte de “la casta” a eliminar. Pero se dio cuenta de que debía negociar ante el poder de fuego que mostraron en plena unidad y que se vio, entre otras jornadas, el pasado 30 de octubre, día que motorizaron un paro nacional de transporte que fue contundente y un llamado de atención para la gestión Milei.

Con este telón de fondo, las autoridades de Aerolíneas Argentinas tomaron contacto, en diálogos por privado y de manera escalonada con los principales referentes de los tres colectivos de relevancia: la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), liderada por Edgardo Llano; la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que conduce Pablo Biró; y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), dirigida por Juan Pablo Brey.

Tres popes sindicales que lideran sus entidades sin oposición y que están acostumbrados a ganar distintas discusiones, y que no tienen problemas en avanzar con medidas de acción directa. Pero que también tienen matices que salieron a la luz tras el encuentro con autoridades oficiales. Biró, uno de los principales apuntados por el Gobierno durante los últimos, expulsado del directorio de Aerolíneas Argentinas, verborrágico, supo atenuar distancias con las esferas libertarias a través de su número dos, Mateo Ferrería, el hombre que asistió al cónclave.

El dirigente expuso que se hablará en los próximos encuentros, que comenzarán a partir del lunes, “por las condiciones laborales” y subrayó que “recién estamos iniciando la conversación y esperamos llegar a un acuerdo”. Lo más importante: que existe bandera blanca, una tregua, para tratar de explorar un acuerdo, sin paros sorpresivos. Como le señalaron a PERFIL desde el entorno de un dirigente sindical, La Libertad Avanza demostró una vez más su capacidad para “vender títulos en los medios”, pegándoles con todo a los gremialistas, y luego se tuvieron que tragar sus palabras y se sentaron a negociar con cada uno.

Ferreríaa de hecho apuntó tras el cónclave que “no va a haber medidas de fuerza” y que desde la empresa les transmitieron que, si no se llega a un entendimiento, el Gobierno está decidido a poner en funcionamiento el Procedimiento de Crisis, con todo lo que eso implica. Pero no dio plazos específicos para que eso suceda.

Brey también se encuentra en la misma sintonía. La mano derecha de Pablo Moyano, combativo, ante los suyos, repite que muchas huelgas que se sucedieron en este tiempo se podrían haber evitado si en la administración libertaria avanzaban, aunque sea, con un esquema de negociación paritaria que les de la mitad del 25% solicitado para recomponer salarios, lo que desencadenó el conflicto. Pero aparece listo para dialogar sobre las condiciones laborales y remuneraciones, bajo el marco de una negociación “responsable”. En el fondo, es uno de los que cree que la gestión Milei ya se quedó sin demasiadas opciones para privatizar Aerolíneas Argentinas ante el temor de dejar sin conexión el país.

El sector aeronáutico no tuvo ningún aumento paritario en todo 2024

En otra línea aparece APA, el sindicato que nuclea a los trabajadores de Intercargo, que saltó a la agenda esta semana por despidos y motorizó nuevos anuncios del oficialismo para desregular el sector de rampas. A diferencia de los otros sindicatos, del encuentro con las autoridades de Aerolíneas Argentinas salieron con nuevos enfrentamientos y sin ofrecimientos.

De hecho, en el sindicato, criticaron una vez más la política que se encaró contra la firma estatal y que la PSA ofrezca la carga y descarga de valijas y que eso atenta contra los procedimientos de seguridad vigentes. “No nos vamos a hacer cargo de las contingencias que se puedan suceder debido a esta situación”, expresaron y recalcaron que hay una operación mediática para liquidar una empresa superavitaria como Intercargo. Para el oficialismo, fue ganancia: consiguieron dividir un ecosistema que hasta esta semana estaba sólido.

De todos modos, el principal objetivo que pasa por finalizar con las actividades de Aerolíneas sigue lejos: hay voces en LLA que admiten que la privatización y/o el cierre de la firma estatal es más que difícil ya que todos los potenciales inversores, dicen que existen al menos tres, mencionan que no quieren adquirir la empresa con los convenios colectivos de trabajo que poseen todos los empleados. Y que las negociaciones en el Congreso por una ley que liquide la compañía está “trabada”.

El PRO quiere penalizar los bloqueos

El bloque de diputados nacionales del PRO se metió en la polémica por los paros sindicales en aeropuertos que obligaron a cancelar decenas de vuelos en Aeroparque y Ezeiza, generando caos y dolores de cabeza a miles de pasajeros.

La bancada que preside Cristian Ritondo recordó que la diputada Verónica Razzini presentó un proyecto de ley que apunta a “tipificar los bloqueos como delito penal, ya sean directos o indirectos, y establecer una pena de prisión efectiva para quienes impidan el normal funcionamiento de las empresas”.

“Cuando una empresa no produce por culpa de un bloqueo sindical, no genera ingresos. Sin ingresos, no puede pagar los sueldos a sus empleados. Los bloqueos atentan contra el trabajo. Quienes los generan no defienden trabajadores, sino a sus propios privilegios”, señaló el PRO en un comunicado difundido en redes sociales.

De esta manera, la bancada macrista mete presión al Gobierno para que tome alguna medida tendiente a prohibir las medidas de acción directa gremial que implican cese de actividad en medios de transporte.

Este pronunciamiento del PRO se produce en medio del conflicto con los gremios aeronáuticos, y luego del anuncio del Gobierno en torno a la desregulación de los servicios de rampas que supone el fin del monopolio que ejercía la empresa Intercargo.