Políticas públicas con sesgo de género: un informe analiza los retrocesos en la materia

“El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende”, afirmó Javier Milei en el Foro de Davos, el 23 de enero de 2025.

En ese contexto el Presidente aprovechó para criticar el uso del término femicidio que, de acuerdo a su visión, termina “legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres”, agregó el mandatario, sin preguntarse a qué se debe esto último.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza este fragmento del discurso y va más allá: señala no solamente que existen brechas salariales que el mismo Indec documenta, sino que también advierte sobre un sesgo de género en las políticas públicas implementadas por la actual gestión de gobierno.

“Durante 2024 el gobierno nacional trabajó en base al Presupuesto 2023 prorrogado, manejando discrecionalmente los destinos de la recaudación y de las partidas. En ese contexto, procedió a hacer desaparecer no sólo la identificación de las actividades que tenían perspectiva de género o reducían brechas de desigualdad, sino fundamentalmente a las políticas en sí mismas”, destacan. Una de las cuestiones que resaltan es que resulta difícil, en las condiciones actuales, hacer un seguimiento de los gastos. “Desde 2019 y hasta 2024 esas políticas se encontraban destacadas en el Presupuesto con la etiqueta ‘Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad’ (PPGyD), y podían ser monitoreadas. A partir de la llegada de LLA al Gobierno se cambiaron nombres de programas y jurisdicciones responsables de la ejecución, se recortaron las partidas correspondientes, y hubo numerosos despidos en áreas idóneas”.

Con todo, es posible sacar algunas conclusiones. “En 2024 se etiquetaron 34 programas como PPGyD, por un total de $ 22.025.306 millones, a valores de diciembre de 2024 (esto es, un 16% del gasto total). Si comparamos lo ejecutado en 2024 respecto a 2023, en términos reales, el gasto etiquetado como PPG se redujo 21% interanual”.

Además de resaltar el desmantelamiento de políticas que no necesariamente se encuentran bajo esta categoría, pero sí tienden a disminuir la brecha (como el fin de las moratorias jubilatorias o los programas como Registradas o Potenciar trabajo, que tuvieron caídas presupuestarias de entre el 80% y el 100%) el estudio analiza otras específicas, como el fin de aquellas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar las violencias. “Los fondos destinados al patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual fueron recortados a cero, las partidas dedicadas a las víctimas de trata se redujeron 87,7% interanual, similar al Programa Acompañar (-87,6%). La línea 144 sufrió un recorte de 61,1% y la Ley Brisa de 1,7%. Sin embargo, el programa de protección a víctimas aumentó 23,8%”.

En lo que respecta a la salud también se registraron disminuciones considerables. “El Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (cuya ejecución cayó 98,7% en 2024), el Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, que fue prácticamente desmantelado (-93,9% de ejecución interanual en 2024), la distribución de preservativos y medicamentos para la IVE (73,9% menos de ejecución interanual) y el tratamiento del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (-56,3% de recursos en 2024). El programa mil días fue el único que incrementó su presupuesto (+202,7%)”.

Por otro lado, y respecto a las políticas que buscaban reducir las brechas en la dedicación de horas diarias que hombres y mujeres emplean en tareas de cuidado no remuneradas, los programas de “Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes” e “Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria” sufrieron recortes de 99,5% y 82,6% interanual.

Las desigualdades que existen en la práctica, afirman, tienden a profundizarse con estos ajustes presupuestarios. Entre las brechas reales se destacan cuestiones como la del porcentaje de desocupación (del 7,9% para las mujeres y del 6,2% para los hombres), la informalidad laboral (de 38,7% en mujeres y 35,0% en varones), el nivel de ingresos (los salarios de los varones son 27,7% mayores que los ingresos de las mujeres), y las horas destinadas a las tareas de cuidado (las mujeres dedican tres horas más por día al trabajo no remunerado).