Piden la intervención judicial de la concesionaria de las grúas y estacionamiento en CABA
La Inspección General de Justicia definió a Dakota S.A. como una "sociedad simulada". Esta empresa funcionó desde 1958 hasta 1996 como una empresa concesionaria de obra pública y cambió de rubro durante la intendencia porteña de Carlos Grosso.
La Inspección General de Justicia (IGJ) impulsó la intervención judicial y la declaración de “nulidad” de la empresa Dakota S.A., concesionaria de servicio de grúa para remoción de vehículos de la vía pública y estacionamientos en la Capital Federal y mencionada en supuestos hechos de corrupción en una filtración de chats con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
La IGJ resolvió hoy “promover acción judicial de nulidad de la entidad mercantil Dakota S.A. atento los graves y reiterados incumplimientos incurridos”, entre ellos la falta de presentación de estados contables y el supuesto cese de sus operaciones en setiembre de 2022.
Dakota es la empresa cuyo referente es el empresario Marcelo Violante, quien apareció en los chats gestionando contrataciones con la Ciudad de Buenos Aires supuestamente a través de sus contactos con D’Alessandro.
La IGJ reconoció que inició la inspección sobre la empresa a partir de la repercusión periodística de aquellos chats, a principios de enero pasado.
El documento de casi 80 páginas explica que detectó la “falta de oportuna presentación de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de julio de 2018 y sucesivos hasta el 31 de julio de 2021”, además califica a Dakota como una “sociedad simulada”.
El reporte añade la “inexistencia de confección y presentación por la sociedad de los estados contables cerrados el 31 de julio de 2022” y la “absoluta reticencia de su socia controlante, Ana Elizabeth de Bruyn a comparecer a las audiencias de explicaciones convocadas por la IGJ, invocando su asistente jurídico razones absolutamente improcedentes para justificar esa incomparecencia”.
“Con toda seguridad se debe a razones de salud, atento su avanzada edad, 94 años”, añadió el documento, firmado por el titular de la IGJ, Ricardo Nissen.
El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, subrayó que Dakota funcionó desde 1958 hasta 1996 como una empresa concesionaria de obra pública, pero viró al rubro de estacionamientos y remoción de vehículos durante la intendencia porteña de Carlos Grosso.
Los chats entre Marcelo Violante y Marcelo D’Alessandro
En los supuestos chats filtrados hay diálogos entre Marcelo Violante y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessando en el que parecen arreglar pagos por los servicios. Esto llevó a que el Gobierno presentara una denuncia penal contra el dirigente de Juntos por el Cambio por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado.
Dakota le pagó hasta octubre de este año $55.000 pesos de canon mensual a la Ciudad y la facturación es de más de $250 millones anuales, como aseguró la periodista Rosario Ayerdi en una nota para este medio. De las ganancias, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recibía apenas el 0,2%.
Las supuestas conversaciones entre el empresario y el funcionario de la Ciudad incluyen diálogos sobre posibles negocios y el pedido de colaboración para ganar licitaciones. “Hola! ¿Te da para proponer negocios a Horacio?”, se lee en los chats filtrados. “Sí”, le responde el funcionario porteño a Violante el 21 de septiembre de 2019.
Además, en estos intercambios aparece el pedido de favores de Violante para que D’Alessandro intervenga ante la justicia. “Hola Marce, necesito si me podés hacer el favor de reforzar lo que hablaste con el fiscal por la violación de clausura. Nos quieren aplicar una multa en pesos. Eso no tengo problema… pero le quieren aplicar probation al presidente de mi empresa, y es un amigo. Se podrá solamente pagar la multa son la probation?? Porque sino va a quedar el antecedente”, pide Violante en los presuntos chats. Según surge de esta filtración, el empresario le escribe a D’Alessandro con el objetivo de que medie ante Carlos Rolero, Fiscal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para evitar una probation contra el presidente de su empresa.
RB/fl
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