Organizaciones sociales denunciaron a Javier Milei por "destruir políticas públicas" ante la CIDH: qué dijo el Gobierno

Distintas organizaciones sociales y de la sociedad civil denunciaron al Gobierno de Javier Milei por "destruir políticas sociales" relativas a paliar la crisis alimentaria, erradicar la violencia de género y asegurar los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por su parte, la Administración libertaria negó las acusaciones y habló de una "readecuación" de los programas. 

"Nuestro país está avanzando en una pérdida sistemática de derechos sociales que afectan la vida y la dignidad humana”, expresó Alejandro "Peluca" Gramajo, secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que estuvo presente junto a otras organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando; y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Por el lado del Gobierno nacional estuvieron presentes en Washington, Estados Unidos, el Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y la embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sonia Cavallo. Se trató de tres audiencias distintas solicitadas por parte de las agrupaciones y fue un hecho inédito, ya que la CIDH no suele conceder tantas a un mismo país en un solo día.

Otra derrota judicial para Sandra Pettovello: la Justicia ordenó al Gobierno que garantice alimentos a grupos vulnerables

La primera audiencia fue sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina", en la cual Gramajo dijo que el Gobierno de Milei "representa un plan de miseria planificada, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria”. En esa línea, mencionó el desfinanciamiento en obras para barrios vulnerables y la eliminación del Monotributo Social.

Además, el secretario general de UTEP lamentó que Nación haya "desacoplado el Salario Social Complementario del aumento del Mínimo Vital y Móvil", congelándolo en $78.000, “lo que equivale en la actualidad a comprar casi 50 litros de leche”, cuando la canasta básica de una familia tipo supera el millón de pesos. 

Durante su intervención, Natalia Zarza, dirigente de la UTEP, alertó sobre “el avance del narcotráfico en los barrios más afectados por la pobreza”, situación que es agravada cuando "el Estado se retira y crece la pobreza". En tanto, comentó que desde diciembre de 2023, "las organizaciones sociales no reciben ningún tipo de insumo ni de prestación", apuntando directamente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

"Pettovello dijo que nos acercáramos que nos iba a atender uno a uno y eso no pasó", continuó diciendo, al mismo tiempo que acusó a La Libertad Avanza (LLA) de impulsar una "campaña de estigmatización" contra las agrupaciones sociales.

Por su parte, el Dr. Nicolás Rechanik, abogado de UTEP, indicó que existen "alimentos sin entrega en galpones, incluyendo mil toneladas de leche en polvo, en un contexto donde siete de cada diez niños enfrentan problemas alimentarios”, en relación a una situación que está judicializada desde hace meses.

Además, el Relator Especial de DESCA, Javier Palummo, hizo foco en que en los últimos meses recibió informes con "cifras muy preocupantes de pobreza e indigencia en Argentina". En esa línea, remarcó que se debe "garantizar en forma progresiva los derechos", lo que implica disponer el máximo de los recursos disponibles e implementar "políticas fiscales con enfoques de derechos humanos" para fortalecer la democracia.

La segunda audiencia fue sobre la "Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina” y coincidió con el voto negativo de la Argentina en la Asamblea General de la ONU en una resolución para eliminar la violencia digital contra mujeres y niñas. "El Programa Acompañar, destinado a víctimas de violencia de género, tuvo una caída del 98%: son miles de mujeres cuyas vidas están en riesgo mientras el Estado las deja libradas a su suerte", señaló Natalia Gherardi, del equipo ELA.

Lucila Galkin, de Aministía Internacional Argentina, dijo a su turno que el Gobierno "paralizó la distribución de insumos para garantizar la interrupción voluntaria y legal del embarazo" y que "hay faltante de métodos anticonceptivos, donde el Plan ENIA sufrió un recorte del 68%". 

Ante esto, Roberta Clarke, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se dirigó a Baños y le pidió reforzar todos estos conceptos para que "la violencia de género no sea naturalizada". E insistió con respecto a la visibilización de la problemática: "Les pido como funcionarios de gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar la violencia de género".

La tercera y última audiencia fue sobre el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos en Argentina”. Paula Litvanchky, directora ejecutiva del CELS, recordó que durante la campaña presidencial en 2023 los recortes en estas temáticas formaban parte del programa actual del Gobierno, materializado en cierres, despidos, "vaciamiento de instituciones e incluso la puesta en venta de sitios de memoria".

Martín Kohan, escritor y docente, planteó que los conceptos de "memoria, verdad y justicia se conjugan siempre en presente, aunque trate de un pasado" y Claudia Poblete, de Abuelas de Plaza de Mayo, sostuvo que se "acusa a los organismos de derechos humanos de buscar venganza, lo que nos retrotrae a los tiempos en que" estuvo apropiada. "Es el discurso con que me criaron a mí para evitar que pudiera buscar mi propia identidad", cerró.

Las respuestas del Gobierno

Al momento de responder, el secretario de Derechos Humanos desmintió a los dirigentes de UTEP y comentó que Capital Humano "ha ejecutado un 82,43% del presupuesto destinado a políticas alimentarias, incrementando el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar”.

Asimismo, Baños añadió que las medidas que lleva adelante la cartera que conduce Pettovello "buscan cubrir la canasta básica alimentaria de niños y adolescentes, extendiendo la cobertura a más de 600.000 adolescentes previamente excluidos”. También argumentó que el Gobierno busca “superar los modelos asistencialistas” y crear condiciones de "autonomía" y un "sistema justo" para los sectores vulnerables.

El funcionario nacional también acotó que la Administración de Javier Milei pretende alcanzar el "déficit cero" que permita una “verdadera estabilidad macroeconómica a largo plazo”. Además negó que se estén desfinanciando las políticas públicas y explicó que se está llevando a cabo una "readecuación" de las mismas.

“Muchos de estos intermediarios han sido quienes históricamente han impedido la verdadera autonomía de los sectores populares”, manifestó Baños al acusar a las organizaciones sociales de "clientelistas". En tanto, aseguró que están disminuyendo los índices de pobreza, aunque no se refirió a los últimos datos oficiales.

Sobre las políticas de género, comentó que los planes realizados por administraciones anteriores fueron "ineficientes" y afirmó que la Línea 144 es el servicio de asistencia que sigue disponible “las 24 horas, los 365 días del año”. Sobre este, planteó que se "fortaleció", aunque esta versión fue cuestionada por los recortes en el área de operadores.

Finalmente se manifestó en contra del aborto legal, explicando que los derechos sexuales y reproductivos, "tal como se entienden en los marcos internacionales de Beijing y El Cairo", no lo incluyen. También citó a la Convención Americana de Derechos Humanos al decir que "la protección de la vida desde la concepción" es un principio fundamental.

FP/LT