Maduro emitió órdenes de captura para otros 16 argentinos por el caso Emtrasur

El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió órdenes de captura contra varios funcionarios judiciales y figuras públicas argentinas relacionadas con el caso de Emtrasur, el avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 y que fue enviado a Estados Unidos en febrero pasado.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, anunció que se solicitaron órdenes de aprehensión contra el diputado Gerardo Milman, los jueces Federico Villenas, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, el diputado Ricardo López Murphy, el Ministro de Seguridad de Buenos Aires Waldo Wolff, el legislador de la ciudad de Buenos Aires Yamil Santoro, la abogada María Eugenia Talerico, el abogado Leonardo Camicher, los fiscales Carlos Stornelli, Cecilia Incardona, Diego Iglesias y Franco Rinaldi, experto en aeronavegación comercial.

Las acusaciones son por robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir.

Desde Argentina no hubo respuesta oficial todavía, pero esta medida incrementa la crisis diplomática que atraviesan ambos países, comenzada con la llegada de Javier Milei a la Presidencia argentina y que se agravó tras las elecciones presidenciales en el país caribeño.

Qué ocurrió con el avión Emtrasur

El pedido de captura de funcionarios argentinos es por el caso del avión venezolano-iraní que pasó por la Argentina y fue retenido en Buenos Aires en 2022. El Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa.

En febrero fue enviado a Estados Unidos a pesar de las objeciones y amenazas de Caracas, que se materializaron un mes después con la prohibición del espacio aéreo de su país a aeronaves procedentes o rumbo a Argentina.

Orden de arresto contra Milei, su hermana y Patricia Bullrich

Antes de las últimas órdenes, Maduro ya había emitido una orden de aprehensión contra Milei, su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich.

Ante eso, Argentina destacó que el caso de Emtrasur fue “resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional”.

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“El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro”, afirmó la Cancillería argentina en comunicado.

Además del conflicto por Emtrasur, la tensión entre Argentina y Venezuela tuvo otro capítulo luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que Maduro se declaró ganador en un resultado considerado fraudulento por una parte de la comunidad internacional, incluida la Argentina.

El 6 de septiembre la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra Maduro y “otros cabecillas del régimen”, por “el agravamiento de la situación” después de los comicios presidenciales.

A esto se sumó que los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe reclamaron a la Cámara Federal de Buenos Aires una orden de indagatoria y captura de Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello. El dictamen también involucra a una treintena de militares y agentes de inteligencia acusados de ser responsables de torturas, secuestros y ejecuciones en su país, en el marco de un “plan sistemático”.

Expulsión de diplomáticos

Un episodio grave fue  la expulsión de los diplomáticos argentinos de la embajada en Caracas por parte del régimen de Maduro, en respuesta a la denuncia de fraude del Ejecutivo de Milei, un tema delicado, ya que la sede diplomática del país suramericano brindaba asilo a seis opositores venezolanos.

Ante esto, el Gobierno de Brasil aceptó a comienzos de agosto hacerse cargo de la sede y asumir el cuidado de los opositores asilados allí.

RB CP