"Escrache de autoritarios": repercusiones de la denuncia del Gobierno contra la jueza que liberó a los detenidos por la marcha

Luego de que el Gobierno apuntara contra la jueza Karina Andrade, que ordenó la liberación de los detenidos durante los incidentes entre manifestantes y policías en la marcha por los jubilados, legisladores, dirigentes de la oposición y organizaciones de abogados y trabajadores judiciales salieron a respaldar su decisión. Varios de los cuestionamientos apuntaron contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que denunció a la magistrada y pidió su apartamiento.

Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, expresó en su decisión que las aprehensiones realizadas por las fuerzas de seguridad no cumplián "los requisitos mínimos" y consideró que se veía afectados derechos constitucionales fundamentales, como el de la protesta. Tras conocerse el fallo, Cúneo Libarona  afirmó que se iba a analizar su actuación "ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires por posible incumplimiento de sus funciones".

El Gobierno denunció por sedición a dos intendentes K y pidió el apartamiento de la jueza Andrade

Ante esta situación, el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, publicó un mensaje en su cuenta de la red social X donde definió al titular de la cartera de Justicia como un profesional con un "doctorado en barra bravas", ya que a la movilización acudieron hinchas de fútbol, barras y gremios, entre otras organziaciones. 

"Repudio las declaraciones del Ministro de Justicia amedrentando a la jueza Dra. Karina Andrade por haber obrado a derecho y decretado la libertad de todos los INOCENTES que fueron detenidos a mansalva por la policía de Patricia Bullrich", expresó el legislador. En ese sentido, comparó lo ocurrido con las detenciones que ocurrieron durante las protestas por la "Ley Bases", a mediados del año pasado.

"Lo mismo que esta jueza de la Ciudad de Buenos Aires hizo la jueza federal, Dra. Maria Servini, aquel día 12 de Junio de 2024 liberando a las 33 personas detenidas por Bullrich quien las habia acusado de terroristas en la represión sanguinaria de ese día", añadió. "¿En serio que los barra bravas son criminales Dr. Mariano Cuneo Libarona?", ironizó al manifestarse sobre uno de los principales argumentos del Gobierno, según se observa en la presentación realizada por firmada por Fernando Soto, funcionario del ministerio de Seguridad.

"Usted es un tratadista en este tema diríamos los hombres del derecho. Hay ríos de tinta que hablan de su sabiduría sobre los barras. A modo de ejemplo pongo su defensa a Alan Schlenker, barra brava condenado de River, según Infobe, y a Héctor "Jaimito" Heredia barra brava de Racing según Clarin", agregó el también exsenador. "Como vera, no cito ningún medio K", dijo.

"No conozco personalmente a la jueza Andrade ni tampoco los fallos que dictó. Pero actuó correctamente liberando a las personas que habían sido detenidas arbitraria e injustamente por la policía. La libertad es demasiado importante como para que la decida Patricia Bullrich, Jorge Macri o un comisario coimero", señaló el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano.

Además, Pablo Avelluto, exministro de Cultura durante la Presidencia de Mauricio Macri, felicitó los fundamentos del fallo de Andrade. "Ahora padecerá infinidad de ataques, escraches y agravios por parte de los autoritarios. Ha defendido una de las conquistas más valiosas del liberalismo: el derecho a protestar. Ni más ni menos", planteó.

La Confederación General del Trabajo (CGT), en tanto, expresó "su apoyo y solidaridad con la jueza Karina Andrade, quien correctamente ordenó la liberación de las personas detenidas durante la manifestación en apoyo de las y los jubilados". 

"La decisión de la jueza no hace más que impartir justicia y honrar el estado de Derecho, el respeto por el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución. Esta CGT bregará por el derecho a manifestarse y expresarse, independientemente de las maniobras llevadas adelante por el Gobierno Nacional que buscan criminalizar la protesta social", agregaron desde la central obrera.

Por su parte, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP) emitió un comunicado para respaldar la decisión de la magistrada, resaltaron la "irrestricta vigencia" de los "derechos de libertad de reunión", de libertad de expresión y de "peticionar a las autoridades (arts. 14 CN 13 CADH y 19 PIDCyCP)", a la par de pedir su inmediata eficacia en la inteligencia y aplicación del Código Penal. En tanto, se expresaron "en resguardo de la independencia judicial" en la labor llevado a cabo por Andrade, tras los "lamentables hechos" sucedidos frente al Congreso.

"Fue el Papa Francisco quien en su misiva dirigida la institución del 9 de noviembre de 2022, exhortó a todos los juristas a contrarrestar la irracionalidad punitiva manifestada en 'la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo de las garantías penales y procesales más elementales'”, añade el escrito que lleva la firma Matilde Bruera (UNR), Alejandro W. Slokar (UBA /UNLP), Marcelo Riquert (UNMdP), entre otros.

Asimismo, el Sindicato de Trabajadores Judiciales Ciudad de Buenos Aires (SITRAJU) repudió "la intromisión del gobierno nacional en el Poder Judicial" y mostró su respaldo a la jueza Andrade. "Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con el Estado de derecho y las garantías constitucionales", señalaron desde sus redes sociales.

"En épocas donde el señalamiento público está a la orden del día y las prácticas ejercidas por quienes conducen hoy los destinos de la Patria, lejos de ser para el bien común, son para el beneficio de unos pocos, la lucha por el bienestar de nuestros jubilados es irrenunciable. Manifestarse siempre será un pilar fundamental como ejercicio de la democracia y es nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras judiciales ser garantes de ese derecho", completaron.

Tras los disturbios, desde Casa Rosada acusaron a la jueza de “militar la impunidad” y dijeron que pedirán una investigación sobre su actuar en el Consejo de la Magistratura, tal como comentó el vocero presidencial, Manuel Adorni. "La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices", escribió en X.

“Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía. En lugar de investigar quién envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas. Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”, había expresado por su parte el ministro Cúneo Libarona.

En tanto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la cuestionó por la "velocidad" en la que liberó a los sospechosos. “Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, dijo en un reportaje.

Qué dijo la jueza Andrade tras su fallo

“Nadie me trajo información de que había barrabravas”, comentó la magistrada en una entrevista radial a raíz de los cuestionamientos del Ejecutivo, y además indicó que “hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos”.

En tanto, Andrade aseguró: "De los detenidos, teníamos uno que solo decía que era 'mexicano'. Las investigaciones no están cerradas. El Ministerio Público Fiscal, al menos hasta lo que yo conozco, las tiene en pleno trámite y yo soy la jueza de la causa por lo que no puedo expedirme personalmente".

"Yo no declaré la nulidad de las detenciones y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mi argumento fue estrictamente jurídico apegado a la Constitución y mi decisión no fue espontánea", dijo sobre su decisión en la que mencionó el respeto a derechos fundamentales de la Constitución, como el de protesta, libertad de expresión y manifestarse en democracia.

FP / Gi