La vía del decreto: una fuga hacia adelante para impedir o dilatar una derrota política

Frente al Patio de las Palmeras apuestan al suspenso. Todavía no se animan a precisar cuándo será publicado el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmará Javier Milei para sacar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y enviarlo al Congreso. Cuando lo haga, será tratado en el Congreso por los mecanismos que establece la ley 26.122, la misma norma que pensó el kirchnerismo hace tres lustros para blindar los DNU, ese instrumento del Poder Ejecutivo que se arroga facultades legislativas y que puede sobrevivir a pesar de las aritméticas minoritarias del oficialismo. Apenas el Presidente le ponga el gancho, comenzará a moverse una relojería que la Casa Rosada seguirá con detenimiento para que suceda “lo menos posible” en contra del decreto que siguen redactando en Balcarce 50.

El sábado pasado, ante la Asamblea Legislativa, Milei dijo que le pediría apoyo al Congreso para sellar un nuevo acuerdo con el Fondo. Desde entonces, en el Senado y en la Cámara baja especularon con el proyecto de ley que enviaría el Presidente. Las intrigas no solo giraban en torno al texto. Sino a los anexos y a la letra chica que, según daban por descontado, el Gobierno no iba a compartir. Desde ayer el escenario se dio vuelta: el horizonte se ensombreció para el Congreso, con respecto a su capacidad de controlar el pacto con el Fondo, y se abrió para el Gobierno, empeñado en sortear al Parlamento ante una de las negociaciones más delicadas que tiene Milei para este año electoral.

“Sabemos que en el Senado hay mayoría kirchnerista y sabemos que el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal; por definición, esto se va a demorar, y mucho”, dijo el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para justificar el volantazo en la estrategia legislativa del Gobierno. El cambio no es menor, porque con un DNU, los tiempos se estiran tanto como los movimientos del Ejecutivo para sobrevender expectativas en torno a un acuerdo con el Fondo cuyos detalles se desconocen. La ley 27.612, “de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública”, data de marzo de 2021. Establece que las operaciones de endeudamiento externo tienen que contar con una ley del Congreso, pero nada dice de un DNU. Con ese hueco, se abre otra ventana para el Ejecutivo. Le permitirá aprovechar los plazos que establece la ley 26.122. Desde que Milei firme el DNU, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tendrá diez días por delante para presentarlo al Congreso y luego correrán otros diez días para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo lo trate. Si no lo hace, recién entonces, cualquiera de las dos cámaras quedará habilitada para tratar el texto directamente en sus recintos y aceptarlo o rechazarlo. Ahí radica la capacidad de blindaje de la ley 26.122, porque para que un DNU caiga, necesita el rechazo del Senado y de Diputados, pero para mantenerse vigente alcanza con la ratificación de alguna de las dos cámaras.

La Bicameral de Trámite Legislativo es presidida por el riojano Juan Carlos Pagotto, uno de los seis integrantes que tiene el oficialismo en el Senado. Podría estirar los plazos y no activar una comisión donde la oposición podría reunir las firmas suficientes para dictaminar en contra del DNU. La decisión no está tomada y será un examen de la relación con el Fondo, pero es precisamente lo que hizo Pagotto con el DNU 70/23, el decreto insignia del Gobierno que tuvo ese trámite sinuoso. El riojano frenó todo lo que pudo y el decreto fue tratado de oficio en el Senado, donde fue rechazado con un número que le generó la primera conmoción interna al Gobierno. La sangre no llegó al río, porque el rechazo fue girado a Diputados, donde nunca se cristalizó la otra parte. Distinta fue la suerte del DNU 656/24, que el año pasado buscó aumentar en 100 mil millones de pesos los fondos para la SIDE y las dilaciones no fueron útiles. Ambas cámaras lo rechazaron y dejaron sin efecto un DNU por primera vez desde que rige la ley 26.122. Entre el respiro del DNU 70/23 y la caída del 656/24 se definirán los estrechos márgenes que tendrá el decreto que Milei aun no firmó. “No rechazar un DNU no equivale a una aprobación del Congreso”, opinó el senador Martín Lousteau, titular del Comité Nacional de la UCR. Opinó que “es un peligro”, porque el Ejecutivo quiere mandar el DNU y tratarlo a libro cerrado.