La oposición presiona con el DNU de deuda para destrabar el Presupuesto
Para el martes fue convocada una sesión en la que el kirchnerismo junto con el bloque de Pichetto y los radicales disidentes amenazan con voltear el DNU de Milei que le permite canjear deuda sin pasar por el Congreso.
La oposición en Diputados se jugará el martes que viene un último recurso para intentar reencauzar la discusión del Presupuesto 2025, que hoy por hoy se encuentra en un virtual “default”.
Para ese día, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (los radicales disidentes) pidieron una sesión especial con un único objetivo: voltear el DNU 846/24 que firmó el presidente Javier Milei para evitar que el Congreso tenga que autorizar cualquier operación de canje de deuda.
Es decir, que sea una facultad exclusiva del Ejecutivo y que no haya intermediarios al momento de llevar a cabo cualquier intercambio. La idea es presionar al Gobierno para que habilite el debate por el Presupuesto 2025 que ya salió de los canales legales para su tratamiento.
Si se pretende debatir, el Gobierno tendrá que incluirlo en extraordinarias y volver a activar una maquinaria que el propio José Luis Espert frenó el martes pasado al suspender la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que se esperaba tener dictamen.
No será el primer intento de la oposición por derribar este DNU. Hace dos semanas ya hubo una movida, pero que fue dada de baja por orden de los gobernadores que no querían embarrar la cancha en el medio de las discusiones sobre las partidas para el año que viene. Sin embargo, la negociación se trabó y tampoco pudieron pegarle al Gobierno.
“Cayeron en la trampa”, fue uno de los comentarios que se repitieron en el Congreso porque, por el momento, parecen haberse quedado sin nada. Sin embargo, en la oposición aclaran que eso no es así, que se tata de una herramienta que sigue vigente para poder presionar a un oficialismo que no cede. En ese contexto, el martes será el primer test de varias instancias encadenadas que se desplegarán antes del viernes 29, último día hábil de las sesiones ordinarias.
Para el miércoles, en tanto, fue pedida para el mediodía una segunda sesión para intentar alcanzar la media sanción de la ley de prevención de ludopatía y la regulación de juegos de azar, un tema que generó una fuerte discusión en el debate en comisión y que toca intereses empresariales de distintas áreas.
El pedido fue encabezado por la diputada Mónica Frade, y también lleva firmas de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la izquierda. El asunto también es seguido de cerca por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social que a través de una carta a Martín Menem pidió de manera especial que haya un tratamiento concreto del proyecto. “En la votación sabrás quién es quién. Paremos las apuestas en línea y en el deporte, Paremos con la publicidad que invita a un camino sin retorno. Por la salud de todos”, arenga por redes sociales Frade.
A su vez, se suma para el jueves un tercer pedido de sesión por parte del PRO para intentar sacar antes de fin de año la media sanción de Ficha Limpia.
El bloque de Cristian Ritondo no se quiere ir con las manos vacías después de haber acompañado a un oficialismo en minoría, aunque el jueves pasado no logró reunir el quórum por tan solo una banca. “Los logros del Gobierno no existirían sin el PRO”, remarcó ayer Ritondo, quien al mismo tiempo aclaró que “si hay muchas de las cosas que dice el Gobierno que nosotros proponíamos es lógico que tenemos que acompañar”.
El éxito de la convocatoria del jueves lógicamente dependerá del desenvolvimiento de los hechos previos y solo habrá lugar para la aprobación de estos asuntos electorales si se terminan de cerrar los temas económicos que son prioritarios para quienes comandan los ejecutivos provinciales.
Como trasfondo de todo el raid de sesiones figura el Presupuesto 2025, en una lucha permanente de la oposición y los gobernadores para que no vuelva a ser prorrogado como en la edición 2024. Ante ese panorama podría gestarse una nueva reunión de mandatarios bajo la premisa de que solo si hay acuerdo el Gobierno está dispuesto a llamar a extraordinarias. De cualquier otra manera, el debate quedará para marzo con un final incierto.
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