La ley Bases llega al recinto aunque sin garantías sobre artículos en discusión

A seis meses exactos de la llegada de Javier Milei al Gobierno, el oficialismo finalmente llevará el proyecto de la ley Bases al recinto del Senado el próximo miércoles 12, aunque sin tener garantizado en general la aprobación de todos los artículos en particular.

El texto que vino de Diputados sufrió modificaciones en la discusión en la Cámara alta por lo que forzosamente el texto deberá regresar a la cámara de origen, con la posibilidad de ratificar esos cambios o de insistir con el texto original.

En su nuevo rol de jefe de Gabinete, Guillermo Francos siguió aceitando en los últimos días el vínculo con los gobernadores, garantes en última instancia de que el Gobierno logre el objetivo de tener que aprobar su primera ley.

En ese contexto, ayer Francos recibió al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ante quien se comprometió a traspasar obras nacionales a la jurisdicción provincial para poder finalizarlas. El lunes Francos cerró acuerdos con los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Chaco, Leandro Zdero. Esta situación tiene que ver además con que el Gobierno se salteó la aprobación del Presupuesto 2024, por lo que la definición sobre ciertas partidas para obras públicas y actualización de montos quedó en manos de definiciones discrecionales por parte del gobierno central. Francos también estuvo con Martín Llaryora, el mandatario de Córdoba, sin traspaso de obras concretado hasta el momento, y lo propio hizo con Ignacio Torres de Chubut y de Rolando Figueroa de Neuquén.

Precisamente estas tres provincias son de las que resultan más estratégicas para la captación de votos por tener varios de los senadores que se manifestaron en duda frente a la votación. Con otro que tuvo contacto fue con Osvaldo Jaldo, aliado de la última hora pero que no tiene bajo su órbita el voto de Juan Manzur, integrante del bloque de UP.

Desde la oposición, el diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner pidió eliminar el capítulo del proyecto de ley Bases que establece un régimen de inversiones denominado RIGI que será debatido por el Senado y advirtió que “si esto se aprueba en tres años si el pueblo argentino decide dar marcha atrás no vamos a poder porque van a definir tribunales extranjeros”.

“No vamos a permitir extorsiones”, dijo Zago sobre los cambios pedidos

El régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) es uno de los puntos centrales del proyecto de ley Bases para atraer inversiones extranjeras enfocados en grandes emprendimientos petroleros mineros, donde existan inversiones con un piso de 200 millones y a cambios los inversionistas tendrán beneficios en el IVA y Ganancias.

Incluso desde los sectores dialoguistas se pidió tener en cuenta el impacto sobre las pymes, aunque no hubo mayores modificaciones. También se mantienen las dudas sobre la delegación de facultades, la aprobación de las privatizaciones y cambios en los procedimientos administrativos del Estado.

Por el oficialismo, el exjefe de bloque de diputados Oscar Zago se quejó: “Tenemos una ley trabada en el Senado y todos los días desplumándola como una gallina. Podemos sentarnos a conversar, pero no vamos a permitir extorsiones”, insistió.

En soledad, Lousteau presentó su propio dictamen con diferencias

El senador de la UCR y presidente del partido a nivel nacional Martín Lousteau presentó ayer un dictamen propio de la ley Bases y otra propuesta para el paquete fiscal, diferenciándose del resto de los colegas de su bloque que suscribieron la alternativa de mayoría impulsada por los libertarios.

Durante el debate, el referente porteño fue tomando cada vez más distancia de la postura del bloque que comanda Eduardo Vischi, en donde incluso hubo algunas firmas en disidencia. Por el momento, el bonaerense Maximiliano Abad fue el único que no firmó ninguna de las alternativas ni presentó un texto propio.

Según los textos a los que tuvo acceso PERFIL, Lousteau elimina las declaraciones de emergencia que propone el Ejecutivo, por lo que tampoco contempla la delegación de facultades para el presidente Javier Milei.

Con respecto al empleo público, el radical propone que no se pueda poner en situación de disponibilidad a agentes que se encuentren de licencia hasta tanto no haya finalizado, a diferencia del dictamen mayoritario que no tiene en cuenta esa salvedad. Defiende además la continuidad de las audiencias públicas para las adecuaciones tarifarias de servicios públicos, un paso que el Gobierno pretende eliminar.

También incorpora cambios respecto al “silencio positivo”, un ítem incorporado en la ley original que causó mucho ruido porque contempla que “la falta de decisión de la administración pública frente a peticiones o recursos presentados por los ciudadanos tenga efecto como si la autoridad las hubiera resuelto de manera favorable”. En este caso, Lousteau propone utilizarlo “de manera excepcional” y elimina esa posibilidad en casos vinculados a la seguridad pública.

Con respecto a las jubilaciones, que no tiene en cuenta la actualización por inflación, el senador pretende que se garantice un aumento para garantizar el poder de compra de diciembre de 2023, cuando cambió el Gobierno y se dio un pico de inflación que no se vio reflejado en los haberes de los jubilados. El dictamen no cambia la discusión en el recinto pero seguramente servirá para poder negociar algún cambio de último momento que incorpore más adhesiones al tablero del final.