La Cámara Federal ratificó la exención de prisión para “Pepín” Rodríguez Simón: dos jueces puestos por Macri tomaron la decisión

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes 31 de mayo la exención de prisión en favor de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, en la causa que lo acusa de haber integrado una presunta asociación ilícita y llevar adelante persecuciones políticas. La decisión fue tomada por dos jueces que llegaron al organismo judicial a través de un decreto del expresidente de Juntos por el Cambio.

Rodríguez Simón se encuentra prófugo en Uruguay desde 2021, cuando la jueza María Romilda Servini lo llamó a indagatoria en el marco de la causa conocida como “mesa judicial”. A principios de este mes hizo lugar al pedido de eximición de prisión que presentó el exasesor macrista para poder volver al país sin ser detenido.

La Justicia levantó la orden de captura de 'Pepín' Rodríguez Simón, pero deberá pagar una fianza millonaria

Esta medida tomada por Servini fue ratificada por los juristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de la Cámara Federal porteña, quienes fueron trasladados a ese cargo por un polémico decreto del expresidente Macri. Por su parte, el tercer integrante de la Cámara, Martín Irurzun, votó en disidencia. 

“Pepín” Rodríguez Simón podrá volver al país sin ser detenido 

“Pepín” Rodríguez Simón lleva fuera del país más de 1200 días. Hoy se encuentra en Uruguay, donde solicitó un asilo político que nunca obtuvo. La Justicia argentina lo investiga bajo la sospecha de que era el "cerebro" durante el gobierno de Juntos por el Cambio para llevar adelante persecuciones a políticos, magistrados, fiscales y empresarios opositores. 

Los problemas del abogado comenzaron en marzo del 2021, cuando la jueza Servini avanzó con una investigación en la que lo acusaba de haber integrado una presunta asociación ilícita. La primera denuncia en su contra la presentó el empresario Fabián De Sousa, que lo acusa de conformar una "banda" para perseguir al Grupo Indalo y en la que habría operado en conjunto con la AFIP y la prensa. 

En mayo del 2021, Servini lo llamó a declarar y Rodríguez Simón no se presentó. Fue entonces cuando la jueza lo declaró en rebeldía y dictó una orden de captura. Antes de que se activara el pedido de detención y extradición de Interpol, el exasesor macrista había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE). Sin embargo, las autoridades nunca le concedieron dicha condición. 

Sobreseyeron a Mauricio Macri, "Pepín" Rodríguez Simón y otros exfuncionarios de Cambiemos

Luego del dictamen de principios de este mes en el que Servini habilitaba al abogado a regresar al país sin riesgo de ser detenido, la Cámara Federal ratificó la medida. Bruglia y Bertuzzi justificaron dicha decisión alegando que “no permaneció oculto” de la Justicia argentina.

“No ha permanecido con paradero desconocido sino que se ha trasladado a la República Oriental del Uruguay -fijando allí domicilio- a los efectos de ejercer un derecho que entendió legítimo, cual fue el de solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado político”, sostuvo el fallo de mayoría.

Y agrega: “Si los justificativos que esgrime aquí para ampararse en el derecho de refugio fueron reales y si Rodríguez Simón es responsable de los hechos que se le imputan en esta causa, lo sabremos y tendrá la respuesta jurisdiccional que corresponda -con todas las instancias de garantía- en el ámbito de este proceso y mediante su debida sujeción al mismo”.

La Corte uruguaya denegó otro pedido de Pepín Rodríguez Simón y lo dejó al borde de la extradición

“Aunque el imputado hubiera tenido intención de presentarse en estas actuaciones al margen de mantener su solicitud de refugiado, ello resultaba imposible de concretarse sin perder la protección de dicho status, en tanto la legislación uruguaya establece el cese de esa condición en el supuesto que el sujeto requirente voluntariamente se establezca en el país que ha abandonado”, justificó el fallo.

La polémica designación de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal

Los camaristas Bertuzzi y Bruglia llegaron a sus puestos de manera polémica a través de un traslado decretado por el expresidente Macri. En 2018 el Gobierno de Cambiemos eligió a los dos jueces que integraban el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 para que formen parte de la Cámara Federal porteña, la cual intervino, entre otras cosas, en varios expedientes de corrupción en los que está acusada la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La medida fue tomada sin el debido proceso ni pasar por la aprobación del Senado, como dicta el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional. Asimismo, en 2020 el Consejo de la Magistratura cuestionó estos traslados y mandó sus pliegos al Ejecutivo, el cual los envió a la Cámara alta del Congreso. 

El Senado rechazó los traslados de estos jueces, que tuvieron que dejar su tribunal, una decisión que dio lugar incluso a marchas en defensa de los juristas. Bruglia y Bertuzzi recurrieron a la Justicia para que no se los apartara de los cargos a los que habían sido trasladados. Tras una negativa en primera instancia, fueron vía per saltum a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Se realizó el examen para cubrir las vacantes de Bruglia y Bertuzzi

Finalmente, la CSJN optó por lo que se llamó “salida intermedia”, resolviendo que deberán dejar los tribunales a los que fueron trasladados los camaristas, pero disponiendo que provisoriamente permanezcan en esos cargos hasta que se ocupen por la vía correspondiente. Asimismo, sostiene que son válidos todos los actos procesales dictados por los jueces.

La legislación sostiene que para designar jueces en los tribunales federales inferiores se debe abrir un concurso en el Consejo de la Magistratura y de los más idóneos se arma una terna vinculante que es enviada al Presidente. El mandatario escoge uno y lo envía al Senado, quienes deben brindar su aprobación mediante una sesión pública. Una vez votado, la Cámara alta lo devuelve al Poder Ejecutivo que firma el decreto designando formalmente. 

RV/ff