Investigan negocios de empresarios en Venezuela

La Unidad de Información Financiera puso el foco en el “clan Levy” encabezado por Juan José Levy, un empresario argentino que hizo fortuna con negocios durante el gobierno de Hugo Chávez y continuaron con Nicolás Maduro.

El organismo que encabeza Ignacio Yacobucci presentó un recurso para que Casación revise la decisión de la sala B de la Cámara Federal en lo Penal y Económico que revirtió el procesamiento del juez Marcelo Aguinsky contra Levy y sus hermanos Alejandro Javier y Carlos Alberto, además de otras seis personas por lavado de dinero.

Los empresarios vendían con sobreprecio diversos insumos a Venezuela, en el marco del fideicomiso bilateral firmado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez hace más de una década y media. Gracias a la llamada “embajada paralela” se vendieron artículos de uso personal desde shampoo y acondicionador de cabello hasta toallas femeninas. No obstante, también se vendieron televisores, antenas, decodificadores y transmisores para TV digital.

El acuerdo de cooperación buscaba impulsar la exportación de productos argentinos a Venezuela. Se recibía combustible de la petrolera estatal Pdvsa y el dinero por esa compra iba destinado a un fideicomiso con el que se pagaban productos que se enviaban a Caracas. Todo el negociado que se calculó en más de US$ 300 millones, se hacía a través de Laboratorios Esme, Corporación Gulfos y Bleu Tel y Grupo Núcleo.

Para el Director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Ezeyza, la decisión de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio es arbitraria porque parte de una premisa equivocada, al entender que las empresas venezolanas que participaron del acuerdo fueron defraudadas cuando en realidad, la defraudación fue contra el Estado argentino, razonamiento que a su entender, “se pierde de vista”.

Ezeyza recordó que en Comodoro Py hay una causa abierta en un juzgado que subroga Ariel Lijo donde se denunciaron hechos de corrupción de funcionarios argentinos junto a Venezuela, cuyas actividades delictivas incluyen la manipulación de contratos públicos, el tráfico de drogas y la utilización del sistema penitenciario para extorsión.

La sospecha es que esa organización tenía el manejo de Pdvsa.

“La denuncia presentada resulta de enorme importancia en el desarrollo de esta causa, pues casi todos los contratos objeto de esta investigación eran abonados a través de los fideicomisos financieros de Petróleos de Venezuela SA”, plantea la UIF.

Según el organismo, el fallo rubricado por Hornos y Robiglio “limita pesquisa y la condena para siempre a transitar en un estado de indeterminación permanente, el cual, si no es revertido, provocará irremediablemente la prescripción de la causa con su consecuente impunidad”.

La causa se vio truncada por la falta de colaboración de la Justicia venezolana a la que el juez Aguinsky le envió más de veinte exhortos que no fueron contestados.

Los camaristas dieron vuelta el procesamiento de Aguinsky usando como argumento un pasaje empleado en otro fallo de 2017, donde sostuvieron que no debe confundirse la sobrefacturación con los precios eventualmente altos en la compra”.

Ahora el recurso será evaluado y de avanzar, será la casación quien le dé la razón a la Cámara en lo Penal y Económico o al juez Aguinsky.