"Horror" y "estafa electoral": duras críticas al Gobierno por la designación de Ariel Lijo a la Corte Suprema

Luego de la decisión de oficializar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto como jueces de la Corte Suprema, diversos referentes políticos opositores y oficialistas salieron al cruce del Gobierno por ser una medida “inaudita”. Sin embargo, todos los dedos apuntaron a Lijo.

Es por esto que legisladores de distintos espacios coincidieron en que designar a nuevos integrantes de la Corte Suprema por decreto es una "mala decisión" del Gobierno y anunciaron que no se avalará esa determinación del Poder Ejecutivo.

Una de las referentes que se expresaron en contra de la medida fue Elisa “Lilita” Carrió, quien a través de su cuenta de X (ex Twitter) manifestó: "Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror. En cuanto a Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional”.

Del mismo espacio, se pronunció el diputado Juan Manuel López, también en sus redes sociales: “Forzando la Constitución, Milei busca garantizar su impunidad y la de su hermana con Lijo en la Corte. Pero tarde o temprano será extorsionado. Pobre pueblo argentino, condenado a peregrinar por justicia. El Senado aún puede decir #LijoNo”.

Un posteo que no sorprende es el del senador libertario Francisco Paoltroni, quien también mostró su escepticismo con respecto al nombramiento de Lijo. En su caso, eligió hacerlo mediante un video. En agosto de 2024, Paoltroni fue expulsado de La Libertad Avanza por mostrarse públicamente en contra de la postulación de Lijo y muy crítico hacia Santiago Caputo.

“El nombramiento del juez Lijo por decreto representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente. Festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente. Lamentable”, escribió en el mismo tweet. 

Otros parlamentarios que rechazaron la medida fueron Bartolomé Abdala y José Mayans, de La Libertad Avanza y el peronismo, respectivamente; y los diputados Silvia Lospennato (Juntos); Karina Banfi (UCR) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), quienes definieron el decreto como una "mala decisión" y anticiparon que no la respaldarán desde sus bancas.

Lospennato sostuvo que, para manejar su agenda, el Poder Ejecutivo "necesita algunas leyes, no todas, pero las más importantes son las que la Constitución, por suerte, prohibió que no se hagan por ley".

Mayans destacó que el Congreso tiene la potestad exclusiva sobre ciertos asuntos, los cuales no pueden ser abordados mediante un decreto. En este sentido, advirtió que no es posible que se impongan decisiones a través de este mecanismo. Además, criticó las estrategias del Poder Ejecutivo para imponer la agenda del año pasado, señalando que el Gobierno intentó violar la Constitución. Según él, el Decreto 70, relacionado con la ley Ómnibus, resultó ilegal al intentar modificar 300 leyes y derogar 82, asumiendo atribuciones que no le corresponden, lo que llevó al fracaso de la iniciativa por estar en conflicto con la Constitución.

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El legislador alertó también sobre la grave situación de no contar con un Presupuesto nacional, ya que consideró que la falta de esta herramienta vital lleva a un Gobierno sin rumbo claro. Según Mayans, esta falta de planificación se está reflejando en el presente, afectando el rumbo del país. 

En paralelo, Massot criticó otro proyecto del Ejecutivo, como la presentación del RIGI a 30 años, calificándolo como un "error" del Gobierno al no haber intentado llegar a un acuerdo con la oposición. Para  Massot, este tipo de decisiones, aunque legales, carecen de legitimidad debido a la falta de consenso.

"Nombrar jueces por decreto es una maniobra antidemocrática. El gobierno hace lo de siempre: avanza e impone hechos consumados, como con el resto de su política. En este caso es inconstitucional y un problema político. La pregunta es qué vamos a hacer", cuestionaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y ex camarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar, expresó que “la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un grave retroceso institucional, afecta seriamente la independencia judicial, y significa desconocer los fundamentos que dan facultad al presidente para designar durante el receso”.

Para el reconocido letrado los argumentos que se dieron en el comunicado del Gobierno "son absolutamente inatendibles". "No es que el Senado tenga la obligación de prestarle acuerdo al presidente de la República, tiene que llegar a un consenso respecto de los nombres, por eso se exige una mayoría tan calificada. Pero no es que el presidente les dio la oportunidad, y como no le prestaron el acuerdo, puede hacerlo por decreto”, remarcó.

¿Qué es lo que convierte a Lijo en un juez polémico?

En los últimos años, los hermanos Lijo fueron objeto de diversos apodos como "los hermanos Lujo" y "los hermanos valijo", en referencia a supuestos gustos por lo caro y lujoso. Y es que la relación de Lijo con el Poder Judicial comenzó en la década de 1990, cuando trabajó en la vocalía de la camarista Luisa "Piru" Riva Aramayo, acompañado por su cuñado y compañero de trabajo, el exjuez Gabriel Cavallo. Más tarde, Cavallo asumió la titularidad del juzgado federal Nº 4 y, en 2004, Lijo ocupó el puesto que había dejado vacante su cuñado.

Su carreraen el ámbito judicial estuvo acompañada por un crecimiento paralelo en los negocios de su hermano Freddy Lijo, quien en ese período se dedicó a la cría de caballos, fundó una aseguradora y creó sociedades en el extranjero. Durante esos años, los hermanos Lijo organizaban torneos de truco en la casa de Freddy, ubicada en el Country Abril, donde solían asistir jueces y agentes de la SIDE, como Leonardo Bergroth, quien fue uno de los que viajó a Lago Escondido con jueces, funcionarios y directores del Grupo Clarín. 

Las cuestiones “extrañas” quedaron en evidencia durante el juicio de destitución al excamarista Eduardo Freiler, cuando la exesposa de Freddy, María Carla Lago, reveló detalles sobre los negocios que tenía su exmarido.

Una de las sorpresas de su testimonio fue que Lago tenía a su nombre una flota de teléfonos Nextel que eran usados por Freddy, Ariel Lijo, Gabriel Cavallo y el fiscal Eduardo Taiano. Tras el escándalo, todos los implicados cambiaron sus dispositivos. Freddy Lijo siempre fue visto en Comodoro Py como un operador judicial clave. En diciembre de 2014, cuando el sistema de inteligencia del Gobierno de Cristina Kirchner se desplomó tras la salida de Antonio “Jaime” Stiuso de la Secretaría de Inteligencia y la caída de Javier Fernández, Lijo se presentó como el nuevo operador judicial del Gobierno.

TC / GI / ML