Familiares de los detenidos frente al Congreso reclamaron por irregularidades en los arrestos

Familiares de los 33 detenidos en la protesta durante el debate de la Ley Bases en el Senado denunciaron que fueron trasladados a penales federales bajo órdenes del fiscal Carlos Stornelli. Parte de la larga lista de detenidos la conforman vendedores ambulantes, personas en situación de calle y estudiantes universitarios, todos acusados de delitos graves como "terrorismo" y "sedición".

El hecho ocurrió en el marco de denuncias por irregularidades en los arrestos que realizaron de las fuerzas federales, incluyendo detenciones arbitrarias, imposición de cargos desproporcionados y falta de transparencia, en un escenario preocupante que emula a tiempos más oscuros del país.

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El pasado miércoles se vivió una jornada de máxima tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando la violencia se apoderó de las calles pasadas las 16 a pesar de que hasta el momento la protesta contra la Ley Bases se había desarrollado de forma pacífica.

En un contexto dudoso y en medio de denuncias de presuntos "infiltrados" para generar caos, efectivos de las fuerzas de seguridad al mando de Patricia Bullrich -algunos vestidos de civil- detuvieron a 33 personas durante la protesta cuya atención mediática estuvo puesta en imágenes impactantes como autos incendiados y la represión policial.

Bajo el impulso de desinformación que se difundió en las redes sociales, lo que fue respaldado por el gobierno de Javier Milei en un comunicado, el fiscal federal Carlos Stornelli no dudó en pedir prisión preventiva para los detenidos, acusándolos de "sedición" y "terrorismo", entre otros 15 delitos contra el orden público.

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Familiares reclamaron por los detenidos en la protesta contra la Ley Bases

Desde entonces pasaron dos días y la preocupación creció entre los familiares de los 33 detenidos que provienen de distintos orígenes. La lista, en tanto, incluye a activistas sociales, estudiantes, delegados gremiales y hasta un vendedor de empanadas, identificado como Remigio Ramón Ocampo, de 64 años, que fue detenido con su familia, incluida su nieta de 18 años.

"Los policías se le tiraron encima y mis hijas fueron a buscarlo", explicó Leonor Albornoz, la esposa del vendedor ambulante. La mujer explicó que se lo llevaron a Marcos Paz, mientras que a su hija Belén Ocampo (28) y su nieta Mía (18), ambas de apellido Ocampo, se las llevaron al penal de Ezeiza.

En diálogo con la prensa, algunos familiares denunciaron que estas personas fueron sometidas a interrogatorios en los tribunales porteños de Comodoro Py y trasladados a penales federales de màxima seguridad, luego de que el fiscal dictara la prisión preventiva. Uno de los casos más resonantes fue el de Santiago Adano, músico y activista social, que fue detenido mientras estaba por salir a la boca del subte y trasladado al penal de Marcos Paz.

"Él estaba parado en la vereda entre la gente cuando sale del subte y lo agarran policías de civil por detrás y lo tironean y se lo llevan detenido. Lo empiezan a arrastrar. Así fue como nos enteramos. Lo arrastraron entre 30 policías, lo asfixiaron. Está con la cara roja. Tanto es así que él se descompuso", relató su hermana Lucila en AM750.

"Mi hermano que no hizo nada está en Marcos Paz, Santiago estaba ahí porque mi vieja es jubilada. Estamos pidiendo que se acerquen a Comodoro Py por todos los detenidos injustamente", dijo a Futurock.

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Los detenidos provienen de una variedad de orígenes y situaciones sociales. Por ejemplo, Lucas Ezequiel Bálsamo y Dylan Gustavo Gómez fueron arrestados por la Policía Federal por su presunta participación en un robo en un vehículo incendiado durante las protestas. David Sica, quien se encontraba en situación de calle, también fue detenido durante los disturbios.

Otros casos incluyen el de Cristian Fernando Valiente, un ex trabajador de supermercado que fue arrestado con una lata de gas antitumultos, y Patricia Daniela Calarco Arredondo, quien enfrenta acusaciones de incendiar bicicletas del Gobierno porteño. 

También hubo tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín detenidos, Sasha Iyardet, Camila Juárez y Nicolás Mayorga. "Camila fue cazada literalmente junto a dos compañeros más de la UNSAM. Es alumna de UNSAM, cursa el último año de sociología", Silvia, mamá de Camila Suárez.

El futuro de los detenidos en manos de María Servini

La jueza María Servini aceptó el caso e interrogó a los primeros diez detenidos bajo la órbita federal. Tras largas audiencias, las defensas solicitaron la liberación de los detenidos, dejando la decisión final en manos de Servini, quien deberá emitir su veredicto durante el transcurso del día de mañana.

Mientras tanto, la jueza tiene por delante indagar a otros 23 acusados que estaban bajo la órbita de la Justicia porteña pero se acumularon a su causa y por eso quedó ella como única magistrada a cargo de los 33 detenidos totales.

Los presuntos delitos tienen que ver con resistencia a la autoridad, lesiones, daños y atentar contra el orden constitucional. En ese sentido, el fiscal Carlos Stornelli pidió a la jueza que continúen detenidos lo que está pendiente de resolución.

El fiscal Stornelli argumentó que los eventos del miércoles fueron llevados a cabo de manera organizada, con la intención de perturbar el orden constitucional y la vía democrática. Sin embargo, muchos cuestionan la veracidad de estas afirmaciones, especialmente considerando la diversidad de perfiles de los detenidos, que incluyen a miembros de sindicatos, estudiantes universitarios e incluso delegados docentes.

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Ola de críticas por los detenidos

Estos arrestos y las acusaciones generaron una ola de críticas y denuncias por parte de organizaciones y sindicatos, quienes pidieron la liberación de los detenidos argumentando que se trata de una persecución política.

"Reclamamos a las autoridades de los tres poderes de la Nación que se garanticen las condiciones básicas de tolerancia y de libre expresión y la posibilidad de manifestación que exige la convivencia democrática", dijo Carlos Greco, rector de la casa de la Universidad de San Martín, la casa de estudios de cuatro jóvenes detenidos.

También hubo referentes de todo el arco político que se pronunciaron sobre las detenciones. Entre ellos, Matías Lammens, exministro de Deportes y actual legislador porteño. "Durante ayer y hoy escuché testimonios de allegados a personas que fueron detenidas en la marcha del jueves de manera absolutamente arbitraria, vendedores de empanadas con su familia, un pibe que es parte de una asamblea barrial que se estaba yendo de la marcha, y como estos ejemplos varios más", dijo en un tuit.

"Es claro que lo que buscan es intimidar y desmovilizar a quienes protestan pacíficamente. Dejen de fantasear con terroristas y golpistas, gobiernen para todos los argentinos, respeten la Democracia y liberen hoy mismo a los detenidos", continuó el legislador de Unión por la Patria.

La insólita postura oficial sobre la protesta contra la Ley Bases: "Golpe de estado moderno"

Finalmente el presidente Javier Milei logró su primer triunfo legislativo en el recinto de la Cámara de Senadores el miércoles pasado por la noche. Puertas afuera, continuaban los disturbios en las inmediaciones del Congreso, donde horas antes las fuerzas de seguridad reprimieran con camiones hidrantes y restos de gas pimienta que escalaron al palacio legislativo, según testigos.

En medio se desató la polémica por los supuestos infiltrados a la protesta. Según imágenes difundidas en redes sociales, se vieron casos de supuestos manifestantes violentos que pasaron el vallado con la complicidad de efectivos policiales. U otros que en algunas tomas se los vio rompiendo veredas y luego como parte de los oficiales (pero vestidos de civil).

Más allá de las interpretaciones, la represión y las condiciones de los arrestos, el Gobierno aprovechó para catalogar a los manifestantes durante el debate de la ley bases como "terroristas" que intentaban realizar un "golpe de estado", palabras cargadas de contenido en un país donde hubo seis golpes de estado seguidos de dictaduras militares.

"La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina", publicó la cuenta oficial de Presidencia.

La responsable del operativo, Patricia Bullrich, respaldó oficialmente la postura del gobierno. En sus declaraciones, describió los acontecimientos como un "golpe de Estado moderno", caracterizándolo como "un constante desgaste destinado a debilitar al Estado y minar su capacidad de acción". 

CD CP