Las apps deberán poner en blanco a repartidores de delivery según un proyecto de ley que tiene críticas

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que busca regularizar y mejorar las condiciones laborales de los repartidores de las aplicaciones de delivery y otras actividades similares. Se trata de una iniciativa que volvió a encender la polémica en territorio bonaerense en relación a la responsabilidad de las plataformas sobre sus trabajadores. 

El proyecto cuya autoría es del senador Omar Plaini (Frente de Todos) plantea la creación de un registro de trabajadores y de los vehículos en los que se movilizan, sean autos, motos o bicicletas. También establece que las personas jurídicas, empleadores, prestadores o aplicaciones móviles tendrán que inscribir a sus trabajadores quienes contarán con un certificado habilitante para ejercer las tareas de reparto. 

A su vez, el Gobierno provincial deberá definir una autoridad de aplicación de la normativa que fijará las condiciones de inscripción, identificará a los trabajadores, sus vehículos y controlará las condiciones laborales. 

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En tanto, otro de los ejes aprobados por el Senado y que ahora revisará la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires es que los empleadores, personas jurídicas o plataformas deberán denunciar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para sus empleados al igual que los horarios de conexión y desconexión. 

El proyecto se mete en una discusión álgida que tuvo lugar con la explosión del fenómeno de las aplicaciones como Rappi o Pedidos Ya, que ofrecen una variedad de beneficios laborales tales como la flexibilidad horaria, por ejemplo. Sin embargo, no tardaron en aparecer las críticas y la presión para que la actividad se regule para que los trabajadores y trabajadoras tengan acceso a una cobertura médica y reconocimiento formal por parte de sus empleadores. 

En términos materiales, la normativa aprobada por el Senado busca que los repartidores dejen de ser autónomos para pasar al reconocimiento por parte de sus empleadores.

Qué dice el proyecto

La iniciativa consta de 12 artículos, partiendo del primero que establece la creación de un Registro Provincial, Único y Obligatorio de trabajadores y trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP).

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Ahí deberán registrarse las actividades deberán registrarse las actividades "que comprendan a todas aquellas diligencias, transporte, entregas y/o retiro de sustancias alimenticias, elementos varios, correctamente embalados y sellados, hacia terceros realizadas en automóvil, motovehículo y/o bicicleta rodada".

De aprobarse la iniciativa sin modificaciones, algo que está en dudas porque tiene algunos rechazos, el Ejecutivo fijará las condiciones de inscripción, identificará a las personas jurídicas empleadoras, controlará las condiciones del servicio y el cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva la actividad. 

Por otra parte, se exigirá a los empleadores que fijen la ART y los horarios, tal como se especificó anteriormente. 

"Es necesario que la provincia de Buenos Aires cuente con un Registro Único y Obligatorio para saber de quiénes estamos hablando cuando hablamos de trabajadores que usan estas aplicaciones", dijo Plaini durante la sesión de la semana pasada. 

La crítica: "Un proyecto absurdo y contraproducente"

Los debates en torno a este tipo de actividades y sus legislaciones siempre traen choques de concepciones. Ocurre que mientras hay sectores que empujan para que la actividad se enmarque en las leyes laborales, otros piensan que se trata de actividades no tradicionales como cualquier otro empleo. En el medio, las personas que encuentran esa salida como la única opción laboral de la crisis económica. 

Uno de los que criticó la medida fue el diputado provincial por Avanza Libertad, Guillermo Castello, quien adelantó que votará en contra de la iniciativa cuando se trate en la Cámara Baja. "Le van a cortar la posibilidad a muchas personas de generarse ingresos, de manera flexible en cuanto a dedicación y franja horaria. Es un gran ejemplo del odio a la libertad y el amor a la burocracia", consideró. 

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De acuerdo a lo que difundieron desde su entorno, el diputado cree que el proyecto podría afectar las condiciones laborales y "la competitividad de unos 80 mil bonaerenses, ya que incluye además a mensajeros y repartidores tradicionales".

Así las cosas, Castello señaló que se trata de un "proyecto absurdo, inconstitucional y contraproducente". "Son prestadores de servicios, con lo cual solo se logrará que haya menos contratados por los costos adicionales y por el riesgo de la industria del juicio laboral. Le van a cortar la posibilidad a muchas personas de generarse ingresos, de manera flexible en cuanto a dedicación y franja horaria", dijo.

Para el diputado, el proyecto va en contra de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual "los repartidores serán empleados de un lado de la General Paz y autónomos del otro lado". 

Finalmente, Castello resaltó que en Suiza se aprobó una ley similar y un 80% de los repartidores abandonó la app Uber Eats. "Son medidas que terminan atentando contra la ciudadanía”, opinó.

AS / MCP