El Presidente vuelve a depender de un Congreso cuestionado

El próximo martes el Congreso entrará en la cuenta regresiva hacia la finalización de las sesiones ordinarias el 30 de noviembre. Dos meses para intentar cerrar una multiplicidad de temas y conflictos, que sin dudas dejan un final abierto sobre cuál será la cosecha del oficialismo. Se trata de un Congreso que viene lastimado, después de varios episodios que lo pusieron en la mira como la visita de los legisladores libertarios a Ezeiza, el transfuguismo de cinco radicales para acompañar el veto presidencial al aumento jubilatorio o el reciente apuro del oficialismo por privatizar Aerolíneas Argentinas, en el marco de un interminable conflicto.

A partir de mañana, el oficialismo buscará aprobar la Boleta Única de Papel para poder ponerla en práctica en las elecciones legislativas de 2025. La agenda electoral fue una de las que más le costaron al Gobierno, que debió resignar la posibilidad de suspender las PASO y que tiene todavía en carpeta el proyecto auspiciado más que nada por el PRO para incorporar la “ficha limpia” por corrupción a quienes quieran ser candidatos. Para el martes fue convocada una sesión especial en la que será el tema protagonista. Ficha limpia quedó afuera porque, según aseguran en el oficialismo, se alargaría demasiado la sesión. Lo cierto es que los apoyos para uno y otro proyecto no son equivalentes y a la BUP solo le resta el OK de Diputados después de varios cambios que se introdujeron en el Senado. Uno de ellos, precisamente, es el de la eliminación del casillero para poder votar la lista completa, auspiciada por gobernadores de partidos provinciales que quieren seguir teniendo chances con sus propias alternativas.

“De una u otra manera, Boleta Única tiene que salir, es la prioridad”, señalan los aliados al oficialismo, que anticipan que el asunto se terminará de resolver el lunes en la reunión de comisiones. Innovación Federal, el bloque que representa a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, reiteró el aval a la posición aprobada en el Senado, aunque en el oficialismo y afines la intención es insistir con la propuesta original.

Con la convocatoria a la sesión del martes, se postergó para el 8 de octubre el inicio del tratamiento del Presupuesto 2025. No se trata solo de una cuestión de agenda, sino la sucesión de asuntos encadenados que tienen su desembocadura en la planificación del año próximo. Uno de ellos es el veto al financiamiento universitario que todavía no fue concretado y cuya fecha límite es la medianoche del 3 de octubre, cuando se cumplen los diez días hábiles desde la comunicación del Senado al Ejecutivo sobre la aprobación de la ley.

El jueves pasado, el Gobierno citó sorpresivamente a las universidades para una reunión paritaria en la que les ofreció el 6,8% de aumento salarial para equipararlos con el resto de los empleados estatales, lo cual fue rechazado porque la negociación que se está realizando por distintos carriles no solo tiene en carpeta los sueldos sino las partidas globales para el nivel universitario. Dentro de esas conversaciones está la decisión del Gobierno nacional de no tener en cuenta la ley de financiamiento educativo que contempla que debe destinarse el 6% del PBI total proyectado para un determinado año. Por eso, la decisión de Diputados en principio de intentar insistir con la ley aprobada en el Congreso está atada a qué números está dispuesto a negociar el Gobierno en el Presupuesto. En un documento interno de la UCR sobre el Presupuesto al que tuvo acceso PERFIL también se señaló con preocupación que el texto dispone que las universidades deben remitir informes detallados sobre la utilización de los fondos otorgados, con la amenaza de “interrumpir” las partidas en caso de no cumplimiento. “Esta exigencia no estuvo presente en presupuestos anteriores, y su implementación podría afectar la autonomía universitaria”, dicen los radicales en el documento, quienes pican en punta en las conversaciones con el oficialismo para que el nivel superior se lleve la mayor tajada posible.