El peronismo quiere explicaciones de Mariano Cúneo Libarona tras el fallo de Ariel Lijo que protege espacios de la memoria
El juez federal, postulado por el oficialismo como candidato a la Corte Suprema, impidió el recorte en el área de Derechos Humanos. Esta decisión fortalece su camino hacia el máximo tribunal, donde requiere el apoyo de los senadores peronistas.
El diputado Eduardo Toniolli, del bloque de Unión por la Patria (UxP), presentó un pedido de interpelación al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El objetivo es obtener detalles y explicaciones sobre los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
El pedido de interpelación de Toniolli cuestiona lo que considera un “vaciamiento y degradación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. El legislador también señaló que la Comisión Provincial por la Memoria denunció actividades de inteligencia ilegal durante un evento realizado en la ex ESMA en diciembre de 2024.
En declaraciones a TN, Toniolli expresó: “El fallo del juez Ariel Lijo es correcto, va en línea con lo que venimos sosteniendo. Pretendemos que los funcionarios den explicaciones por los despidos y por el desguace y desfinanciamiento que están llevando adelante en materia de derechos humanos”.
El diputado detalló que, al inicio de la gestión, la Secretaría de Derechos Humanos contaba con 1.050 trabajadores, pero al 8 de enero de 2025 el número se redujo a 540. “Ninguna de las personas despedidas fue reemplazada, por ende, las tareas se dejaron de hacer o tuvieron que ser asumidas por otros trabajadores”, señaló.
Toniolli destacó que los despedidos incluyen empleados con hasta 30 años de antigüedad y formación diversa, como abogados, sociólogos, psicólogos, comunicadores y educadores.
El legislador subrayó los hitos históricos en la política de derechos humanos en Argentina, como el trabajo de la CONADEP y el Informe Nunca Más (1984), el Juicio a las Juntas (1985), y los juicios por crímenes de lesa humanidad en tribunales de todo el país. Además, recordó la jerarquía constitucional otorgada a los tratados internacionales de derechos humanos en la reforma de 1994 y la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2003.
Según la Constitución Nacional, ambas Cámaras pueden solicitar informes a los ministros del Poder Ejecutivo. Para que el pedido de interpelación prospere, el proyecto deberá ser aprobado por el cuerpo legislativo.
La actuación del juez Lijo en la cuestión de los Derechos Humanos
En paralelo, la justicia intervino en el tema. En un fallo que podría impactar en su postulación a la Corte Suprema, pero que contradice el plan del Ejecutivo Nacional, el juez Ariel Lijo ordenó preservar los espacios de la memoria y mantener al personal que trabaja en estas áreas.
Según la resolución del magistrado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación debe “arbitrar los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de memoria que funcionan en los ex Centros de Detención y Tortura Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos permanezcan en funcionamiento”.
El fallo también incluyó la preservación de archivos y documentación, así como la continuidad de las tareas de investigación y las actividades pedagógicas en los espacios mencionados.
La medida judicial surge a raíz de una denuncia penal presentada por la legisladora porteña Victoria Montenegro contra el ministro de Justicia y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. Montenegro afirmó que se busca evitar el “desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos”.
Trabajadores de los espacios de memoria denuncian precarización e incertidumbre
Montenegro, hija de desaparecidos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura porteña, afirmó: “La justicia le ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos que garantice el funcionamiento de los sitios de la memoria. Muchas de las tareas estaban afectadas por los cientos de despidos que decidieron Alberto Baños y Mariano Cúneo Libarona. Frente a la avanzada de este Gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
Ariel Lijo, el fallo contra Cúneo Libarona y su postulación a la Corte Suprema
El juez Ariel Lijo, candidato del oficialismo a la Corte Suprema, está próximo a ser evaluado en el Senado. El tratamiento de su pliego fue habilitado por el presidente Javier Milei en la convocatoria a sesiones extraordinarias que comenzarán el lunes 20 de enero.
El pliego de Lijo cuenta con las nueve firmas necesarias en la comisión de Acuerdos. Entre los firmantes figuran senadores de distintos espacios políticos, incluidos Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), Carlos Espínola y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas), Beatriz Ávila (PRO), y varios representantes de Unión por la Patria.
El juez necesita el respaldo de dos tercios del Senado, donde el kirchnerismo tiene 34 de los 72 legisladores.
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