El Gobierno revocó la cesión de tierras a mapuches en Mendoza: "Estaban en manos de terroristas"

El Gobierno revocó este miércoles la cesión de más de 25 mil hectáreas ubicadas en la provincia de Mendoza a comunidades mapuches, a través de un decreto en el Boletín Oficial. Las tierras habían sido entregadas durante la gestión de Alberto Fernández en 2023, cuando reconoció ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado, en los departamentos de Malargüe y San Rafael, una zona estratégica debido a su potencial desarrollo minero.

“La decisión -que se conoce en medio de la reaparición de la violencia en la Patagonia, con incendios intencionales-” se formalizó a partir de tres resoluciones firmadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que encabeza Claudio Avruj, y que fueron publicadas en el Boletín Oficial.

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Las resoluciones dieron lugar al pedido de nulidad presentado por la provincia de Mendoza y anularon el reconocimiento de la ocupación de tierras por parte de grupos que se identifican como mapuches. Las comunidades afectadas son Lof El Sosneado, en San Rafael, y Suyai Leufu, en el paraje Los Molles, en Malargüe. La asignación de estos territorios, realizada en enero de 2023, generó un inmediato rechazo por parte del gobierno provincial.

"Los territorios que estaban en manos de terroristas vuelven a estar en manos de los argentinos. Además se anuló el programa de fortalecimiento comunitario que permitía que quienes se disfrazaban de indígenas contactaran abogados para que los representen en conflictos", celebró el vocero presidencial, Manuel Adorni. "Estas medidas son en defensa de todos los argentinos y en contra de aquellos que no respetan la bandera argentina y quieren apropiarse de nuestro territorio", añadió.

Por su parte, la provincia de Mendoza compartió la noticia a través de un comunicado oficial, donde recordó que el Gobierno local "presentó una serie de argumentos en contra de estas resoluciones, alegando que se habían vulnerado derechos provinciales y que no se había consultado de manera adecuada a la Provincia". "Entre los principales argumentos esgrimidos, hace referencia a la autonomía provincial y a los derechos de propiedad privada de sus habitantes. Además, se cuestionó el incumplimiento de la Ley Nacional 26160, que establece la necesidad de consultar a los estados provinciales en estos casos”, informó.

Y agregó: “Es importante señalar que dichos recursos fueron inicialmente presentados por el Ejecutivo provincial ante las autoridades del INAI, y luego, en causas iniciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cabe destacar que, en situaciones similares, en otros lugares del país son los legítimos propietarios de las tierras quienes reclaman por sus derechos".

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Asimismo, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, festejó a través de X (antes Twitter) la publicación de "la resolución que revoca los fallos arbitrarios del INAI, que en 2023 intentaron imponer ilegítimamente el reconocimiento de supuestas ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado".

En ese sentido, manifestó que "se logró anular estas resoluciones, obligando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a reconocer su inconstitucionalidad y nulidad". "En consecuencia, queda sin respaldo oficial el intento de apropiación de tierras en el sur provincial basado en argumentos infundados", subrayó.

Además, destacó “el firme compromiso y la labor de Avruj, actual titular del INAI, cuya gestión permitió la anulación de estas resoluciones, que pretendían reconocer la ocupación de las organizaciones Suyai Leufu y Limay Kurref”. "Este fallo reafirma principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial. No permitiremos que decisiones arbitrarias y sin sustento legal los vulneren", concluyó la funcionaria.

En enero de 2023, con la firma del entonces titular del INAI, Alejandro Marmoni, se otorgaron estas tierras tras reconocer de manera unilateral la “presencia ancestral de los indígenas” en la zona, sin la intervención de la provincia. Para justificar la medida, se citó el artículo 18 del Código Civil y Comercial, que establece que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley”.

De esa manera, en los fundamentos de las resoluciones, se resaltó la necesidad de “relevar y demarcar las tierras que ocupan las comunidades indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional”. Como resultado, se asignaron 4.477 hectáreas a la comunidad Lof Limay Kurref, 3.584 metros cuadrados a Lof Suyai Leufu y 21.370 hectáreas a Lof El Sosneado.

Sin embargo, con la publicación de nuevas resoluciones en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei revocó estas decisiones y estableció que cualquier futuro reconocimiento de tierras deberá contar con la participación del gobierno de Mendoza.

El Gobierno declaró a la RAM como organización terrorista

En paralelo, el Gobierno Nacional presentó una denuncia contra Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), acusándolo de incitación a la violencia colectiva tras la difusión de un video en el que "reivindica los atentados incendiarios y los sabotajes" que ocasionaron múltiples focos de incendio en la Patagonia.

Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, lo señalan por "intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal". La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Bariloche, a cargo del juez Hugo Grecca.

A través de su cuenta en X, la funcionaria cuestionó la liberación de Jones Huala y expresó su rechazo a sus declaraciones. "La semana pasada lo dejaron suelto después de intentar robar autos. Ahora, Jones Huala reivindica la lucha armada y los atentados cometidos contra particulares, así como los incendios que destruyeron propiedades y le costaron la vida a un ciudadano en la zona de El Bolsón y Epuyén", afirmó la ministra.

En respuesta a esta situación, el Gobierno anunció dos medidas concretas: "Declararemos a la RAM como organización terrorista e inscribiremos a este grupo en el Registro de Organizaciones Terroristas" y "presentaremos una denuncia penal contra Facundo Jones Huala como jefe de esta organización, por incitación directa y llamado explícito a la lucha armada", indicó Bullrich.

Asimismo, la funcionaria sostuvo que en la gestión libertaria no se permitirá ningún tipo de violencia. "En la Argentina del presidente Javier Milei no hay lugar para la violencia ni para los criminales ni para los terroristas", aseguró, a la par que ratificó la postura oficial: "Ustedes lo saben: con nosotros, el que las hace, las paga".

MB/ Gi