El Gobierno quiere llevar a un ‘stand by’ al Congreso para no poner en riesgo sus logros

A un mes del cierre del año legislativo (culmina el próximo 30 de noviembre) en el gobierno de Javier Milei y en la Casa Rosada reconocen que prefieren no sesionar y de esa manera no exponerse a derrotas políticas en el Congreso.

En las filas libertarias hacen un balance positivo del año legislativo. Con 39 diputados y seis senadores creen que la tarea ha sido satisfactoria. Lograron aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal, además de sostener los vetos a dos leyes aprobadas con impacto fiscal.    

Es que en Gobierno creen que el Presidente va en ascenso en las encuestas (creció siete puntos en las últimas semanas), que están ganando la “batalla cultural” en las redes sociales, que las luces verdes se encienden en la mayoría de los sectores de la economía, que la inflación perforó el piso del 4% y que el índice de octubre será aún más bajo, y que el dólar atraviesa una tranquilidad duradera de la mano de un blanqueo “exitoso”. Además, ven a la oposición fragmentada y desangrándose en peleas internas.

En ese marco, entienden que el Congreso es uno de los pocos focos de conflicto (sino el único) que podría implicar “un dolor de cabeza” para el clima favorable que está instalando para el Gobierno. Sobre todo, luego del esfuerzo que le requirió al oficialismo alcanzar los votos necesarios para blindar los vetos tanto en materia previsional como de universidades.

Si bien continúan las conversaciones por el Presupuesto y las negociaciones tanto con los bloques aliados como los gobernadores, el Gobierno estaría dispuesto a resignar la aprobación del primer “presupuesto libertario” que marque la pauta de “déficit cero” y que contenga los lineamientos sobre la base del principio de “restricción presupuestaria”. Una tentación que circula por los pasillos de la Casa Rosada desde el mismo momento en el que la “ley de leyes” fue presentada el pasado 15 de septiembre en cadena nacional.

Es que en el primer anillo del poder libertario siempre reconocieron que operativamente no tendrían inconvenientes en que el Presupuesto sea prorrogado por segundo año consecutivo, que cerca del 60% de los fondos son plausibles de ser redireccionados, y que en efecto es la oposición (y en especial los gobernadores) quien pretenden asegurarse fondos en un año electoral.  

Además, el pedido de obras por parte de los mandatarios no cesa. El listado de planillas anexadas al Presupuesto es cada vez más grande.

Varios diputados estarán fuera del país esta semana por las elecciones en Estados Unidos

Con todo, en la Casa Rosada rechazan la idea de que les complicaría un acuerdo con el FMI, dado que el ajuste que ha llevado a cabo el Gobierno es incluso “más grande” del que hubiera pedido el organismo.

Además, prefieren evitar tener que convocar a extraordinarias. Un dato: en el Senado hace 45 días que no hay sesiones y la actividad en las comisiones fue reducida a la mínima expresión. La prórroga del período ordinario quedó prácticamente descartada. Porque eso habilitaría que ingrese cualquier tema en debate, incluso los de la oposición. En cambio, si el Ejecutivo convoca a extraordinarias podrá fijar los temas. En el propio oficialismo reconocen que hay desgaste.    

Los tiempos se acortan y el Presupuesto quedó demorado. El oficialismo privilegió tratar el proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas. Además, la semana entrante se espera que no haya grandes movimientos. Es que muchos diputados serán veedores invitados a las elecciones de EE.UU., como Cristian Ritondo, Luciano Laspina o Roxana Figueroa Casas. También habrá diputados libertarios que serán de la partida. Gabriel Bornoroni será uno de ellos. Por ello existe un “acuerdo” para que no haya sesión la semana entrante.

En LLA son conscientes de que hay un sector de la oposición que encontró una agenda con tópicos en común, para poder avanzar en temas que dañan” al Gobierno, como los haberes previsionales, los fondos para las universidades, o la eventual modificación de la ley N° 26.122 que regula los DNU, y no quieren exponerse a derrota alguna.

En la cúpula libertaria, los achaques sobre el bloque de Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot son permanentes. Incluso algunas voces chicanean y asegurar que el año que viene no tendrán ninguna chance en materia electoral.  

El dictamen para la privatización de Aerolíneas Argentinas emitido el pasado martes a las apuradas, fue el cumplimiento del oficialismo con un pedido del PRO, pero también un reaseguro para bloquear eventuales iniciativas opositoras en el recinto. Una suerte de “as” reservado por si la oposición pretende efectivamente avanzar en la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia.  

Algunas voces en el oficialismo entienden que hay tiempo para dos sesiones más en la Cámara baja. Una para tratar el Presupuesto, la otra, para avanzar con un compendio variopinto de temas que van desde “Ficha Limpia” hasta “juicio por jurado”, o “voto desde el extranjero”. Temas complejos y variados, difíciles de compatibilizar con la privatización de AA o bien con el tratamiento de la modificación de la Ley N°26.122.  

“Planchar” la agenda legislativa podría tener un costado negativo para el oficialismo. Se trata de la eventual falta de nombramiento de auditores para la Auditoría General de la Nación (AGN). Tal como contó PERFIL, está todo dado para que las postulaciones de Santiago Viola (LLA), Jorge Triaca (PRO) y Juan Ignacio Forlón (UP) sean aprobadas, pero la imposibilidad de compatibilizar las agendas y las fricciones dejaría el tratamiento para el año próximo.

Francos, al Senado

R.P.

Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, tiene fecha para presentar su informe de gestión ante el Senado. Será el miércoles 27 de noviembre, al filo del cierre del período ordinario y de acuerdo a lo que trascendió, los senadores ya enviaron sus preguntas.

“Ya se hizo el proceso de unificación (de las consultas) y derivación a las áreas correspondientes”, confirmaron desde el lado del ministro coordinador, que este año ya estuvo en Diputados con su documento de trabajo sobre la gestión del oficialismo.

El informe de gestión del ministro coordinador está previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que indica: “El jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71”.

En tanto, el artículo 71 establece que “cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.