Eduardo Belliboni cerca del juicio oral: es acusado de extorsionar a beneficiarios de planes sociales

El líder del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, podría enfrentar un juicio oral, a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita., por presunta "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión". La acusación se desprende de la causa que investiga delitos con referidos al programa "Potenciar Trabajo”.

La solicitud del fiscal fue hecha a pedido del juez federal Sebastián Casanello. Esto ocurre luego de que se diera por terminada una parte de la investigación en la que están procesados Belliboni y otros 17 acusados. Según denuncian, los afectados habrían extorsionado a beneficiarios de planes sociales para intereses propios.

Tras el pedido, se dio lugar a las partes para que formulen su postura respecto al envío del caso a juicio oral, según informaron fuentes judiciales. El dictamen de Pollicita tiene 279 páginas.

La acusación indicó que, hasta febrero de 2024, el Polo Obrero administraba 65 mil planes sociales, de los cuales se retenía parte del dinero público asignado. Según el dictamen, esta práctica les permitió obtener grandes sumas de dinero, estimándose que entre agosto de 2023 y febrero de 2024 la recaudación esperada superaba los 313 millones de pesos.

Según la Fiscalía, los 17 imputados, entre ellos dos miembros de la organización Barrios de Pie, establecieron entre junio de 2020 y marzo de 2024 un sistema delictivo para presionar y extorsionar a personas en situación de extrema vulnerabilidad social y económica.

Además, señalaron que esta organización delictiva buscaba obtener ganancias ilícitas y fortalecer su influencia. Para ello, habrían explotado la vulnerabilidad de los beneficiarios de planes sociales, obligándolos, mediante amenazas e intimidaciones, a obedecer bajo el temor de perder su alimento o único sustento. 

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Cómo inició la causa contra Eduardo Belliboni

Todo comenzó tras una denuncia del gobierno de Javier Milei, a fines de 2023. La misma fue impulsada por llamados anónimos que alertaban sobre presiones para participar en marchas y piquetes. 

Para facilitar la triangulación de las denuncias, el Poder Ejecutivo puso en funcionamiento una línea telefónica del Ministerio de Seguridad, permitiendo a los ciudadanos reportar de forma anónima si miembros de organizaciones sociales eran forzados a participar en la movilización del 20 de diciembre, en conmemoración de los hechos ocurridos en 2001 durante la crisis que marcó la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.

A partir de los llamados, se detectó el desvío de fondos destinados a los beneficiarios, encubierto con facturación falsa. Belliboni y el resto de los acusados fueron citados a indagatoria y luego procesados por el juez Casanello. Con esto último, la causa ya estaba lista para ser enviada a juicio oral, decisión que finalmente tomó Pollicita en febrero del 2025.

Según pudo saber Infobae, el fiscal señaló: “Se comprobó que la organización instauró una especie de ´salario´ o ´contraprestación´ para beneficio de los propios imputados, que se nutría tanto de las ´cápitas´ extraídas extorsivamente a las víctimas como de fondos del Estado Nacional y hasta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". Son montos de hasta 156 mil pesos actualizados a febrero del año pasado y, en el caso de Belliboni, 522.500 pesos en marzo de 2024.

TC / ds