Dos denuncias penales tras el accionar de las fuerzas en el Congreso

Dos denuncias penales radicadas en los tribunales de Comodoro Py apuntan al Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich por el accionar de la Policía Federal y otros cuerpos de seguridad que intervinieron en los incidentes en la zona del Congreso por la rectificación del veto presidencial a la ley jubilatoria.

La primera fue iniciada por Gregorio Dalbón contra la propia Bullrich por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. El abogado apunta al episodio que involucró a Fabricia, una nena de 10 años que se encontraba con Carla, su madre, donde ambas fueron rociadas con gas lacrimógeno. Ayer se mostró por primera vez con ella como su flamante abogado defensor. Y también defenderá a la madre de la menor.

Por sorteo la denuncia recayó en el Juzgado Federal número 9 que subroga María Eugenia Capuchetti, quien trabaja con el fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación.

En su denuncia Dalbón reclamó ser citado para ratificar y ampliar dicha denuncia.

Por su lado, Bullrich buscó desligarse del hecho y justificar el accionar de la policía apuntando la responsabilidad a la mamá de Fabricia por haberla llevado a la manifestación, sin embargo, en el video se ve a un efectivo de la Policía Federal direccionando el gas lacrimógeno a la nena de 10 años.

Sobre esto, la ministra dijo que el policía, que no escuchaba por el casco, no tuvo intención de rociarla con gas.

Asimismo Dalbón exigió identificar quiénes eran los uniformados que actuaron en el operativo del que además se vieron afectados por nocivo efecto de los gases varios jubilados que protestaban.

De avanzar la investigación no se descarta que entre las primeras medidas de prueba que pueda solicitar la fiscalía sea que el Ministerio de Seguridad informe cuántos oficiales estuvieron afectados al operativo y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, así como también los registros audiovisuales de los medios que estuvieron cubriendo el hecho.

Para el abogado hay mucha más gente involucrada, no solo en el hecho sino en el encubrimiento y no tiene dudas que el jefe de la Policía Federal tuvo participación en todo al tiempo que catalogó la situación como aberrante e indignante.

En su denuncia, Dalbón invocó el artículo 248 del Código Penal que estipula una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para el funcionario que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

La segunda denuncia apunta a Alejandra Monteoliva, número 2 de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, por los mismos delitos. Fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García. El expediente fue sorteado y recayó en el Juzgado de María Romilda Servini.

La situación por un lado deja en la mira a Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal, quien fue señalado de presuntamente haber circulado un video donde se señalaba que la fuerza respondió a un ataque de “grupos de izquierda” y además vuelve a poner en el tapete el uso del protocolo antipiquete del cual todavía no se definió si la reglamentación está totalmente en línea con la legislación argentina. La Corte Suprema tiene entre sus pendientes determinar esa cuestión a raíz de la acción judicial iniciada por la legisladora del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Celeste Fierro. La demanda pasó por lo menos por cuatro fueros judiciales distintos hasta que se trabó un conflicto de competencia que deberá dirimir el máximo tribunal.