Diputados de LLA y el PRO exigieron la detención urgente de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional

Legisladores del oficialismo y aliados políticos del PRO presentaron este jueves 26 de septiembre una solicitud ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. En el escrito requirieron "la urgente e inmediata aprehensión" de Nicolás Maduro y de otro alto funcionario de su gobierno, el ministro Diosdado Cabello, una petición que se sumó a la reciente orden de detención avalada por la Cámara Federal porteña, que involucraba a más de 30 dirigentes y militares chavistas.

La presentación de los diputados al fiscal de la CPI acusó a mandatario y al Ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela de haber incurrido en "graves violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad en ese país".

El pedido dirigido al fiscal de la Corte Penal Internacional fue firmado por los diputados Silvana Giudici, Cristian Ritondo, Gabriel Bornoroni, Karina Banfi, José Luis Espert, Oscar Zago, Fernando Iglesias, Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Emmanuel Bianchetti, Sofía Brambilla, Martín Ardohain, Gabriel Felipe Chumpitaz, José Nuñez, Laura Rodríguez Machado, María Sotolano, Patricia Vásquez, Veronica Razzini, Nancy Ballejos, Nicolas Mayoraz y Nadia Márquez.

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En cuanto a los fundamentos para proceder a la detención del líder chavista, se hizo hincapié en que "desde el año 2009, Venezuela ha sido escenario de graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, incluidas ejecuciones, torturas y detenciones arbitrarias", de acuerdo con los firmantes de la solicitud.

A su vez, acusaron al gobierno venezolano de llevar adelante una "política sistemática de represión", debidamente documentada por diversas organizaciones internacionales, "como Human Rights Watch y Amnistía Internacional".

También citaron investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como un reciente informe a cargo de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, del cual surgiría, según esta presentación, el "agravamiento exponencial de los crímenes y violaciones de derechos" bajo el régimen de Maduro.

Por otro lado, se subrayó que esta situación de crisis institucional y persecución se agravó desde los dudosos comicios del 28 de julio.

A propósito de las elecciones que permitieron la reelección de Nicolás Maduro, se insistió en que la votación se desarrolló "sin transparentar los resultados reales ni exhibir las actas de votación, acentuándose la represión y persecución contra los opositores políticos del régimen y cualquier ciudadano que se exprese en contra del mismo".

Más allá de las amenazas al sistema democrático, responsabilizaron el gobierno chavista por los "asesinatos sistemáticos de opositores y ciudadanos en situaciones de protesta".

"El 12 de agosto de 2024, el Fiscal General reconoció la muerte de 25 personas en las protestas de los días 29 y 30 de julio, sin identificar a todos los fallecidos", manifestaron los diputados que firmaron la solicitud.

Pidieron la intervención inmediata de la Corte Penal Internacional

El requerimiento de aprehensión de Maduro puso de relieve presuntas torturas, tratos inhumanos, detenciones arbitrarias (incluidos niños y niñas), así como irregularidades asociadas a las condiciones de detención de los detenidos en las protestas postelectorales.

A propósito de la postura del Gobierno de Javier Milei en este marco, se recordó que "el 19 de julio pasado, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse al proceso y resaltando que es una conducta congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023".

En virtud de lo expuesto, consideraron que "la Corte Penal Internacional tiene la responsabilidad de investigar y procesar a aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad".

Sobre el final del documento, se remarcó la importancia del acompañamiento brindado por el gobierno argentino a las víctimas de la persecución, con particular énfasis en los dirigentes opositores refugiados en la Embajada Argentina en Caracas: Omar González, Fernando Martínez Mottola, Magalí Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos y Claudia Macero, todos ellos "víctimas de persecución, cuyas vidas peligraban".

ca / ds