Cobraban el jardinero y la niñera: tres años de prisión en suspenso para una exministra de Chubut por la contratación irregular de empleados

La ex ministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, fue condenada a tres años de prisión en suspenso junto a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras haber sido encontrada culpable de contratar "ñoquis" en el Estado provincial.

La decisión fue tomada por los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeria. No obstante, a pesar del pedido del fiscal Omar Rodríguez, quien solicitó una condena de tres años y seis meses de prisión efectiva, la exfuncionaria chubutense continuará en libertad.

En paralelo, Silvana Cañumil, Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles, los otros imputados dentro de la causa "Ñoquis calientes", fueron condenados a dos años de prisión en suspenso. Recibieron una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la administración pública como partícipes necesarios en diversos hechos.

La prensa local señaló que la exministra de Chubut, quien ocupó el cargo en el período gobernado por Mariano Arcioni, fue encontrada culpable y autora penalmente responsable de cuatro hechos delictivos contra la administración pública y tres en perjuicio de particulares.

Como consecuencia, la mujer deberá pagar la condena y cumplir con determinadas reglas de conducta, tales como permanecer en su domicilio, presentarse trimestralmente ante supervisión, no consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas y no cometer nuevos delitos por el plazo de la pena impuesta

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"Ñoquis calientes": cómo fue la investigación

La investigación que llevó a su condena inició tras una denuncia del contador Martín Sandoval, quien sostuvo que Torres Otarola le había pedido parte de los sueldos a él y dos asesores también designados por ella, como su niñera y su jardinero personal. El Ministerio Público Fiscal de Chubut aseguró que las pruebas presentadas fueron suficientes para confirmar las exacciones ilegales que hoy pesan en su contra.

El fiscal remarcó que la exministra chubutense provocó un daño material junto a un "daño inmaterial, a la moral, a la imagen y confianza hacia las instituciones", motivo por el que fue inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

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El abogado defensor de la acusada, Romano Cominetti, solicitó que la pena no superara los tres años y se cumpliera de forma condicional, argumentando que su clienta "no tiene antecedentes policiales, solo ser víctima de violencia de género de parte de su ex marido" y que "siempre estuvo a disposición y no generó inconvenientes".

Las irregularidades detectadas implicaron descubrir que otra de las imputadas, la cual cobraba un sueldo como empleada de la Legislatura de Chubut, realmente trabajaba como empleada doméstica y niñera en la casa de la exministra, quien de esta forma se ahorraba abonar dicho salario y se quedaba con un porcentaje del mismo. De la misma forma, su jardinero personal también cobraba como un funcionario del Estado provincial.

AS.

LT.