Apertura de cárceles: la Justicia espera con cautela los movimientos del Ejecutivo

El compás de espera que se abrió entre el último fin de semana, cuando se realizó la mesa de diálogo con los presos en el penal de Devoto y lo que sucederá el próximo jueves 30 de abril, momento en que se realizará un nuevo encuentro allí, es motivo de cautela en la justicia. Allí recaerán los pedidos de liberaciones y arrestos domiciliarios, tras los informes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobre las personas privadas de su libertad que están en centros bajo su órbita y que podrían salir de prisión. Serán jueces o camaristas quienes eventualmente deban firmar las decisiones que pongan a los presos, extra muros. 

Precisamente sobre la situación de los reclusos en el marco de la emergencia por la pandemia de covid-19, se manifestó el presidente Alberto Fernández, en declaraciones a radio Con Vos. El primer mandatario consideró que la cárcel es  "un lugar de concentración humana muy riesgoso, donde el contacto y la contaminación pueden llegar con mucha facilidad". Al tiempo que remarcó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió a todos los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica - entre los que está la Argentina- buscar alternativas para los presos por cuestiones sanitarias. Tras lo acotó  "Recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control".

Tras la reunión del sábado en Devoto, el universo de casos bajo estudio son los de aquellos reclusos considerados población de riesgo sanitario (con más de 60 años y enfermedades); personas que ya estén en términos de libertad condicional y asistida; aquellos que ya tenían salidas transitorias otorgadas; quienes no tienen condenas superiores a 3 años de cárcel y aquellos cuya prisión preventiva exceda los dos años. También mujeres con hijos y embarazadas; extranjeros con trámite de expulsión y personas que hayan sido condenados bajo el régimen penal de menores, en violación a los estandares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Eso es lo que quedó plasmado en el acta de la mesa de diálogo del sábado último, en la que se fijó el nuevo encuentro para este jueves 30, a las 10 de la mañana. En el final del escrito se señaló la convocatoria a a titulares de los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal, quienes tienen a disposición a gran parte de los reclusos, a la vez de informar y evaluar lo avanzado hasta entonces. En las cárceles también hay personas procesadas, pero sin condenas, por lo que en esos casos quien los tiene a cargo son los juzgados de primera instancia, tanto Nacionales como Federales. 

En la justicia hay cautela y también molestia contra algunos discursos que incluyen a algunos sectores de la política que, sostiene, “hacen creer que van a salir todos cuando se sabe muy bien que no va a ser así”. Tras lo que agregan que “hay un doble discurso permanente, porque los que están en estudio no son casos peligrosos, no es que van a empezar a soltarse violadores o tratantes de personas, por dar algunos ejemplos”. De hecho, en la justicia creen que a pesar de que se avancen con liberaciones o excarcelaciones, de acuerdo a los parámetros que se toman para poner personas en los listados de presos con posibilidades de dejar atrás la vida intramuros, eso no alcanzará para paliar la sobrepoblación carcelaria.

E insisten que las principales directrices para decidir los casos de quienes saldrán eventualmente de prisión está englobado en las acordadas que las Cámaras de Casación Nacional y Federal, sacaron en las últimas dos semanas. La Federal, conocida el 13 de abril pasado, hizo referencia a la situación de quienes están condenados por delitos leves o “no violentos”, a las mujeres embarazadas o con hijos, a los que estén cerca o con salidas transitorias y a quienes superen los 60 años y tengan riesgos de salud.

En tanto que también incluyó a los detenidos por delitos graves, aunque en esos casos se recomendó evaluar la situación “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo”. En tanto que, conocida esta semana, la de la Casación Nacional, fue en un sentido muy similar a la hora de encomendar a los jueces de tribunales inferiores que evalúen las condiciones. 

Emergencia penitenciaria 

El hecho de que Argentina esté en Emergencia Penitenciaria desde 2019 también genera malestar en la Justicia, donde buena parte de sus funcionarios consideran que el Congreso no trabajó lo suficiente en el tema. “La pandemia no sólo deja al descubierto la situación sanitaria del país, también lo hace con el sistema carcelario tras años de abandono y de no buscar remediar concientemente la situación”, detallaron parte de las fuentes consultadas.

CD / DS