Aerolíneas Argentinas se negó a dar datos sobre qué medios recibieron pauta

La restricción del acceso a la información pública es un hecho. El 10 de septiembre, PERFIL solicitó a Aerolíneas Argentinas SA, detalles sobre los gastos de publicidad y propaganda durante el primero y el segundo semestre de 2024. En particular, se consultó sobre el dinero que se utilizó y qué empresas, organizaciones, o medios de comunicación fueron sus beneficiarios. La respuesta de las autoridades fue que esa información era “secreta”.

El Gobierno parece estar decidido a gestionar sin rendir cuentas. En septiembre se publicó en el Boletín Oficial el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La noticia generó un fuerte debate sobre la libertad de expresión, la transparencia y hasta se convirtió en un nuevo capítulo de la interna libertaria: luego de una ola de cuestionamientos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró en el Congreso que el oficialismo modificaría la norma “si fuera necesario”. Al día siguiente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo desautorizó y negó cualquier cambio.

El “puntapié” del decreto 780/2024, según confirmaron a PERFIL fuentes de Casa Rosada en septiembre, fue un dictamen del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien manifestó que se debían rechazar todos los pedidos sobre la cantidad de perros que viven con Javier Milei en la Quinta de Olivos. La resolución fue argumentada con una defensa a la “privacidad”.  

Sin embargo, el rechazo a la solicitud de PERFIL confirma que la intención de los libertarios va mucho más allá de los perros de Milei y sus excentricidades. Los datos sobre cómo se distribuye el dinero de publicidad y propaganda estatal entre los medios de comunicación es una información solicitada con frecuencia por los medios y nada fuera de lo común. De hecho, prácticamente todos los años se publican artículos que describen qué empresas resultaron más beneficiadas.  

La diputada radical Karina Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública; el director de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, el coordinador del servicio jurídico de la organización, Germán Emanuele; y el director de litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, coincidieron en la gravedad de la respuesta de Aerolíneas Argentinas.

“Ahora vemos que –el decreto 780/2024– se está utilizando de la forma que veníamos pensando: para limitar la información que puede recibir la ciudadanía. Hay que empezar a preocuparse un poco más por estas restricciones”, sostuvo Secchi.

La solicitud presentada expresó: “Solicito información sobre ‘Gasto de Publicidad y Propaganda’ de Aerolíneas Argentinas en el primero y segundo semestre de 2024. Se requieren los montos totales y también el detalle de las erogaciones: las empresas, medios de comunicación, organizaciones, entidades o personas físicas que recibieron dinero, la cantidad y en qué fechas”. Las autoridades de la compañía estatal respondieron que la solicitud “constituye información comercial cuya revelación y/o divulgación podría perjudicar el nivel de competitividad o lesionar intereses de la compañía”.

Se ampararon en el artículo 8 inc. C del decreto, que entiende como secretos aquella información “que no fuera conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información”, “tenga un valor comercial por ser secreta” o “sea objeto de medidas razonables para mantenerla secreta”.

En los párrafos siguientes, sostuvieron la necesidad de resguardar las estrategias de marketing con el supuesto objetivo de defender los intereses comerciales de la compañía. “Al develar la estrategia de marketing, la competencia puede utilizar la misma en beneficio propio captando a los potenciales clientes de ARSA, lo que se traduciría en pérdida en la participación de mercado, es decir, menor cantidad de ingresos generados por ventas”, afirmaron.

Nunca se solicitó conocer la estrategia de marketing, sino el detalle sobre cómo se distribuyó el dinero de publicidad y propaganda. En segundo lugar, coincidieron en que la respuesta contiene un abuso en la consideración de las excepciones que marca la Ley de Acceso a la Información Pública. Por último, subrayaron que, incluso en aquellos en los que el Estado considera que una solicitud incluye información sensible, está obligado a dar una respuesta parcial o con información tachada, pero nunca se debe rechazar.

Según Emanuele, la información solicitada de ninguna manera constituye un secreto comercial. “La pregunta es por gastos que ya efectuó una empresa estatal. El secreto comercial, en todo caso, aplicaría si se preguntara cuál es la estrategia de marketing para el próximo Cyber Monday. Sería discutible, pero tendría un punto. Pero lo que ya gastaste no está dentro de la excepción”, sostuvo.

Banfi destacó que la ley se basa en el principio in dubio pro petitor: “Quiere decir que, ante la duda, la información debe ser entregada”. La diputada, además, explicó que “en los casos que el Estado considere que revelar una información implica algún riesgo, la tachás. Pero la tenés que entregar igual”.

Por su parte, Morales advirtió que la respuesta tiene una implicancia de fondo: “El concepto de ‘secreto’, desde esta lógica, podría aplicar a todas las áreas de una empresa pública. ¿La cantidad de empleados puede ser un secreto? Si lo pensamos así, cualquier empresa estatal que ofrezca un servicio a la población podría argumentar que cada una de sus decisiones son parte de su estrategia comercial”, reflexionó.

Los debates por la libertad de expresión y el acceso a la información pública atraviesan la gestión libertaria. Uno de los primeros anuncios que hizo cuando se convirtió en presidente fue suspender por un año la publicidad oficial. Sin embargo, aunque se haya cortado el envío de dinero por parte del Ejecutivo nacional, otros entes públicos (como Aerolíneas Argentinas) continúan ejecutando partidas de pauta.

El fantasma de que ese dinero se distribuye con discrecionalidad como mecanismo para premiar o castigar a los medios circula desde hace meses. Se trata de una vieja práctica en política. Por ejemplo, en 2011 la Corte Suprema se pronunció en contra de la discriminación en el reparto de la publicidad oficial que hacían YPF, Aerolíneas y el Banco Nación en detrimento de medios como PERFIL, quien impulsó la demanda.