A tres años del “Olivosgate”, el Presidente aguarda el sobreseimiento definitivo

A tres años del “Olivosgate”, el presidente Alberto Fernández aguarda por una decisión favorable de la Corte y así finalizar su mandato exonerado por la Justicia en el único expediente en el que hasta ahora se encuentra imputado.

La denuncia inicial data de agosto de 2021 radicada en los tribunales de Comodoro Py, pero el juez Sebastian Casanello sostuvo que tenía que investigarse en la jurisdicción donde ocurrió el hecho y tras declararse incompetente, la causa pasó a la Justicia federal de San Isidro, donde quedó a cargo de su par Lino Mirabelli.

Para el momento del festejo regía la restricción excepcional de circulación y total de reuniones por la cuarentena del covid-19. Habían pasado menos de cinco meses del anuncio del Presidente por cadena nacional y la posterior firma del DNU que, entre otras cosas, prohibía estrictamente los encuentros sociales; sin embargo, la foto de la llamada “fiesta de Olivos” se conoció un año después.

Además del matrimonio presidencial, nueve personas cercanas de Fabiola Yáñez participaron de dicha celebración: Fernando Consagra, Emanuel Esteban López, Santiago Basavilbaso, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Sofía Pacchi, Carolina Marafioti, Stefanía Domínguez y Federico Abraham. Según los registros de la quinta de Olivos, todos estuvieron por espacio de cuatro horas.

Para la Justicia, se violó la normativa restrictiva de dichos encuentros. Sin embargo, las estrategias de defensas no se hicieron esperar. Luego varios meses de intensas negociaciones con la fiscalía, tanto Alberto Férnandez como Fabiola Yáñez lograron, el 23 de mayo del año pasado, llegar a un acuerdo económico que fue homologado por el Magistrado Mirabelli y del que otros imputados se sumaron.

El resarcimiento del primer mandatario y su pareja se enmarca en un acuerdo de reparación integral previsto en el Código Procesal Penal. Es así como la Justicia avaló que entre ambos abonaran la suma de tres millones de pesos, 1,6 correspondiente al Presidente y 1,4 a la primera dama. Dicho monto fue depositado en una cuenta del Instituto Malbrán.

A poco más de un año de haberse materializado el pago, aún se aguarda a que el juez Mirabelli firme el sobreseimiento definitivo que a finales del año pasado fue refrendado por la Cámara Federal de San Martín.

Varios denunciantes como Pablo Musse y Beatriz Oviedo buscaron convertirse en querellantes. A Pablo, por la cuarentena estricta, no se le permitió el ingreso a la provincia de Córdoba el 18 de agosto de 2020 para despedir a su hija Solange Musse, quien lamentablemente falleció un mes y una después de la fiesta de Olivos tras una fuerte lucha contra el cáncer.

Dato no menor es que Musse inició una acción penal en la justicia de Córdoba contra funcionarios de salud de esa provincia por “abuso de autoridad e incumplimientos de deberes de funcionario público”. La causa está elevada a instancia de debate a la espera que se fije fecha de inicio de juicio.

A los padres de Solange se sumaron Paulo Gustavo Vitaver y Soledad Jara quienes tampoco pudieron estar junto a su familiar al momento de su muerte por la misma restricción. Todos intentaban ser parte para oponerse al resarcimiento económico, pero su intento de convertirse en particular damnificado fue desestimado tanto por el juez y avalado por las instancias superiores.

Sin embargo y en paralelo, insistieron y a través de un recurso lograron llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Pese a que el Instituto Malbrán recibió los fondos hace ya varios meses, el Magistrado Mirabelli no podrá rubricar el sobreseimiento definitivo hasta tanto el máximo tribunal se expida sobre expedirse sobre dicho planteo.