Salvemos la independencia de la Corte

La Constitución otorga al Presidente la facultad de nombrar a los jueces de la Corte con acuerdo del Senado. Milei propuso a los Doctores Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, pero los candidatos no lograron consenso. 

Una antigua norma constitucional, de épocas en las que los senadores viajaban en carreta para sesionar sólo durante 6 meses, aclara que, durante los recesos, el presidente puede llenar las vacantes transitoriamente hasta que el Congreso vuelva a sesionar. En la única semana sin Congreso de este año, Milei designó por decreto a sus candidatos, instando nuevamente a que se les otorgue acuerdo para su designación definitiva. 

La Corte es la máxima autoridad de la Justicia, interviene en casos de relevancia política, jurídica, institucional, económica y social, decidiendo cuestiones trascendentes o su solución final.

En los últimos años ha intervenido en casos sensibles para el gobierno, como las demandas contra el mega DNU 70/23; para los gremios, como la determinación del interés para el pago de sentencias laborales; para los gobernadores, como la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en Formosa, la devolución de la coparticipación y el traspaso de la justicia a la C.A.B.A., o la suspensión de la candidatura de Uñac en San Juan; para los partidos políticos, como la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura y la incorporación de Luis Juez por el PRO, y en los casos Dólar Futuro, Memorándum con Irán, Hotesur y Los Sauces, sólo por citar algunos. 

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La coyuntura genera incertidumbre sobre la independencia con la que actuarán los nuevos jueces nombrados transitoriamente, pues deben resolver casos que afectan los intereses de todos los grupos políticos que votarán en el Senado para otorgarles o no acuerdo para su designación definitiva, más allá de fin de año. El riesgo de que se vean tentados a tomar decisiones que les permitan ganarse el favor de los Senadores se encuentra latente. 

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La agenda de temas que la Corte tratará durante este año no es pública, pero los medios de comunicación ya dieron cuenta de que, por ejemplo, va a tener que resolver si deja firme la condena de Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Habiendo sido senadora, dos veces Presidente de la Nación, una vez Vicepresidente y actualmente presidente del Partido Justicialista, resulta obvia la susceptibilidad de esa decisión, más aún en un año electoral, entre otras igualmente importantes que seguramente deberán tomar sus integrantes y que afectarán a todos los bloques políticos.

La propia Corte ha reconocido que los procedimientos de designación y la estabilidad de los jueces ocupan un lugar importante en nuestro esquema constitucional, toda vez que garantizan su independencia e imparcialidad (caso “Colegio de Abogados”, Fallos: 344:3636). Asimismo, que la imparcialidad de los jueces es necesaria para garantizar el debido proceso y de la defensa en juicio de los ciudadanos (Fallos: 342:2298).

El Código Iberoamericano de Ética Judicial establece que: “El juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias –directas o indirectas– de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial” (art. 3).

La Corte Interamericana de DDHH afirmó que la circunstancia de que los magistrados puedan ser removidos por decisión política “fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a represalias” (caso “Apitz Barbera vs. Venezuela”). 

Así, los procesos de nombramiento y la permanencia mientras dure su buena conducta, más que derechos de los jueces representan una garantía para la ciudadanía de que resolverán sin presiones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

En este momento crucial de nuestra historia resulta imperativo que las autoridades políticas asuman con determinación la responsabilidad de adoptar, sin más dilaciones, las decisiones que consideren necesarias para otorgar estabilidad a la Corte Suprema. 

Solo así podremos garantizar a los argentinos y a los extranjeros la seguridad jurídica indispensable para fomentar la confianza y la inversión que nuestro país necesita. La construcción de un desarrollo económico, institucional y social sostenible no puede postergarse más, es el legado que debemos asegurar para las próximas generaciones. 

*Funcionario del Consejo de la Magistratura. Ex asesor del Ministerio de Justicia de la Nación (2015-2019)