Rumbo a la excelencia judicial

Como es sabido, la figura de los jueces en Argentina ha sufrido un deterioro en su credibilidad a lo largo de los años, lo que ha generado una creciente desconfianza por parte de la sociedad hacia ellos. En este contexto, los aspirantes a los concursos del Consejo de la Magistratura deberían recibir una formación previa antes de postularse y, una vez en funciones como jueces, continuar con una capacitación permanente. Sin embargo, aún no se ha discutido una reforma que lo garantice. Entonces, ¿qué estamos esperando?

En nuestro país, para ser juez, los abogados deben postularse a concursos organizados por el Consejo de la Magistratura, cuyos jurados deciden si son aptos para ejercer el rol de magistrado. Sin embargo, en la práctica, se han planteado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema y su capacidad para cumplir plenamente con el propósito de asegurar una justicia independiente de los intereses políticos.

A mi parecer, dicha cuestión podría solucionarse mediante una reforma tanto a la Ley del Consejo de la Magistratura como a su Reglamento. Propongo que los abogados aspirantes a concursar para ocupar un cargo de magistrado cuenten, en primer lugar, con una formación inicial y luego de completar dicha capacitación, solo quienes obtuvieron un puntaje superior al establecido, tendrían la oportunidad de postularse a los concursos para ser jueces.

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La formación inicial podría desarrollarse en tres etapas. La primera consistiría en un periodo de prácticas en tribunales, que incluya simulaciones de juicios y ejercicios prácticos. La segunda etapa sería una capacitación académica actualizada en áreas esenciales del derecho, como el derecho constitucional, penal, procesal, y argumentación jurídica, entre otras. Finalmente, la tercera consistiría en evaluaciones que incluyan exámenes escritos, orales y trabajos en equipo.

Por otro lado, a mi parecer, es esencial que los jueces en ejercicio cuenten con una formación continua. Propongo que cada juez reciba al menos cinco días de capacitación al año, en los cuales asistan a charlas sobre novedades en el ámbito jurídico y actualizaciones relevantes. 

Desde mi perspectiva, esta propuesta podría traer beneficios importantes para fortalecer nuestra justicia. Garantizaría que quienes ocupan los cargos de jueces estén debidamente capacitados, con una formación rigurosa y actualizada. Esto no solo elevaría los estándares de calidad de los magistrados, sino que también contribuiría a una mayor transparencia y confiabilidad en el sistema judicial.

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Además, permitiría que los magistrados en ejercicio se mantengan al día con los cambios en la sociedad y en el derecho. El mundo está en constante evolución, y las leyes y la jurisprudencia deben adaptarse a nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas. Con una formación continua, los jueces podrían abordar casos más complejos y actuales con un enfoque que esté alineado con las necesidades del pueblo.

Por último, con jueces mejor preparados, se reduce la probabilidad de que factores ajenos al derecho, como presiones políticas o sociales, influyan en las decisiones judiciales. 

Aunque esta es solo una idea que aún requiere de debate y reflexión, creo que es fundamental que tanto la sociedad como las autoridades consideren la posibilidad de implementar una reforma de este tipo. Los beneficios potenciales, como una justicia más transparente, eficiente y confiable, no solo fortalecerían el sistema judicial, sino que también contribuirían al bienestar general de la sociedad y al fortalecimiento del estado de derecho en nuestro país.

*Universidad del Salvador