Privatización de la energía nuclear: las lecciones de Europa
Los gobiernos de Inglaterra y España adoptaron medidas radicales para liberalizar sectores clave como la energía. Aunque el contexto y las formas fueron diferentes, ambos casos ofrecen aspectos valiosos para tener en cuenta en Argentina.
La privatización de sectores estratégicos ha sido un tema recurrente en los debates políticos y económicos globales. Cuando se trata de industrias claves como la energía nuclear, el proceso de privatización ha generado tanto entusiasmo como resistencia. Sin embargo, los ejemplos de países como Inglaterra y España demuestran que, cuando se implementa adecuadamente, la privatización puede no solo modernizar, sino transformar sectores enteros, generando mayores inversiones, eficiencia y tecnología de vanguardia.
Este modelo ha sido clave para revitalizar el sector energético en ambas naciones, y hoy, en Argentina, el gobierno de Javier Milei, bajo la dirección de Alberto Lamagna al frente de Nucleoeléctrica Argentina, se encuentra en una encrucijada similar. Aprovechando estas experiencias internacionales, Argentina tiene la oportunidad de dar un salto hacia la modernización de su infraestructura nuclear.
Los antecedentes en los años 80 y 90 los encontramos en gobiernos como el de Margaret Thatcher en Inglaterra y el de José María Aznar en España, que adoptaron medidas radicales para liberalizar sectores clave como la energía. Aunque el contexto y las formas fueron diferentes, ambos casos ofrecen lecciones valiosas.
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El Caso de Inglaterra
En Inglaterra, la privatización de British Energy en 1996 marcó el inicio de una nueva etapa para su industria nuclear del Reino Unido. Este conglomerado de plantas nucleares pasó a manos del sector privado, lo que desencadenó una ola de optimización y modernización en las instalaciones del país. Esta medida formó parte de un proceso más amplio de liberalización energética, que también incluyó sectores como el de la electricidad y el gas.
La eficiencia operativa mejoró, y las decisiones se tomaron con mayor agilidad. Además, el sector privado atrajo capital necesario para invertir en nuevas tecnologías y expandir la capacidad de generación nuclear. Los beneficios también se reflejaron en la diversificación de fuentes de inversión. Empresas privadas contribuyeron con dinero, innovación y gestión avanzada. Este enfoque permitió que el Reino Unido continuara avanzando en el desarrollo de nuevas plantas y la renovación de las más antiguas.
Tras la gestión de Margaret Thatcher, el Reino Unido experimentó una continuidad en el proceso de privatización, aunque con ciertos ajustes. Los sucesores John Major y Tony Blair, continuaron recibiendo inversiones al respecto. A lo largo de estos años, el capital de accionistas en el sector nuclear se amplió, involucrando grandes corporaciones internacionales y fondos de inversión que vieron el potencial de una energía nuclear renovada y competitiva.
Este continuo interés por la energía nuclear reflejó la consolidación de un modelo que permitió a Inglaterra fortalecer su capacidad energética mientras mantenía su compromiso con la sostenibilidad y la innovación. De este modo, el Reino Unido avanzó hacia una era de expansión nuclear con un enfoque modernizador y competitivo, logrando un equilibrio entre eficiencia operativa y crecimiento económico.
El Caso de España
España, bajo el liderazgo de José María Aznar, también experimentó un proceso similar. Aunque la privatización no fue tan directa como en el caso británico, sí implementaron reformas importantes que permitieron la entrada de capital privado a través de la creación de consorcios y asociaciones público-privadas. Empresas como Iberdrola, Endesa y Gas Natural se involucraron en la gestión y expansión de plantas nucleares.
Uno de los principales motores de la privatización en España fue la necesidad de modernizar la infraestructura nuclear y diversificar las fuentes de inversión para asegurar el crecimiento del sector. Se apostó por un modelo de colaboración público-privada que permitiera a las empresas asumir una parte significativa de la gestión operativa de las plantas nucleares, mientras que el Estado mantenía el control regulatorio y supervisaba la política energética.
Este modelo tuvo varios beneficios. En primer lugar, permitió a las empresas energéticas españolas acceder a los recursos necesarios para renovar y ampliar las plantas, algunas de las cuales eran bastante antiguas. Además, trajeron consigo un enfoque más competitivo y eficiente, lo que permitió reducir los costos de operación y mejorar la rentabilidad. Este modelo también permitió a España seguir siendo un jugador clave en el mercado europeo de energía, al tiempo que garantizaba una oferta energética estable y sostenible.
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Lecciones para Argentina
Se trata de procesos largos pero exitosos. En ambos casos, la entrada de capital permitió la modernización de infraestructuras claves, mejoró la eficiencia operativa y garantizó el crecimiento sostenible de los sectores nucleares. Además, la privatización no significó la eliminación del control estatal, sino una mayor colaboración entre lo público y lo privado, un equilibrio que ha demostrado ser fundamental para el éxito a largo plazo.
Para Argentina, estos ejemplos ofrecen un modelo a seguir. Con una industria nuclear que ha sido históricamente gestionada bajo el control estatal, el proceso de privatización parcial podría ser la clave para modernizar el sistema, asegurar la financiación para nuevos proyectos y optimizar el uso de los recursos existentes.
Uno de los pilares del plan del gobierno es Alberto Lamagna, presidente Nucleoeléctrica Argentina desde septiembre de 2024, quien ha demostrado un enfoque pragmático y visionario respecto al futuro de la energía nuclear en el país. Su principal objetivo es modernizar la infraestructura nuclear, y una de sus primeras acciones fue poner en marcha un plan para extender la vida útil de la Central Nuclear Atucha I, con una inversión de 670 millones de dólares.
Este proyecto permitirá mantener en funcionamiento una de las principales fuentes de energía nuclear durante varias décadas más, garantizando la estabilidad energética del país. Uno de los aspectos más destacados de su plan es la incorporación de capital privado en la gestión de la industria nuclear.
Al igual que en los casos de Inglaterra y España, Lamagna ha reconocido que la participación del sector privado es fundamental para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. A través de asociaciones público-privadas y la atracción de inversiones extranjeras, Argentina puede acceder a los recursos y la tecnología necesarios para modernizar su infraestructura, y al mismo tiempo, ofrecer al sector privado un entorno propicio para la innovación y el crecimiento.
Además, Lamagna ha puesto en marcha una reestructuración interna de Nucleoeléctrica Argentina, buscando hacerla más eficiente y flexible. Reduciendo un 40% la cantidad de gerencias y eliminando desperdicios y funciones duplicadas, busca optimizar la estructura de la empresa, eliminando la burocracia excesiva. Esta reestructuración no solo hace más ágil la toma de decisiones, sino que también mejora la eficiencia operativa, alineándose con la visión de un sector nuclear moderno y competitivo.
Uno de los argumentos más fuertes para privatizar parcialmente la energía nuclear es la necesidad de garantizar la independencia energética. Argentina, como nación con vastos recursos naturales y potencial para generar energía de forma autónoma, debe reducir su dependencia de fuentes de energía externas. La energía nuclear, con su capacidad de generar grandes cantidades de energía de forma constante, es una de las mejores opciones para lograr este objetivo.
La privatización parcial del sector permitiría que Argentina atraiga las inversiones necesarias para fortalecer su infraestructura energética. Al contar con un sector privado involucrado, se podría asegurar que las plantas nucleares sean más eficientes, seguras y competitivas, lo que beneficiaría tanto a la economía nacional como a la población en general.
*Project Manager de la Fundación Internacional Bases
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