Presos en comisarías: apagando el fuego con nafta

El informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, recientemente publicado por el Ministerio de Justicia de la Nación, reveló una cifra récord de 125.041 personas privadas de libertad en Argentina al 31 de diciembre de 2023. De ese total, 13.074 (10,45%) se encontraban en comisarías u otras dependencias policiales, que son lugares completamente inadecuados para la reclusión, auténticas "jaulas" que distan mucho de ser cárceles.

En contra de lo que se cree, la cárcel no es ni debe ser, según la Constitución Nacional, un dispositivo para castigar: el artículo 18 lo prohíbe en forma expresa desde 1853. Para más claridad, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (incorporados a la Constitución en 1994) establecen como finalidad esencial de las penas la resocialización de las personas. Es decir, si no se aplica un tratamiento resocializador, el encierro es inconstitucional.

Además, el encierro en condiciones de hacinamiento no disminuye la inseguridad, sino que la aumenta. ¿Qué puede pasar con delincuentes no violentos encerrados donde necesitan aprender a ser violentos para sobrevivir? ¿Alguien cree que una persona tendrá más respeto por la ley luego de ser sometido a condiciones inhumanas en nombre de esa misma ley?

Encerrar personas en condiciones inhumanas, sin acceso a salud, educación, talleres o instalaciones deportivas, en calabozos que no ofrecen ni un pedazo de suelo para acostarse, sólo agrava el problema de la inseguridad y la violencia.

La Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen como finalidad esencial de las penas la resocialización de las personas; si no se aplica un tratamiento resocializador, el encierro es inconstitucional"

Ciertamente, no ayuda el empecinamiento legislativo en imponer penas cada vez más largas y con menos posibilidades de recompensa a quienes comienzan a hacer las cosas bien. Menos aún cuando los gobiernos no se ocupan de proveer las nuevas plazas carcelarias que exigen las nuevas leyes (más las que agotaron las viejas). Aprobar normas es gratis, ponerlas en vigencia no. Un estudio muy conocido estimó que en 2010 California gastó por cada preso tanto como cuatro personas estudiando ese mismo año en la Universidad más conocida de ese estado. 

Obligarán a los presos a trabajar en las cárceles sin un pago a cambio

En cambio, vemos “inaugurar” edificios vacíos (con presos de utilería, toda una novedad) que sólo serán cárceles cuando tengan psicólogos, asistentes sociales, docentes, maestros de oficios, agua, alimentos, medicamentos, colchones, entre otras cuestiones. O asistimos a rimbombantes anuncios de miles de millones que se destinarán a seguir construyendo depósitos de personas (llamados alcaidías) en la ciudad más rica del país, la cual cuenta con más de seis mil presos, pero dispone de lugar para menos de un tercio en la única y vetusta cárcel de la ciudad. Definitivamente, quienes deciden las políticas no se están tomando en serio este problema. 

Pero, como dijo alguna vez Alfredo Pérez Galimberti, vicepresidente del INECIP, son las juezas y jueces quienes llenan las cárceles. Siempre a pedido de un fiscal, claro. Pero en lugar de exigir al Ministerio Público que encuentre un lugar en una cárcel antes de pedir una detención, los magistrados de todos los niveles de los poderes judiciales de la Nación y las provincias optan por el “siga, siga”. Eso sí, expresando preocupación y exhortando a los demás. Justamente, quienes según la Constitución son personalmente responsables por autorizar mortificaciones y penas crueles, inhumanas o degradantes. 

Incluso los tribunales superiores que, como cabeza de los poderes judiciales, tienen toda la potestad para obligar a los gobiernos a hacerse cargo del despropósito de aumentar las penas con cárceles y comisarías atestadas a nivel de escándalo, resuelven (como lo acaba de hacer en una de las provincias con la crisis carcelaria más grave) dar por terminados los trámites de hábeas corpus como si la situación estuviera solucionada. 

En lugar de aprovechar el menú de alternativas más eficaces, más baratas y menos violentas que ofrecen casi todos los sistemas procesales del país, en vez de poner coto a la sinrazón con la Constitución en la mano, nuestros magistrados siguen hacinando personas en condiciones degradantes y violentas como si eso solucionara algún problema. 

* Integrante Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y director del Programa de Cárceles y Política Penitenciaria