Crecimiento económico, reestructuración de deuda y estabilización
El gobierno necesita trazar un plan de crecimiento con equilibrio fiscal para renegociar la deuda en forma sustentable, necesario también para estabilizar la economía en el corto plazo.
La herencia de Alberto Fernández quedó signada por el cierre del financiamiento externo, la economía en recesión, alta inflación y pobreza elevada en aumento. Del lado positivo recibió: desarrollo de infraestructura de energía y transporte; tarifas más cercanas al equilibrio; tipo de cambio competitivo; ordenamiento fiscal en curso; deuda del sector público consolidado aún en niveles internacionales moderados; gasto público en descenso (3% del PBI menos que en 2015); y mayor integración comercial al mundo. Cambiemos pagó el precio recesivo del ajuste iniciado en 2018 perdiendo las elecciones; pero en algún sentido dejó al país en mejores condiciones para poder iniciar una fase de crecimiento. El nuevo gobierno necesita trazar un plan de crecimiento con equilibrio fiscal para renegociar la deuda en forma sustentable; éste también es necesario para estabilizar la economía en el corto plazo.
Un acuerdo de deuda exitoso facilitará el acceso a los mercados de capitales que permitirá financiar la inversión y el crecimiento. Junto con la reactivación del crédito al consumo –en un contexto de elevado desempleo y capacidad ociosa– podría dar lugar a una reactivación del nivel de actividad económica. Así ocurrió en países que reestructuraron su deuda rápido y sin caer en default. Sin embargo, frente a este escenario, hay riesgos de corto plazo –monetarios– y de mediano plazo –fiscales– y de crecimiento.
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En el corto plazo, el fuerte crecimiento de la base monetaria podría acelerar la inflación: el exceso de oferta de dinero sobre demanda de dinero genera presión sobre los precios. Hay factores como el control de cambios que tienden a elevar la brecha entre el tipo de cambio libre y el oficial y deprimen la demanda de dinero. En el caso de los congelamientos de tarifas y jubilaciones, si bien prima facie impulsan la demanda de dinero (vía control de precios), en la medida que los congelamientos no son percibidos como sostenibles, tienen el efecto contrario. El congelamiento de tarifas aumenta la necesidad de subsidios estatales al sector energético. Y el congelamiento de jubilaciones y su probable reversión generan imprevisibilidad en la trayectoria de ingresos de la población terciaria. En ambos casos aumenta la inestabilidad macroeconómica impactando negativamente sobre la demanda de dinero y la inflación.
Hay factores que podrían contrarrestar dicho escenario. La reciente Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva tiene un impacto fiscal inicial favorable (aumento de impuestos a los sectores de mayores ingresos y congelamiento de jubilaciones medias y altas) y dio una señal positiva a los mercados de deuda impulsando la demanda de dinero. Pero en ausencia de un programa de crecimiento que permita sostener el servicio de la deuda en el mediano plazo, la demanda de dinero y la posibilidad de estabilizar la economía se mantendrán erráticas. En un extremo, puede llevar a que no se logre reestructurar la deuda lo que precipitaría un nuevo escenario de default.
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En el mediano plazo, el actual programa de gobierno no incluye reformas que ordenen y alineen las expectativas de inversores y consumidores en torno a un plan de crecimiento. Como agravante, el plan actual genera incerteza y presión tributaria en dos de los sectores más dinámicos y competitivos que podrían impulsar el crecimiento. El congelamiento tarifario desalienta la inversión en el estratégico sector energético, y las nuevas retenciones desalientan la expansión del sector agropecuario. El sector agropecuario es además el principal generador de divisas y el sector energético es potencialmente el receptor de enormes inversiones y segundo más importante generador de divisas que podrían aliviar la restricción externa.
Los países que han logrado alcanzar procesos de crecimiento sostenido han adoptado una estrategia de integración comercial con el mundo (a partir de cadenas globales de valor); promovido el desarrollo del capital humano; generado mercados de capital y trabajo eficientes; desarrollado marcos regulatorios para la infraestructura; fortalecido el marco de competencia; y encarado la modernización del estado reduciendo la carga tributaria, facilitando la innovación y mejorando la transparencia y eficiencia del gasto público.
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La necesidad de equilibrar las cuentas fiscales y la creciente conciencia de la sociedad que hay que terminar con el statu quo de inestabilidad macroeconómica y pobreza estructural generan una oportunidad histórica para el nuevo gobierno de plantear una estrategia de crecimiento con equidad. La raíz estructural de los problemas sociales no fue resuelta por el peronismo liberal, el peronismo intervencionista ni la oposición. Tal vez le haya llegado la hora a un peronismo moderno con un estado eficiente y una economía competitiva que permita mejorar los horizontes de crecimiento de todos los argentinos.
* Economista (UBA) doctorado en Oxford. Ex gerente del BCRA y ex funcionario del Banco Mundial. Desarrollista inmobiliario.