La Constitución imaginaria de la sociedad: la estabilidad de lo inconstitucional

“Si el Gobierno se vuelve un actor fuera de la ley, alimenta el desprecio contra la ley; invita a toda persona a convertirse en una ley a sí misma; invita a la anarquía”.
Louis D. Brandeis, Juez Corte Suprema EEUU (1916-1939) disidencia en el caso Olmstead (1928).

1. Nuevo orden económico y desconstitucionalización

Vivimos en un orden constitucional cada vez más frágil, que parece estar entrando en desuso, cada vez más irrelevante en el juego institucional de un sistema político en crisis. El plan de gobierno parece ser tomar decisiones, como la reglamentación del acceso a la información, el veto a jubilados o el mega-decreto todavía vigente, que son abiertamente inconstitucionales, en el fondo y en la forma, con un pacto operativo de silencios supremos.

No hay diagnósticos ni esfuerzos intelectuales para avizorar hacia dónde parece dirigirse una sociedad fracturada cuyo sacrificio económico puede terminar mal. No todo fue iniciado por el actual Gobierno pero la aceleración de procesos de empobrecimiento y descomposición del lazo social deberían ser tan preocupantes como notables.

Hay varios indicios que evidencian que la guerra judicial dio paso a una guerra económica abierta en la que los economistas y otros actores de un selecto mundo diseñan un tablero central para su juego y otro secundario para los profesionales del derecho y sus discusiones judiciales de segundo grado. Discusiones que los primeros desprecian y saben que pueden ignorar porque tienen garantías operativas. Para bien o para mal, el rol de los abogados en el gobierno de Milei es diferente al rol de los abogados en los últimos 40 años de democracia.

Actualmente ni siquiera necesitan perfumar con legalidad artificial las ilegalidades manifiestas. No va a existir un debate público sobre este o aquel tema porque tanto el sistema político como lo que llamábamos la cultura democrática entró en otra etapa. La media sanción de la Boleta Única Papel demuestra la ausencia de debate público de un tema central para las transiciones democráticas al autoritarismo suave, a una suerte de feudalismo carismático.

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La oposición co-gobierna junto a Milei de diferentes formas con su desorientación y su falta de plan alternativo. Solamente performa y propone juntar firmas en plataformas que se han demostrado ineficaces -además de una forma de acumular datos personales y listas de emails- hace más de quince años.

Dado que directamente no hay una batalla institucional o legal, la victoria es económica, operativa y directa. Ese proceso debería alarmar por su brutalidad. Como ya hemos avisado en esta nota, la hipocresía de las formas del derecho dan paso a una ilegalidad más frontal, al cinismo de la violencia más directa, a la toma de posesión de recursos que se asumen como propios sin freno alguno. Ya sean reservas de oro en el Banco Central o empresas públicas por privatizarse.

En el Siglo XIX, la Constitución Nacional no fue un texto pensado para las mayorías. Ningún gaucho, china, mestizo, mulato, indio o criollo veía a la Constitución como “su” contrato social, como su ley suprema. La Constitución funcionaba como un juego de reglas para las facciones oligárquicas de una minoría federal y unitaria. Un proceso político multicausal -expansión económica, olas migratorias, partidos políticos, educación, etc- ayudó a expandir idearios republicanos y democráticos, así como los ciclos autoritarios lograron revertirlos parcialmente.

Después de 40 años de democracia parece que entramos en un reflujo de educación cívica transformado en decepción democrática. Tenemos una democracia casi sin demócratas, una Constitución sin nadie que pueda defenderla. Hoy la Constitución le vuelve a pertenecer a facciones oligárquicas de operadores judiciales y políticos de lo que antes eran fuerzas democráticas. Una transición democrática al autoritarismo, un reflujo de un débil republicanismo a un régimen feudal, corporativo y autoritario.

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En contraste con Alfonsín, que recitaba el Preámbulo de la Constitución para hablarle a las mayorías que querían paz y democracia, los discípulos directos e indirectos de Alfonsín usan el abandono de la Constitución como preámbulo para darnos señales frontales de las décadas oscuras que asoman. La Constitución está cada vez más líquida, las inconstitucionalidades cada vez más sólidas. La Constitución nos protege a todos, pero nada ni nadie protege a la Constitución ni a la sociedad de un poder judicial que pacta sentencias y silencios.

Una constitución como herramienta de negocios para unos pocos necesita que la Constitución, nuestra Constitución, sea borrada como ley con raigambre en la ciudadanía, para las mayorías empobrecidas. Si la Argentina antes o después de la dolarización llega a tener de 60 a 80 por ciento de pobreza, esa sociedad fuertemente estratificada seguramente pierda -o haya perdido- el horizonte de la constitución como acuerdo social de reglas, porque la economía no se expandirá para incorporarlos en las próximas décadas. La economía los empobrecerá, las instituciones los excluirán y los actores paralegales estarán expandiendo esa economía en contracción desde los márgenes de la legalidad.

“Argentina nunca cambia”. Esa es una frase falsa. Argentina está cambiando y puede empeorar hasta no ser reconocida por aquellos que la habitaron en estos últimos cuarenta años. La transformación, su empobrecimiento y el envilecimiento de su población, especialmente sus clases medias, puede hacer que los procesos que vienen no sean comparables a los procesos de crueldad sistemática organizada en el pasado.

El Terrorismo de Estado fue organizado desde las Fuerzas Armadas con colaboración civil y partidaria, nacional e internacional, para el beneficio económico de un grupo de empresarios y actores transnacionales. Los jefes de Videla eran los empresarios de un bloque de poder económico todavía operando y con diálogo fluido y transversal.

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La crueldad que se está gestando viene de la misma sociedad fragmentada y enojada. Tendrá en sus cuerpos atomizados a sus futuros verdugos formados por una demencia social fomentada tanto por los diferentes progresismos reaccionarios como por liberales autoritarios en todas sus variantes. Los espacios y plataformas donde se crearon y desarrollaron esas guerras culturales son otro tema más complejo.

Hace ya décadas se delega en la misma sociedad sus procesos autodestrucción. Antes los procesos de disciplinamiento los producían las estructuras autoritarias, las fuerzas represivas. Lo que ayer hacían los militares, hoy lo hace parte de la sociedad. Los procesos de violencia son de la sociedad contra la sociedad, una guerra horizontal de fragmentación donde las batallas identitarias generan atomización y distracción, agenda de disenso manufacturado y luchas postmateriales por status social virtual mientras otros acumulan y concentran coordinadamente recursos materiales y estratégicos. 

Así como la sociedad se dispuso a vivir sin privacidad, sin datos personales, hipervigilada por los dispositivos que la tiene adicta, la sociedad se dispone a organizar sus propias purgas sociales en procesos que muchas veces se venden como linchamientos de la virtud, procesos de “justas causas”, por izquierda y por derecha.

Todos estos cursos demuestran que el Estado de Derecho está en proceso de lento desarme, incluso por algunas fuerzas más progresistas que hacen silencio cuando se flexibilizan garantías constitucionales o se utilizan los pánicos y linchamientos para la cultura del miedo y la autocensura. La sociedad confía en su acción directa, en una suerte de venganza salvaje, de revanchismo popular como la que, paradójicamente, está sufriendo con el Gobierno que eligió con ayuda de la insensibilidad política y hasta el financiamiento electoral de la actual oposición.

La estabilidad de lo inconstitucional, de lo que es abiertamente ilegal pero gobierna, hace que la Constitución sea cada vez más imaginaria y lejana, que parezca ausente y abriendo una nueva etapa para la ley del más fuerte.

2. De la anomia boba a la anomia perversa.

Al sistema político le están cambiando el lenguaje de la cultura política de la sociedad y sus protagonistas institucionales siguen distraídos. Lo advertimos en esta nota de 2022,  y la distracción y negación se profundiza. Hoy además, les están cambiando las reglas de la propia política electoral y lo hacen casi sin frenos ni contrapesos en aspectos abiertamente inconstitucionales como el megadecreto todavía vigente y con propuestas sin debate, inconvenientes, problemáticas, todavía no estudiadas en profundidad pero constitucionales como la boleta única papel. La ausencia de debate público sobre el sistema de votación en una democracia en crisis es un síntoma más de una situación crítica, se suma a la falta de control de decisiones inconstitucionales.

La acción colectiva de las mayorías es sobrevivir con pequeñas anomias bobas, insulares, mientras la acción de algunos grupos organizados es extraer recursos públicos a precio vil con decretos redactados por ellos. Eso no es una anomia boba, es una anomia perversa.

La anomia de la falta de privacidad, intimidad y la vigilancia constante no es una “anomia boba”, inocente e infantil, es una anomia perversa que invita a futuros y derivas totalitarias. Hace muchísimo tiempo dejamos de estar en esquemas de disfuncionalidad social, de anomia boba, como escribía Carlos Nino, de problemas de acción colectiva en términos de teoría de los juegos.

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Hace tiempo estamos encaminados hacia la anomia perversa, hacia la entrada de actores político parainstitucionales y paralegales que actúan dentro y fuera de la ley, en el lenguaje de la ley y en un lenguaje de la violencia brutal, como el mismo Gobierno y la Corte. Esas formas de operar aceleran toda disfuncionalidad hacia un colapso político de la autoridad de la ley y hacia una anarquía que puede fagocitarlo todo. Ese caos tampoco se resolverá con un orden represivo dado que nunca lo puede controlar del todo sino que como regla lo empeora todo.

El proceso de reforma económica de la sociedad argentina es un proceso de estratificación profunda. Las luchas identitarias que provocaron fragmentación siguen invisibilizando lo que es una lucha de clases frontal y directa de un bloque determinable. Un empobrecimiento acompañado de un embrutecimiento visceral que dejará a las clases medias con renovado resentimiento para reiniciar un ciclo.

Cornelius Castoriadis publicó su famoso libro La institución imaginaria de la sociedad en 1975. En él explica cómo la sociedad, a través de sus instituciones, se reimagina e reinterpreta a sí misma. Hoy casi cincuenta años después, en contraste, vemos que tanto la Constitución como sus instituciones parecen cada vez más imaginarias para la sociedad argentina, irrelevantes para su sistema político e inexistentes para unos pocos que la están interviniendo, operando a corazón abierto, frente a la pasividad de todos.

Lucas Arrimada da clases de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.