La Ley Bases se olvidó también de la Integridad Pública

Se aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal pero, entre tantos temas, no fue opacado paradójicamente durante todo el debate en ambas cámaras. Y esto es un dato no menor, dado que el gobierno nacional llegó con la bandera de combatir la corrupción pero no ha avanzado en reformas importantes en el marco de leyes de combate a la corrupción, ética y lobby privado.

Esto es necesario para la seguridad jurídica y la certidumbre económica en las relaciones público - privadas que impulsen el cambio de normas, asignaciones de gasto y rendiciones de cuenta.

El Jefe de Gabinete Guillermo Francos incluso expresó, a poco de su sanción, que finalmente tenían el instrumento para mejorar el futuro y avanzar hacia una etapa de crecimiento y desarrollo para todos y que la Ley Bases le va a dar garantía, resguardos, seguridad, a las grandes inversiones en nuestras regiones, y en áreas como la energética, petróleo, gas y otras inversiones en proyectos que superen los 200 o 300 millones de dólares.

¿Pero todo lo anterior sin normativa sobre ética y antilavado adecuada, en qué queda? Recordemos que la ley de Ética Pública y su código llevan más de 20 años de vigencia, lo cual permite suponer, que la normativa y funcionarios han fallado en variados aspectos en su aplicación en tanto nunca tuvo un real poder de enforcement y ello responde a que ha perdido poder en su autoridad de aplicación e incluso la misma no tiene todos los recursos presupuestarios necesarios para ejercer su función con eficacia y eficiencia.

Congreso nacional: una deliberada caja de distorsión

Por esto, a modo propositivo y a efectos de insistir una vez más en pos de prevenir malos diseños y resultados no deseados, pero también de adelantar elementos claves que deben ser parte de una nueva ley, o paquete normativo, sobre conductas de funcionarios y personas que interactúen con la administración corresponde que la o las normas reconozcan en su contenido algunos aspectos como los siguientes, entre otros:

• Debe llevar la nominación de régimen de integridad o ley integral conforme los tiempos que corren que exigen unidad, cohesión y razonabilidad en la coordinación normativa.

• Debe la autoridad poseer autonomía funcional y designación por concurso de oposición y antecedentes, que no dependa del poder de gobierno de turno.
• Debe llevar los registros de audiencias o reuniones ahora bajo su ámbito de acciones y funciones.
• Debe regular la puerta giratoria de funcionarios al sector privado y viceversa.
• Debe regular límites y prohibiciones en regalos y viajes de cualquier otro ámbito o actores.
• Debe regular los conflictos de intereses de modo claro y preciso bajo cualquier actividad y con precisión en procesos de contrataciones públicas exigiendo la aplicación de la Ley 27.401, o semejantes, para promover la integridad.
• Debe exigir capacitación obligatoria previa a todos los funcionarios antes de asumir, o en su defecto la firma de declaración jurada de reconocimiento de la norma, en caso de su imposibilidad por urgencia fundada.
• Debe reconocer el uso de las tecnologías y su uso correcto en la función pública, como son los mails, computadoras, tablets, bases de datos oficiales y reuniones por zoom u otros sistemas de reunión a distancia.
• Debe reconocer los primeros parámetros o orientaciones para el uso de inteligencias autónomas o artificiales en caso de ser soporte para la administración cotidiana o la toma de decisiones de los funcionarios que afecten recursos públicos o puedan afectar a derechos de terceros.
• Debe prohibir el uso de instalaciones estatales para usos privados, proselitistas o con fines distintos a la función encomendada a cada personal de la administración.
• Debe reconocer a la transparencia activa como su principio básico de comunicación pública en formato abierto y reutilizable de la norma y todo lo producido por la actividad de los funcionarios obligados.
• Debe, en sus principios y su objetivo, alcanzar a todos los sujetos obligados como expresa la Ley de Acceso a la Información Pública para prevenir conflictos interpretativos.
• Debe promover que la norma aprobada y sus reglamentaciones y disposiciones sean reconocidos bajo un nuevo inciso en los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones conforme la Ley de Educación Nacional 26.206, en su Art. 92.

Y por si fuera poco, a todo lo anterior señalado, nos están exigiendo adecuaciones urgentes en el GAFI para evitar que el país caiga en la lista gris.

La Ley de Ética Pública y su código llevan más de 20 años de vigencia, lo cual permite suponer, que la normativa y funcionarios han fallado en variados aspectos en su aplicación en tanto nunca tuvo un real poder de 'enforcement'"

Finalmente, normas tan importantes como unas reformas y adecuaciones en este sentido deben ser nuevamente parte de un proceso participativo de consulta a casi 41 años de democracia, para que la sociedad civil pueda expresar sus opiniones y aportes desde distintas perspectivas. El sector privado, en especial el corporativo, debe participar en tanto también pondría en juego el ejercicio de lobby que tanto reclamamos que se transparente.

En transición y ajuste es clave la Transparencia Activa

Pero también, sería realmente deseable ver que el resultado de este proceso consultivo digital y/o presencial quede totalmente reflejado (fechas, nombres, instituciones, declaraciones y documentos entregados a funcionarios) en informes a efectos de que se reconozcan:

1. Los aportes de las sociedad civil
2. Esto a su vez permita comparar qué decidió enviar como mensaje el Poder Ejecutivo Nacional como proyecto de ley
3. Finalmente, en su conjunto sirva como un insumo enriquecedor para el Congreso Nacional en su fase de debate en comisiones y recinto, lo cual tiene naturalmente publicidad.

Si hablamos de integridad entonces no podemos pedir menos que esto y que el proceso de regulación de una nueva norma instaure estos caracteres de transparencia e inclusión de la diversidad social en la formulación y co-regulación para políticas públicas abiertas y verdaderamente republicanas.

La Ley Bases era una buena oportunidad para también sentar las bases en probidad e integridad para crecer y desarrollar confianza y seguridad político-económica.