La inflación ya no es la prioridad

La gestión del Superministro Sergio Massa, desde su inicio, se propuso como meta principal bajar la inflación mensual al orden del 3%, con una estrategia “multicausal” que incluía el fortalecimiento de reservas del BCRA, la minimización de la emisión para financiar el déficit fiscal y el programa “Precios Justos” como acuerdo que trazaría una trayectoria decreciente con los principales formadores de precios.

A nueve meses de asumir la conducción de Economía, la situación dista de ser la prometida. Para peor, parece no existir ni el más mínimo consenso en el Frente de Todos sobre las razones del nuevo pico inflacionario del 7,7%: mientras el responsable del acuerdo de precios, Matías Tombolini, responsabiliza a los formadores de precios, la vocera presidencial Gabriela Cerruti señala a la guerra y la sequía, y el secretario de Política Económica Gabriel Rubinstein, indica que el pico se debe a razones estacionales y a la gripe aviar.

Lejos de este desconcierto absoluto, las causas de la aceleración inflacionaria deben encontrarse en el propio incumplimiento del programa anunciado: las reservas se encuentran en estado crítico (apenas por encima del temible umbral de los 36 mil millones que marcan el límite de las reservas de libre disponibilidad), la emisión anualizada supera el 10% del PIB y el incumplimiento del acuerdo de precios es evidente.

El error del Gobierno probablemente se ubica en el segundo semestre del 2022, cuando definió inclinarse por un esquema transitorio de devaluación parcial (los programas de dólar soja 1 y 2 al que se hace necesario volver a recurrir) en lugar de un nuevo esquema cambiario sostenible en el tiempo. En aquel momento desde el Observatorio de Políticas para la Economía Nacional señalábamos como la mejor alternativa un desdoblamiento formal del mercado cambiario donde el BCRA dejara de intervenir en las operaciones de ahorro, turismo y movimientos financieros del sector privado. Fuera esta propuesta, u otra, queda en evidencia que era necesario un cambio de política integral en el sector externo.

Lo que se hizo en vez de eso fue el esquema transitorio de dólar soja. Esto sirvió para acumular reservas y contentar exportadores, pero tuvo consecuencias macro negativas en pocos meses. El stock de pesos creció un 12% en septiembre y un 13% en diciembre, pese a que la asistencia al Tesoro fue nula. Y las reservas adquiridas entraron y salieron como por una puerta giratoria. Las advertencias fueron presentadas en nuestra nota “La inconveniente necesidad del dólar soja” publicada en El Cronista el 15 de septiembre pasado.

El panorama de por sí sombrío, se enfrenta además, con la peor sequía de la historia argentina, que impacta fundamentalmente en menores ingresos de divisas y menores ingresos fiscales. Es decir que profundiza dos desequilibrios macro fundamentales. A ello se suman las señales cada vez más claras de un estancamiento económico, no solo en el sector primario, sino también en la industria y la construcción, que venían liderando la recuperación desde mitad del 2020.

No debería extrañar entonces que hoy resulte directamente impensado aplicar un plan económico capaz de bajar la inflación. No es una verdad cómoda, pero la única forma de intentarlo sería provocando una fuerte recesión, por ejemplo subiendo la tasa de interés a niveles “reales positivos” (que hoy superarían una TNA del 92%, equivalente a una TEA del 142%) y realizando un ajuste monumental del gasto público. Estas medidas tendrían un costo enorme en términos de actividad económica, empleo y quiebre de empresas.

Por esta razón, en una coyuntura de sequía, estancamiento, posible crisis internacional y emergencia de reservas, la inflación no puede ser prioridad. El tiempo de un plan de estabilización era el año pasado, y quedará pendiente para el año próximo con un posible mejor panorama externo. El Gobierno debe hacer lo necesario para reactivar la economía y enfocarse en detener la pérdida del poder adquisitivo real.

Tampoco tiene otra opción: la tercera versión de dólar soja/agro tendrá mayor impacto inmediato en los precios, simplemente por incluir más productos. Implicará también un nuevo salto en la emisión monetaria. Las reservas que reúna deberán usarse en cubrir importaciones y difícilmente podamos acumular. La inflación, por ende, tiene bajísimas probabilidades de bajar del 6-7%. Y llegar a elecciones con un escenario de estanflación es el peor de los mundos.

*Observatorio de Políticas para la Economía Nacional.