¿Estamos obligados a obedecer?
La necesidad de reconstituir al Estado en su verdadera dimensión nos hace repensar algunas nociones.
Así como el Instituto Patria (Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Americana) parece aportar las ideas que dinamizan el rumbo ideológico de gran parte del gobierno, varios historiadores coinciden en que Juan Domingo Perón se inspiró en los documentos sociales de la Iglesia Católica para crear al movimiento Justicialista. En ellos se define “autoridad” como la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia.
Para que la autoridad sea reconocida como tal y tenga por tanto el poder de ordenar, deben darse cuatro condiciones. 1- Su legitimidad en cuanto a que debe haber sido designada conforme a las leyes. 2- Quien gobierne debe ser elegido o aceptado libremente por la mayoría de los habitantes de un país. 3- Las propuestas de quien gobierna deben ser lícitas, lo cual especifica que obviamente deben ser conforme a la ley, pero se agrega otra dimensión adicional que es “la razón”. La sola referencia a las leyes es condición necesaria pero no suficiente, ya que la autoridad debe ejercerse sobre cierta razonabilidad de lo que esta manda y ordena. 4- La autoridad debe ejercerse siempre dentro de los límites del orden moral para procurar la dignidad de la persona humana y el bien común. Es recién entonces cuando los ciudadanos están obligados en conciencia a obedecer.
El momento histórico actual hace urgente el refuerzo de los instrumentos políticos y jurídicos adecuados para la promoción de la libertad de conciencia también en el campo político y social. La necesidad de reconstituir al Estado en su verdadera dimensión nos hace repensar algunas nociones sobre las cuales debemos proyectar nuestro país.
Felizmente vivimos en un régimen democrático pero la misma doctrina sostiene que en realidad la democracia no puede mitificarse, convirtiéndola en un sucedáneo de la moralidad o en una panacea de la inmoralidad. Fundamentalmente es un “ordenamiento” y, como tal, un instrumento y no un fin. Su carácter “moral” no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse; esto es, depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve. Si hoy se percibe un consenso casi universal sobre el valor de la democracia, esto se considera un “positivo signo de los tiempos”. Pero el valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve.
La buena gestión de gobierno no es exclusiva responsabilidad de los gobernantes sino de toda la comunidad civil y del compromiso concreto de todos sus ciudadanos. La historia de los últimos años que ha elevado escandalosamente la pobreza, la inseguridad y la falta de perspectivas esperanzadoras para muchos, nos debe servir de experiencia para demostrarnos qué sucede en un país donde sus habitantes permanecen al margen de los problemas públicos y sólo participan cada tanto con su voto.
El hombre es llamado a vivir en sociedad y para que esto pueda ser posible, es necesaria la autoridad pública y que ésta sea obedecida. La tradición política en Argentina, en un sistema personalista, se caracteriza por cierto caudillismo en el ejercicio del poder que ha condicionado fuertemente la realidad social. En un mundo con tantos cambios: ¿Podremos superar la grieta para insistir con el diálogo y el consenso en una nueva reflexión sobre la democracia y la relación con nuestros políticos y gobernantes?
*Doctor de la UBA en Ciencias Sociales.
Producción: Silvina Márquez.
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