El escándalo de la criptomoneda

La publicación del tuit presidencial promocionando la criptomoneda $Libra y las irregularidades presumiblemente adjudicables al Gobierno han puesto en cuestión cuáles son los deberes de un funcionario público y cuáles son los límites de lo que puede hacer o no hacer un presidente.

Retornemos al principio: el mandatario difundió un proyecto privado que prometía incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando a pequeñas empresas y emprendimientos pero que terminó siendo una estafa para los inversores. ¿Está bien que un jefe de Estado promocione iniciativas de este tipo de la manera en que lo hizo?

Por otro lado, el argumento de que no se trató de una promoción sino de una difusión no resiste el menor análisis. Los actos no se modifican nombrándolos de otro modo. Pero, además, ¿cuál es la diferencia entre promocionar y difundir cuando esa “difusión” destaca los valores supuestamente positivos del proyecto?

Hay razones conceptuales e ideológicas detrás de lo que sucedió. Una de ellas es la que se deriva de la autoconsideración del Presidente como “un topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro” y de que el mercado es el que debe hacerlo todo. En esta lógica se van debilitando funciones esenciales del Estado Nación como, por ejemplo, el monopolio en la creación de la moneda. No es un tema menor: está en la Constitución Nacional.

Por el contrario, cuando cualquiera puede emitir equivalentes a una moneda se avanza hacia un mundo donde el mercado es el que absorbe cada vez más tareas y funciones. Es decir: es un mundo donde conviven un Estado debilitado y un mercado desregulado y fortalecido. Es en esta intersección que propongo analizar lo que ocurrió con la criptomoneda $Libra: un territorio donde el Estado y sus regulaciones tienden a debilitarse y funciones crecientes son absorbidas por el mercado.

Desde el Bloque de Diputados y Diputadas de Unión por la Patria presentamos un proyecto de juicio político: es el rol que establece la Constitución Nacional para la Cámara de Diputados cuando se presume que miembros de los otros poderes del Estado pueden haber realizado acciones encuadrables dentro de lo que se considera como “mal desempeño o delitos en el ejercicio de sus funciones”.

Hay propuestas alternativas presentadas por otros espacios políticos, entre ellas la creación de una comisión investigadora. También hay un proyecto de ley de derogación de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Todos estos instrumentos son complementarios.

Lo que ha sucedido puede tener dos dimensiones: la delictiva, si la hubiera, sobre la que interviene el Poder Judicial; y la de mal ejercicio de la función pública, sobre la que debe actuar el Legislativo, con los procedimientos establecidos por la Constitución.

Mientras esto sucede, el Gobierno decidió avanzar sobre otros temas y anunció la transformación del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima. Retoma, luego de muchos años, la agenda inconclusa del menemismo, que pretendía privatizar los bancos públicos. De hecho, en aquel momento lo concretó con varias entidades públicas provinciales. No hay novedad: es la continuidad del topo destruyendo al Estado desde adentro. En este caso, el Gobierno sitúa como su objetivo inmediato al principal banco de la Argentina, con la mayor red de sucursales del país, que está en lugares donde a las entidades con fines de lucro no les interesa estar, y que ayuda a los sectores pertenecientes a las economías regionales y las pymes, entre otros.

En el proyecto original de la ley Bases, el Banco Nación estaba en el listado de las empresas a privatizar, pero en su paso por el Congreso logramos sacarlo de ese listado. Por lo tanto, no pueden ir a una privatización directa porque el Parlamento ya la rechazó. Entonces, buscan ir por este atajo: transformarlo en sociedad anónima y, luego, vender parte de sus acciones.

El Gobierno intenta, en un marco de fuerte crisis, cambiar la agenda recurriendo a lo que más sabe hacer: avanzar en el proceso de desregulación y de recorte de derechos ciudadanos.

* Diputado nacional Unión por la Patria y presidente del Partido Solidario.