Bloqueos a empresas y retenciones a la exportación de granos

En Argentina, existen temas que parecen intocables en el debate político concreto, como si hablar de ellos rompiera algún pacto tácito de silencio. Los bloqueos a empresas y las retenciones a la exportación de granos son dos de esos temas, y ambos representan un obstáculo estructural que frena la competitividad, la inversión y el desarrollo del país.

Los bloqueos a empresas son una práctica recurrente que afecta tanto a pymes como a grandes corporaciones. Grupos organizados paralizan plantas productivas, centros logísticos y oficinas, exigiendo condiciones laborales, ajustes salariales o beneficios específicos que muchas veces exceden el marco de la negociación razonable. 

El problema radica en que estas medidas, más allá de sus fundamentos, afectan gravemente a la economía. Cada día de bloqueo implica pérdidas millonarias, riesgos en las cadenas de suministro y un mensaje desalentador para quienes intentan invertir en el país. Argentina necesita empleo, pero estas prácticas destruyen los puestos de trabajo que ya existen, sumiendo a las empresas en un círculo vicioso de incertidumbre y litigios. 

Bloqueos a empresas: extorsión  

Es esencial que el Estado garantice la continuidad operativa de las empresas y que se respete el derecho al trabajo y la producción. Un país que tolera la extorsión como método de negociación está condenado al estancamiento.

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En este sentido, la reciente sanción de la Ley de Bases, que establece en uno de sus artículos la penalización de los bloqueos como una práctica ilegal, marca un avance significativo. Sin embargo, es urgente que este artículo sea reglamentado sin más dilaciones. No es suficiente que esté en papel; es imperativo que el marco legal se traduzca en acciones concretas que protejan a las empresas y a sus trabajadores.

Retenciones a la exportación de granos: un freno al potencial agroindustrial  

Por otro lado, las retenciones a las exportaciones de granos, implementadas originalmente como una medida transitoria para enfrentar emergencias económicas, se han convertido en un recurso estructural para financiar el déficit del Estado. Estas retenciones penalizan a uno de los sectores más competitivos y estratégicos del país: el agroindustrial.

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La industria agroexportadora representa uno de los motores principales de generación de divisas en Argentina. Sin embargo, las retenciones limitan su capacidad de expansión, desincentivan la inversión y reducen la competitividad frente a otros mercados globales. Lo paradójico es que, en lugar de promover políticas que potencien la producción, el gobierno sigue utilizando al campo como su caja chica.

Además, las retenciones distorsionan los precios internos, impactando negativamente en los consumidores. Si el campo produjera más, el país podría exportar más y generar mayores ingresos genuinos. Pero para ello es necesario que las reglas del juego sean claras y predecibles, algo que hoy está lejos de suceder.

Clima hostil para invertir

Tanto los bloqueos a empresas como las retenciones generan un clima hostil para los productores y empresarios. Estas medidas afectan la confianza en el país como destino de inversión, obligando a muchos a buscar oportunidades en el exterior o a operar en la informalidad para sobrevivir.

Argentina necesita inversores. Sin ellos, no hay innovación, no hay generación de empleo ni crecimiento económico. Pero los que apuestan capital no pueden desarrollarse en un entorno donde las reglas son arbitrarias y los derechos básicos, como el de trabajar y producir, no están garantizados.

La solución pasa por decisiones políticas que no son fáciles, pero son necesarias. Primero, se deben establecer mecanismos legales claros para evitar los bloqueos y sancionar a quienes recurran a estas prácticas extorsivas. Esto no implica deslegitimar los reclamos sindicales, pero sí poner un límite a las formas en que se llevan a cabo. En este sentido, la reglamentación del artículo de la Ley de Bases sobre los bloqueos debe ser prioritaria. No podemos darnos el lujo de que una ley quede a la espera de su implementación cuando los bloqueos continúan dañando la economía.

En cuanto a las retenciones, el camino debe ser su eliminación progresiva. El Estado puede compensar la pérdida de ingresos a través de una mayor recaudación producto del crecimiento del sector agroindustrial y de un sistema tributario más equitativo. Además, sería necesario un pacto fiscal donde se priorice la eficiencia del gasto público.

Argentina tiene el potencial para ser una potencia agroindustrial y un país atractivo para los inversores. Pero esto no ocurrirá mientras permitamos que políticas distorsivas y prácticas ilegales sigan marcando el rumbo. La hora del cambio es ahora, y este gobierno que tanto ha impulsado la transformación de la ARGENTINA, debe tomar estos temas y actuar de inmediato.

*Presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina